Por ello llama la atención que una secretaría de Estado tradicional en nuestra nación, como la de Deporte, lleve camino, a la vista del nuevo nombramiento del titular del CSD, de pasar a engrosar esta clase de organismos.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) fue creado el año 1977, y su primer titular Benito Castejón, ocupó el cargo hasta la aprobación de la Ley General de Cultura y Deporte (12-abril-1980).
Diez años después, el 21 de enero de 1987, me publicaban en un medio regional, un artículo denunciando el nombramiento de un nuevo presidente del CSD, Javier Gómez Navarro, ya que la propuesta del Ministro de Cultura no se hizo ”entre personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte” requisito que exigía la ley y no lo cumplía el designado.
Sin embargo, fue uno de los contados casos, de los dieciséis que han pasado por la secretaria de Estado del Deporte, al que se recuerda tanto por su gestión en la vigente Ley del Deporte de 1990, que incluye las SAD -Sociedades Anónimas Deportivas con la excepción de cuatro clubes, Osasuna entre ellos- así como por éxito de las Olimpíadas de 1992, siendo luego ministro del gabinete socialista (de los PSOE de entonces).
Y creo justo citar a otros dos titulares del CSD: Miguel Cardenal, Catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social así como Director de la cátedra de Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos I, siendo decisiva su participación en la promulgación del Decreto Ley de la comercialización de los derechos de TV, y también a Jaime Lissavetzki, doctor en Químicas, veterano político, y el que más ha durado en el cargo, y al que tocó luchar contra el dopaje, con la ley de protección de la Salud.
Se reclamaba hace unos años un ministerio nacional del Deporte, pero la realidad es que nos hemos encontrado con 19 direcciones generales/secretarías de deporte, según cada Comunidad Autónoma, con un amplio staff administrativo, y sus respectivos órganos disciplinarios, asesores, consejos del deporte… Las funciones efectivas de estos organismos quedan aparentemente reducidas a repartir subvenciones, asuntos disciplinarios, llevar el registro de federaciones-clubes, imponer o entregar honores y medallas, e incluso constituir y dejar en sociedades públicas la explotación de sus recursos o instalaciones.
Todo lo anterior sumado al gran desarrollo de algunas federaciones nacionales, su importancia mediática, así como las Ligas profesionales, asociaciones de jugadores/as, y la pujanza de nuevos deportes, o sus líos con el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) hacen que el CSD se esté convirtiendo en un organismo con escaso, de forma deliberada e intencionada, margen de actuación y decisión. Cuando debería ser determinante su intervención representando al Gobierno en las relaciones con instituciones deportivas internacionales, el CSD se queda de perfil. Podemos recordar casos como el de las ” selecciones nacionales” que exigen algunas autonomías, sus confusas posturas ante FIFA o UEFA, o lo referente a licencias de menores no españoles, formación de técnicos, asunto Gibraltar, Kosovo, etc..
Los recientes intercambios de cromos del Gobierno, que ha nombrado al 17º presidente del CSD (octavo en estos pasados diez años) dan la sensación de lo poco que cuentan sus titulares y el organismo en sí, y que se trata al menos en este último período, de agradecimiento o compensación a los designados/as. Es una muestra de indicios racionales de que, quizás, no es tan necesario el CSD con la actual organización estatal. Podríamos suponer que no tiene gran importancia por lo sencillo y habitual que es el cambio de sus titulares , a pesar de que ello conlleve las correspondiente designaciones de nuevos cargos de niveles inferiores, pérdida de tiempo y ocasiones, no valorando la decisiva incidencia que pueda tener en algunas de las iniciativas y proyectos de la organización deportiva.
