La normativa dara de hace 16 años y afecta, sobre todo, a algunos pisos construidos antes del año 1994.

El vicepresidente Aierdi ha presentado un borrador para modificar el Decreto de Habitabilidad, el cual está abierto para presentar aportaciones.

Chivite ha anunciado que el Ejecutivo no recurrirá por "cuestiones de seguridad jurídica", pero Barkos ha advertido de que "no es la única vía el recurso".

"Lo razonable sería esperar, no tendría mucho sentido no en tanto entre otro Gobierno y entonces tome la decisión que considere oportuna", ha sostenido Solana.

Según la normativa anterior, las personas encargadas de las bibliotecas de una localidad concreta solo podían trasladarse a centros de otras localidades de Navarra.

Los fondos que adquieran viviendas en alquiler deben respetar los términos del contrato firmado.

La moción animaba a "respetar la realidad sociolingüística de Navarra, que indica que sólo 7 de cada 100 navarros usa el euskera de manera habitual".

"Los navarros estamos hartos de que se nos ningunee y se nos menosprecie, y de que se nos imponga un idioma que no hablamos”, dice Ana Beltrán.

La polémica norma había recibido avisos del Consejo de Navarra sobre posibles ilegalidades y fue duramente criticada por los sindicatos.

Se basará principalmente en las alegaciones que ya presentó este sindicato ante la Administración en febrero y noviembre de este año.

Afapna ha presentado una queja en el Defensor del Pueblo, SMN critica el peso concedido a Euskarabidea y CCOO advierte de la "inseguridad jurídica".

La consejera asegura que el decreto "no satisface a nadie", pero es "el más posibilista que se puede hacer con el actual marco normativo".

El Consejo de Navarra señala la ilegalidad de varios artículos para imponer el euskera en el acceso a la función pública en Navarra. 

El decreto pretende que se otorgue el mismo tratamiento a la lengua vasca en todas zonas de Navarra, algo que no se ajusta a la realidad sociolingüística de la Comunidad foral.

El sindicato Afapna pide un consulta entre los empleados públicos sobre el decreto del euskera en la Administración para conocer su opinión.

La consejera dice que, en departamentos como el de Hacienda, los ciudadanos no pueden ser atendidos en euskera y esta imagen demuestra lo contrario.

El Ejecutivo foral sostiene que este decreto se basa en la "responsabilidad y en el realismo" y ha tenido como "escenario de trabajo" la ley del Vascuence.

La coalición abertzale dice en relación a la Cendea de Cizur que "en materia de derechos", solo contemplan una postura, que es la de "avanzar".

Dos sesiones de trabajo en el Parlamento de Navarra han puesto de manifiesto el descontento de todas las formaciones sindicales.

Administrazioan Euskaraz Taldea ha expuesto que "está tratando a las personas bilingües como si no supieran castellano".

La presidenta afirma que los argumentos que usa UPN son "de una desmesura sonrojante, inaceptables y francamente ridículos".

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que el decreto "respeta" las distintas zonas en la Ley del Vascuence y "atiende a la zonificación actual".

Denuncia que el borrador "hace imposible que nadie que no conozca el euskera logre plaza en la Administración". 

En las futuras convocatorias de empleo público el euskera puntuará como un mérito dentro de una horquilla que tendrá en cuenta la zonificación.

Ha pedido al Gobierno foral que "se adhiera también a una petición" que ha considerado "necesaria y justa".

El sindicato AFAPNA denuncia el decreto foral que ha aprobado el Gobierno de Navarra que reconoce el periodo de julio y agosto a los contratados. 

Pretende desarrollar las competencias de enfermería en la materia, y por ello pide que el Decreto se elabore con el consenso del colectivo sanitario.

El grupo socialista pide su total paralización y restaurar las condiciones que permitan la mejora de la educación en Navarra.

Este Decreto regula el uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

"De la norma se deduce una clara intencionalidad del Gobierno en desincentivar el autoconsumo", declaran estas organizaciones.