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Opinión / Políticamente incorrecto

El 13-J, juntos por la democracia

Por Jorge Valencia 07 junio, 2021 - 9:27

Como se ha explicado tantísimas veces, los separatistas en prisión no son “presos políticos” pues España es un país democrático, en el que no se encarcela a nadie por sus ideas.

(i-d) El exconseller de JxCat, Jordi Turull, el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el líder de ERC Oriol Junqueras en un acto al volver a la cárcel de Lledoners, donde serán encarcelados en régimen ordinario desde hoy después de que el juez haya revocado su semilibertad, en San Juan de Torruella, Barcelona, Catalunya (España), a 9 de marzo de 2021. A partir de mañana, los presos del 1-O volverán a estar clasificados en segundo grado, el régimen penitenciario más habitual, ha explicado la Conselleria de Justicia en un comunicado este martes.
Kike Rincón / Europa Press
  (Foto de ARCHIVO)
9/3/2021
Los condenados por el golpe del procés, en un acto al volver a la cárcel de Lledoners. Kike Rincón / Europa Press

Habrá quien piense que el título de este artículo es exagerado, pero no se realmente cómo definir el hecho de que el gobierno de España tenga en mente perdonar un delito como el de sedición a personas que no solo no se arrepienten de haberlo cometido, sino que afirman públicamente estar dispuestos a volver a cometerlo. Difícil no apelar al riesgo que corre nuestra joven democracia cuando no ya los nacionalistas, sino el propio presidente del gobierno de España, es quien pretende indultar a los separatistas en prisión en contra del dictamen del Tribunal Supremo, quien calificó estos posibles indultos como una “solución inaceptable” al no existir “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento” en los condenados.

El Supremo recuerda además que “no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas que se impusieron por sedición, malversación y desobediencia” y que no se da en este caso ninguna de las tres razones que prevé la ley -justicia, equidad y utilidad pública-, para la concesión de un indulto.

La razón de la pretensión de Sánchez de otorgar el indulto a los golpistas en prisión por derogar de facto el orden constitucional y la ley en una parte del país, no la contempla ley, pues, aunque muy sencilla, es difícil de aceptar: Es simplemente el pago a sus socios separatistas catalanes para que éstos sigan garantizándole su apoyo en el poder. Y no hay más.  Pueden venderlo de mil formas y con todas las excusas inimaginables como ya están haciendo. 

Como bien explicaba Rosa Díez en una entrevista el pasado fin de semana, si finalmente Sánchez concede los pretendidos indultos, estará reconociendo que en España hay presos políticos. Me parece muy importante este detalle que no podemos pasar por alto, porque ya no serán los nacionalistas sino el propio presidente de España, quien, al reconocer a los golpistas como presos políticos, estará negando en consecuencia el carácter democrático de un país como España, lo que es de una gravedad absoluta. 

Como se ha explicado tantísimas veces, los separatistas en prisión no son “presos políticos” pues España es un país democrático, en el que no se encarcela a nadie por sus ideas, sino políticos presos por derogar, a sabiendas del delito que estaban cometiendo, el orden constitucional en Cataluña, uno de los delitos más graves en democracia. 

Se dice por otro lado, que “aplicar la ley no soluciona el problema en Cataluña”. Primero, la pluralidad, es decir, el que haya distintas posiciones políticas, no es un ningún problema, al menos no en sistemas democráticos. Y segundo, la ley no es una “medida” para solucionar nada sino el marco común que protege nuestro derecho a defender esas ideas. La ley se aplica a todos por igual, y en el marco de la ley, se discuten las diferentes ideas. Pero nunca fuera de la ley.

El drama que vive España se explica por sí solo cuando ante una manifestación convocada por una plataforma cívica para defender la ley y la justicia, la polémica se genera por quienes acuden a esa manifestación y no por quien no lo hace. Con eso está todo dicho.

Escucharemos en los próximos días, como ya venimos escuchando, todo tipo de improperios calificando de “fachas”, “extremistas” y un largo etcétera a quienes simplemente defendemos la ley y nos negamos a que se indulte, por puros intereses partidistas de Pedro Sánchez, a quienes la incumplen, e intentarán hacer pasar por “víctimas” a quienes creen que pueden pasar por encima de las leyes democráticas para imponer su proyecto político al resto de ciudadanos, a quienes sí afectan las leyes.  Volverán a agitar el fantasma de la famosa “foto de Colón” cuando el problema no es quién salen en la foto, sino quién no sale. Dicho de otro modo, en la manifestación no sobra nadie, pero sí faltan muchos, quienes, por una ambición desmedida de poder, han decidido blanquear los delitos más graves contra la democracia.

Animo pues a todos los ciudadanos de bien a decir basta ya, a romper los tabúes y dejar los complejos a un lado, a tomar partido en lo que nos afecta a todos. A través de este artículo me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que no están dispuestos a que nos arrebaten nuestros derechos de ciudadanía a responder a la convocatoria de la plataforma union78.es para manifestarnos el próximo domingo 13 de junio a las 12 en plaza de Colón de Madrid. De derechas, de izquierdas o de centro, creyentes o ateos, de toda clase social o condición, demos una lección de responsabilidad cívica y dejemos claro que los españoles y españolas no estamos dispuestos a aceptar el comportamiento corrupto de este gobierno. En defensa del orden constitucional, que tanto esfuerzo y altura de miras costó a nuestros mayores conseguir, en defensa de la igualdad entre españoles. En defensa de la democracia, nada más y nada menos. 


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