Ante la mirada indulgente de una gran parte de la sociedad, la Korrika es una simple marcha reivindicativa para recaudar fondos a favor de la extensión de “una lengua”, el euskera, que una parte de la ciudadanía siente como propia.
Sin embargo, si contamos que la Korrika es una maquinaria para obtener millonarias sumas dinero público por procedimientos irregulares en favor de una entidad privada con sede en Bilbao y vinculada a las organizaciones responsables de las mayores vulneraciones de derechos humanos habidas en nuestra democracia, la cosa cambia y se aleja de esa visión inocente con la que nos hemos acostumbrado a ver esta iniciativa.
Con el fin de acreditar paso a paso esta grave pero cierta afirmación, me he ocupado de ofrecer los siguientes datos y fechas:
La Korrika está organizada por la coordinadora AEK, dependiente de la entidad económica Euskaraz, Kooperativa Elkartea con sede social y fiscal en Bilbao (a esta dirección van dirigidos los pagos realizados por el gobierno de Barkos entre otros).
Ya en 1999, el Juez Garzón en un auto vinculó AEK a la organización terrorista ETA ya que los dirigentes terroristas incluían a la entidad organizadora de la Korrika en la organización “Udaletxe”, denominación ésta que servía de tapadera para organizar el entramado económico de ETA.
Este auto tuvo su recorrido y formó parte de la instrucción y tras su proceso judicial, culminó en el año 2009 con sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que juzgó al todo entramado etarra.
En esa sentencia, (pagina 36) el Tribunal supremo declara hechos probados entre otros que ETA, al” frente de A.E.K. situó al acusado Juan María Mendizábal Alberdi, posteriormente integrado en EKIN y como encargado de tesorería al acusado Iker Beristaín Urizabarrena. Es decir, que AEK se conectaba con una de las principales estructuras de la organización terrorista y en la contabilidad de AEK, figuraban pagos a miembros “liberados” de ETA. De hechos estas personas, fueron condenadas y enviadas a prisión.
El Gobierno de Uxúe Barkos, en el año 2018 ha entregado a AEK al menos 471.000 euros en pago a un programa de dudosa concepción, cual es el “aprendizaje de Euskera a personas adultas”.
Pero además, el ejecutivo de Barkos, en este mismo año ha destinado otros 700.000 euros para que los ayuntamientos financien actividades de fomento del euskera. Y ¿qúe hacen los ayuntamientos con esa subvención del Gobierno.? Pues contratar cursos y actividades a entidades privadas. Y ¿quién vuelve a recibir ese dinero del contribuyente que de forma generosa suministra nuestro gobierno nacionalista? Cierto. De nuevo AEK se sobre financia desde la misma fuente con idéntico propósito.
A esto hay que añadir las cantidades de dinero público que alegremente “donan” a AEK algunos Ayuntamientos o la Mesa del Parlamento bajo el pretexto de “comprar kilómetros de Korrika”. No busquemos, demasiados procedimientos de concurso público porque no hay.
Esta es la trama financiera por la que se desvían ingentes cantidades de dinero de nuestros impuestos a una misma entidad. La aparente corrección administrativa del recorrido de estos recursos públicos no resiste una auditoría seria.
En todas sus ediciones, en todas, la Korrika, va a acompañada en diversos tramos por carteles y pancartas de apoyo a los presos de la organización criminal ETA.
En esta edición, para mayor ofensa de todos, en su recorrido de Berriozar se realizó apoyo expreso a favor de los asesinos de Francisco Casanova, vecino del pueblo, y de Tomás Caballero.
La korrika, cuenta con la participación física no solo del alcalde pamplonés de Bildu sino de los principales líderes Geroa Bai, de Podemos, e incluso de Izquierda Ezkerra pues a su entender debe ser muy de izquierdas regalar dinero público a una entidad privada que ha estado vinculada a una organización terrorista y correr abrazados a un símbolo nacionalista como es la ikurriña.
La korrika se difunde con la colaboración del Gobierno en centros públicos de educación sin que ningún responsable muestre su repugnancia por la promoción a menores de un acto político de “construcción nacional” con las características aquí expresadas.
Con esto deseo mostrar que cada euro público que se entrega a esta organización constituye la financiación de un inmenso negocio de la izquierda abertzale.
Cada kilómetro recorrido en compañía y homenaje de condenados por asesinato, son mil pasos que patean la memoria de quienes más han dado por la libertad y la democracia en nuestra tierra.
Y que de nuevo lo disfracen como un apoyo a una lengua a la cual pervierten, dice todo de la catadura de quienes de manera entusiasta desvían el dinero de todos los contribuyentes a esta tramposa finalidad.
