Opinión / Tribuna

"Caso Egüés": difama... que algo queda

Por José Ignacio Palacios Zuasti 03 junio, 2020 - 10:08

El autor repasa la acción política de la oposición en Egüés que atacó al entonces alcalde de UPN para acusarle de irregularidades que han sido todas archivadas por los tribunales. 

El exalcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés, Josetxo Andía, tuvo que sentarse en el banquillo y ahora todos los cargos han sido definitivamente archivados. EFE / ARCHIVO
El exalcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés, Josetxo Andía, tuvo que sentarse en el banquillo y ahora todos los cargos han sido definitivamente archivados. EFE / ARCHIVO

En la noche electoral del 25 de mayo de 2003 José Anastasio -Josecho- Andia García de Olalla salió elegido concejal del valle de Egüés al ir el quinto en la lista de UPN. En los lógicos brindis de ese momento no podía imaginar que antes de que pasaran seis meses, el 4 de diciembre, se iba a convertir en el alcalde de ese municipio, debido a la dimisión del alcalde que acabaría siendo condenado a prisión e inhabilitado por cohecho.

Aunque la alcaldía no estaba en sus planes, la aceptó por su compromiso con UPN, partido que había ayudado a fundar en enero de 1979 y del que tenía el carnet de afiliado número 89, y por responsabilidad con los vecinos del Valle. Después, en las elecciones locales de 2007 y de 2011, encabezaría la candidatura regionalista y revalidaría el cargo, pero en esa última ocasión no lo hizo por mayoría absoluta sino por ser la lista más votada, ya que tan sólo tenía 6 de los 17 concejales de la corporación y fue a partir de ese instante cuando empezó su calvario, que ha durado nueve largos años.

En esas elecciones de 2011 el PSN-PSOE logró dos concejales y con ellos podía haber optado por alcanzar un acuerdo para que ese municipio fuera gobernado por los partidos constitucionalistas pues, con UPN y PP, sumaban 9. Pero la hoy presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite, que era concejal y portavoz socialista en Egüés, prefirió utilizar el quinto municipio de Navarra como laboratorio para explorar esas nuevas formas de gobierno con los nacionalistas de Zabaltzen-PNV (entonces NaBai y después Geroa Bai), con los comunistas de Izquierda-Ezquerra y con los filoterroristas de Bildu que luego pondrían en práctica los socialistas tanto en Navarra como en España.

Y, por eso, inmediatamente todas esas fuerzas políticas decidieron crear una comisión de investigación sobre la gestión de Andía y de UPN en la que, después de meses de reuniones, llegaron a la conclusión de que en ese Ayuntamiento se habían producido hasta 56 supuestas irregularidades, una de ellas, la que más resaltaban, era la compra de preferentes por un valor de 100.000 euros a Caixa Catalunya, entidad en la que Andía se encontraba en excedencia desde 2007. Esas conclusiones las trasladaron al juzgado, al tiempo que pactaron una moción de censura contra el alcalde. En definitiva, organizaron una cacería y todo un montaje político y mediático para conseguir en los despachos y en los tribunales de justicia lo que no habían podido conseguir en las urnas y no les importó inculpar al alcalde y a varios concejales de una serie de irregularidades que sabían muy bien que no habían existido.

Así se llegó al mes de marzo de 2013 en el que se tenía que debatir y votar la moción de censura y, a pesar de que Andía defendía su honestidad, decía que nadie le había avisado de que no podía comprar preferentes y argumentaba que ni el auditor, ni los asesores municipales, ni los servicios jurídicos, ni el secretario municipal le habían advertido de que estuviera haciendo algo incorrecto o ilegal, UPN, del que entonces confesó que “en todos estos años no he tenido asistencia de clase alguna”, le abrió un expediente disciplinario por faltas muy graves que podía desembocar en su expulsión. Ante ese desamparo, se dio de baja del partido en el que llevaba militando casi 35 años y había ayudado a formar, dimitió como alcalde y emprendió en soledad la defensa de su honor y de los presuntos “delitos societarios”, “malversación” y “fraude” de los que le acusaban.

Producida la vacante en la alcaldía, UPN se la ofreció al PSN, para evitar así el pacto de éste con NaBai, I-E y Bildu, pero los socialistas rechazaron el ofrecimiento y prefirieron formar - ¡cómo no! - un “gobierno de progreso”, entregando la vara de mando al concejal de NaBai Alfonso Etxeberria Goñi, para lograr así “el cambio anhelado por la ciudadanía” del que tanto hablaban esas cuatro formaciones políticas. Fue en ese momento cuando el portavoz socialista escribió: «Josecho Andía ha terminado en los tribunales por la compra con dinero público de participaciones preferentes … Estos y otros hechos (más de 50 irregularidades como conclusión de la comisión de investigación) nos llevó a perder la total confianza en el grupo municipal de UPN, que a pesar de haberle dado un tiempo prudencial para modificar su gestión, prefirió mirar para otro lado y eludir cualquier tipo de responsabilidad. Les pedimos transparencia, les invitamos a cambiar a los responsables políticos de las irregularidades, pero fue inútil y, por lo tanto, no creímos que debíamos atender a sus exigencias para seguir intentando gobernar como lista más votada. En el PSN-PSOE del valle de Egüés tenemos las cosas muy claras: no más corrupción, no más irregularidades que hipotecan y paralizan el valle de una forma total». Y, si así de contundentes se expresaban los socialistas de Chivite en 2013, no se quedaban atrás las acusaciones y descalificaciones hacia Andía por parte de NaBai y del nuevo equipo de gobierno municipal.

Tan solo catorce horas después de haber presentado su dimisión como alcalde, Josecho Andía tuvo que declarar en el juzgado de Aoiz por espacio de hora y cuarto en calidad de imputado, por la denuncia de NaBai y allí, y con relación a las preferentes, defendió su capacidad para tomar decisiones como consejero delegado de la sociedad urbanística municipal (Andacelay). Después, y aunque la Cámara de Comptos en un informe dijo: 1.- que la compra de preferentes no podía considerarse “contraria” al objeto social de Andacelay, por ser un acto de tráfico mercantil; 2.- que el alcalde y consejero delegado era competente para la operación y 3.- que no existía norma pública que limitara la adquisición de esos productos, el Ayuntamiento de Egüés insistió en su escrito de conclusiones ante el Juzgado en que Andía había cometido “delito societario, prevaricación, y fraude” y pidió para él tres años de cárcel, diez de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 200.130 euros.

En junio de 2014 se celebró el juicio oral en Aoiz y un mes después la magistrada se percató de que no era competente para juzgar ese asunto, por lo que declaró la nulidad del mismo. Entonces, el Ayuntamiento de Egüés, para evitar que se tuviera que repetir el juicio, se mostró magnánimo y le ofreció a Andía la posibilidad de llegar a un acuerdo reduciéndole las penas. Este lo rechazó porque, dijo, que lo que él solicitaba era la absolución y no aceptaba ningún tipo de condena.

En septiembre de 2014 el Tribunal de Cuentas, al que la Cámara de Comptos remitió el expediente, abrió diligencias previas para esclarecer si había o no irregularidades contables en la gestión municipal de Egüés entre 2004 y 2013, por lo que Andía, además de ante el Juzgado, tenía que defenderse, también, ante ese Tribunal.

Tres años después, en julio de 2017, y tras una resolución del Tribunal de Cuentas del mes de febrero, que sería recurrida por el Ayuntamiento, en la que se concluía que no había responsabilidad contable por parte de los gestores de Egüés, la juez de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Aoiz firmó un auto en el que disponía el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa y decía que tras la instrucción no veía “debidamente justificada la perpetración” de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos por los que se investigaba a Andía, al tiempo que recordaba que el Tribunal de Cuentas es “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y de la gestión económica del sector público”.

Al conocer ese Auto, el Ayuntamiento de Egüés dijo “respetar, pero no compartir” los argumentos del juzgado para acordar el sobreseimiento provisional, pues entendía que la juez no había tratado “debidamente” y que no había “valorado suficientemente” las más de 50 irregularidades que ese Consistorio había denunciado en su día, y añadió que “existen muchas irregularidades relevantes no valoradas” como, por ejemplo, “facturas falsas para evadir impuestos (1.800.000 euros), gastos financieros (más de 1 millón), adjudicaciones a Nasipa por más de 30 millones de manera irregular o una adjudicación a Laranzor”. Por todo ello presentó recurso ante la Audiencia Provincial.

En el febrero de 2019 el Tribunal de Cuentas, en una nueva resolución, volvió a ratificar que no veía daño del ex alcalde a los fondos públicos del Valle de Egüés y que no había responsabilidad contable, por lo que volvió a desestimar la demanda del Consistorio que este desistió de recurrir porque, dijo, “veía que había escasas posibilidades de que prosperara ante la misma Sala que se había pronunciado en primera instancia”.

Por tanto, a partir de ese momento, para que el denominado “Caso Egüés” quedara definitivamente cerrado había que esperar a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Y ha sido ahora, en el mes de mayo de 2020, cuando su sección Segunda, en un auto que es firme y para el que no cabe recurso, ha condenado en costas al Ayuntamiento de Egüés, ha avalado lo dicho por la juez de Aoiz en 2017 y ha confirmado que no aprecia responsabilidad penal por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos de los que era acusado Andía por Nabai (ahora Geroa Bai), por PSN-PSOE, por Izquierda-Ezquerra, por Bildu y por el Ayuntamiento de Egüés.

De esta forma se ha puesto punto final a nueve largos años de calvario en los que, por la ambición de sillón de un partido, por los deseos de derribar del gobierno municipal a los regionalistas de otro partido y por la inane actuación de un tercero, Josecho Andía ha tenido que afrontar en solitario, haciendo frente a los importantes desembolsos económicos que su defensa ha supuesto, las falsas acusaciones que sobre él se vertieron. Y, ahora, nueve años después, tras haber tenido que renunciar en su día a la alcaldía y haberse visto sometido a la pena de telediario y a ese constante  tener que estar apareciendo en los medios de comunicación entrando y saliendo de los juzgados acompañado de su abogado, como si de un apestado político se tratara, por fin ha visto cómo los tribunales de justicia de todas las jurisdicciones le han dado la razón, han desmontado las acusaciones que contra él se vertieron y le han devuelto la fama y el honor que habían puesto en entredicho. Pero, aunque todo esto ha sucedido, que nadie espere que aquellos que le difamaron le pidan perdón por lo que hicieron, porque eso no está en su ADN político y solamente saben actuar de una determinada manera que es utilizando el difama… que algo queda.


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