• martes, 16 de abril de 2024
  • Actualizado 11:31

Opinión / Ha trabajado en los principales medios de comunicación del país, desde Cadena SER o Cadena Cope, así como Telecinco, Canal Sur o Agencia OTR/Europa Press entre otros.

La paz que busca Colombia

Por Julia Navarro

El cartero llama dos veces. Escaldado por el rechazo de los colombianos en el plebiscito del pasado 2 de octubre al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido volver a intentarlo pero esta vez sin urnas de por medio.

Esta vez someterá a votación en el Congreso de la República el nuevo acuerdo pactado el pasado 12 de noviembre. Es una forma de acotar riesgos visto que los detractores del plan, con el ex presidente Álvaro Uribe a la cabeza, denuncian que el pacto es una copia maquillada del que se firmó en La Habana.

El nuevo acuerdo establece lo que Santos denomina "ajustes". Entre otros el que, además de entregar las armas, obliga a las FARC a declarar y entregar todos sus activos para resarcir a las víctimas de las acciones terroristas.

También incluye medidas para frenar el tráfico de drogas y enmiendas respecto del acuerdo firmado en La Habana en cuestiones referidas a la participación política de los miembros de la FARC en el futuro.

Es sabido que al presidente Santos la Academia sueca le concedió el premio Nobel de la Paz. Quizá por eso este esforzado mandatario ha visto reforzada la causa que parece haber dado norte político a su vida.

En sentido contrario, su antaño compañero político y hoy empecinado rival, el ex presidente Uribe, sigue instalado en el "No" al acuerdo con las FARC pese a que el nuevo texto incorpora más de la mitad de las condiciones reclamadas por quienes se oponen al pacto.

Entre otras las relacionadas con la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (el sistema de justicia transicional previsto en los acuerdos). Los opositores aducen la lenidad de las medidas previstas para juzgar los crímenes, secuestros y otros delitos cometidos por los miembros de las FARC.

El acuerdo también concreta garantías jurídicas para los miembros de las fuerzas de seguridad susceptibles de ser perseguidos por sus excesos en operaciones contra la guerrilla. En el primer acuerdo, el que fue rechazado, se abría una vía directa para la participación política de los guerrilleros en el futuro Congreso de la República.

Esa franquicia está matizada en el segundo, el que Santos quiere someter a votación. Les garantiza una decena de escaños fijos repartidos entre las dos Cámaras. Santos tiene mayoría en el Congreso. Está a punto de lograr el sueño de paz que busca Colombia para acabar con una guerra que dura ya más de medio siglo.


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