La plantilla de Miasa ha denunciado que la dirección quiere deslocalizar la producción derivando los nuevos proyectos a otro centro de producción en Zaragoza.
En un comunicado, LAB ha defendido que en la empresa "no sobra nadie" y ha afirmado que "es la multinacional quien está llevando a cabo un proceso de deslocalización encubierto".
El sindicato ha asegurado en una nota que la empresa "está utilizando el régimen disciplinario como herramienta de disuasión, coacción y represalia contra los trabajadores".
En opinión de ELA, "las reformas laborales han dejado a la plantilla de Loxin en una situación de desamparo que ha traído como consecuencia la destrucción de empleo en Navarra".
Tras recordar que las ayudas del Gobierno de Navarra que ha recibido la empresa desde 2008 han pedido "que todas esas inversiones no caigan en saco roto".
Han señalado que "se han tomado una serie de decisiones erróneas que, junto al estancamiento del sector, han dado a la dirección los argumentos para justificar una decisión drástica".
UGT, CCOO y CCP vuelven a reclamar un plan de prejubilaciones "para evitar despidos traumáticos y garantizar un horizonte de futuro para la planta" de Orcoyen.
El consejero de Salud ha asegurado que reclamarán 200.000 euros a la compañía Mediterránea de Catering por los desperfectos causados en las instalaciones.
La compañía tenía previsto llevar a cabo un ERE de extinción para 272 personas en todo el Estado, pero finalmente articuló un plan de salida de trabajadores con medidas no traumáticas.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya alegó que los despidos fueron "no ajustados a derecho por no haber probado la empresa las causas del ERE".
Denuncian que los trabajadores han sufrido "una pérdida de poder adquisitivo del 17% por las bajadas salariales acumuladas pactadas y por los IPC perdidos".
El cierre en 2018 del almacén y centro logístico de la empresa en la Ciudad del Transporte deja en el aire a 132 trabajadores, según ha adelantado este medio.
UGT ha explicado la incertidumbre que están viviendo los trabajadores de las mancomunidades navarras, que según el nuevo proyecto desaparecerán por completo.
Denuncian que después de que el Tribunal Supremo "declarase nulo el cierre y despido de los más de 50 trabajadores de la planta de Santacara, sigue sin cumplir con sus obligaciones".
El presidente del comité de empresa de ZF-TRW, Josi Alvárez, ha pedido que la dirección “se trague su orgullo empresarial y revierta la situación actual”.
Desde el sindicato denuncian que TRW mantiene un excedente de más de 35.000 horas extra y critican la "incompetencia" del Gobierno de Navarra en el asunto.
