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Opinión / Tribuna

La Constitución de 1978: de aquellos polvos...

Por José Ignacio Palacios Zuasti 05 diciembre, 2020 - 21:03

El autor analiza los problemas actuales con algunas autonomías fruto de la falta de definición en las competencias en la Constitución de 1978. 

Sesión de apertura en el Congreso de la I Legislatura en mayo de 1979 presidida por el rey Juan Carlos I. ARCHIVO CONGRESO DIPUTADOS
Sesión de apertura en el Congreso de la I Legislatura en mayo de 1979 presidida por el rey Juan Carlos I. ARCHIVO CONGRESO DIPUTADOS

En las primeras y soñadas elecciones generales de junio de 1977, de las que salió la Cámara que elaboró la Constitución, UCD obtuvo 165 de los 350 miembros del Congreso de los Diputados, por lo que le faltaban tan solo diez escaños para lograr la mayoría absoluta, que la podía alcanzar con Alianza Popular, que tenía 16 escaños.

Pero, por ese temor que Adolfo Suárez y los centristas tenían entonces a que les denominaran criaturas del «franquismo», desdeñaron los votos de la derecha, con los que hubieran podido partir de una posición fuerte en la negociación y, «por razones de Estado», como declaró el propio Suárez, prefirieron llegar a acuerdos únicamente con los socialistas y las minorías nacionalistas. Fue así como surgió el famoso ‘consenso’, que consistía en que las cúpulas de esos partidos se reunían, generalmente en restaurantes de lujo -lo que Manuel Fraga denominó el «consejo gastronómico»- y allá se ponían de acuerdo antes de los debates del Parlamento, con lo que este quedó reducido a una simple cámara de resonancia en el que, durante la tramitación del proyecto de Constitución, las enmiendas o no se debatían o solamente se veían aquellas que habían sido ‘consensuadas’ y muchos artículos eran aprobados en pocos minutos, por lo que en vez de debates con «luz y taquígrafos» lo que hubo fueron acuerdos a mesa y mantel.

Esa debilidad de la que partía UCD le hizo tener que transigir en temas fundamentales como, por ejemplo, el del Título VIII, el que abría las puertas al caballo de Troya, sin saber lo que este traía dentro, que fue pactado previamente entre el Gobierno y los nacionalistas y, por eso, los intentos que durante la discusión parlamentaria hizo el Grupo de Alianza Popular para eliminar la palabra “nacionalidades” resultaron estériles.

Así, en el pleno de la Cámara, Fraga dijo: «Para nosotros no existe más nación que la española; en ella se integran, con su tradición y su riqueza cultural, los castellanos y los gallegos, los asturianos y los leoneses; los vascos y los navarros; los catalanes y los aragoneses; los extremeños y los andaluces; los de baleares y los valencianos; los canarios y los murcianos; los hombres y las mujeres del mar y de la montaña; los de ayer, los de hoy y los de mañana. El concepto de nación no se puede acuñar a voluntad; no basta una particularidad lingüística, étnica o administrativa; sólo la suma de un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal; una viabilidad económica; una organización política global, probada por siglos de Historia, sólo eso constituye una nación. Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo; ni de recordar los riesgos gravísimos de abrir cauces a la aplicación del llamado principio de las nacionalidades, con las inevitables consecuencias de un pretendido derecho a la autodeterminación y a un Estado propio.»

A lo que los portavoces de UCD, PSOE y PC se esforzaron en tratar de demostrar que no había ninguna incompatibilidad entre la proclamación de la unidad de España como nación y el reconocimiento de las nacionalidades. Y los nacionalistas utilizaron unos argumentos, que eran repetidos por centristas y socialistas, que causaban sonrojo por su endeblez pues, decían, que con las autonomías se iba a acabar con el terrorismo cuando, entonces, como ahora, era bien sabido que los terroristas no aspiraban a lograr la simple autonomía sino a conseguir la independencia total.

El último intento por evitar ese enorme error político lo hizo, durante el debate en el Senado, en agosto de 1978, Torcuato Fernández Miranda, que era senador por designación real, adscrito al Grupo de UCD. Presentó enmiendas al Título VIII y en contra de las «nacionalidades». Adolfo Suárez, enojado, le conminó a retirarlas y, tras una agria discusión, las retiró y decidió abandonar la UCD, con lo que no se modificó el proyecto y las «nacionalidades» quedaron consagradas definitivamente en la Constitución con todas sus consecuencias.

Ahora, cuando se cumplen 42 años de la aprobación de la Carta Magna y todos conocemos la deriva que esas autonomías han tenido, especialmente las de Cataluña y Euskadi, se me puede decir que es fácil hablar de lo que podía suceder y ha ocurrido. Pero es que, entonces, en 1978, uno ya se lo podía imaginar porque, 44 años antes, en 1934, Santiago Ramón y Cajal, hablando de los estatutos de la República, ya había dicho que iban a ser peligrosísimos, dadas las perversas intenciones de los que los iban a administrar.

Y, como en la Constitución de 1978 no se definieron bien las competencias y se dejaron demasiadas cuestiones abiertas en esta materia, tan sólo tres meses después de la entrada en vigor de esa Carta Magna, en el mes de marzo de 1979, en el momento en el que estaba a punto de cesar como ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, declaró: «Sé que hemos cometido grandes errores», a lo que añadió: uno de ellos «el de las Autonomías» para, a continuación, bajando la mirada, en ese gesto que era tan suyo, y en un tono de voz sensiblemente más bajo, dijo: «Las autonomías nos arrastrarán.».

La verdad es que no había que estar muy bien informado, como no dudo que lo estaba el ministro, para hacer ese vaticinio, porque ya entonces era público y notorio que Euskadi y Cataluña caminaban aceleradamente hacia la secesión. Y, como en todos estos años nadie ha hecho nada para enmendar la deriva de esas «nacionalidades», ahora, 42 años después, y como temía Martín Villa, estas nos han «arrastrado.» Ya se sabe, de aquellos polvos…


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