El Gobierno de Navarra debate la renovación del convenio de asistencia sanitaria que la Clínica de la Universidad de Navarra presta a los ciudadanos que vivimos en esta comunidad, no sólo a los trabajadores de la Universidad de Navarra.
Son evidentes, para quien quiera ir más allá del discurso puramente ideológico, los efectos negativos que esta decisión tendría: aumentar el gasto público en casi 3 millones de euros anuales (400 por cada trabajador actual de la UN), incrementar las listas de espera (que oscilan entre 6 y 12 meses, dependiendo de la especialidad), atentar (esta medida parece ser sólo la primera de las planeadas para minar la CUN) contra una empresa privada que ofrece trabajo a cerca de 3000 empleados y no cumplir con el compromiso de fortalecimiento del sistema sanitario (aspecto central del Acuerdo Programático).
La razón esgrimida sí es bien conocida: la lucha contra los ‘privilegios’ de una ‘minoría’.
Si realmente fuera un ‘privilegio’ recibir la asistencia sanitaría de la Clínica de la Universidad de Navarra ¿por qué no generalizarlo y permitir una atención rápida y eficaz a todos esos pacientes que no serán atendidos hasta mayo, junio o quizá después del verano?
Lo que es un ‘privilegio’ es que este gobierno se permita subir los impuestos de sus contribuyentes más que el resto de la Comunidades Autónomas y encarezca en tiempos de crisis lo que podría ser más barato. Lo que es un ‘privilegio’ es lo que, en el fondo, todos sabemos: que se abuse de una situación de poder para acorralar a quien piensa de forma distinta. El pluralismo, señores del Gobierno Foral, no es un privilegio: es un derecho.
