Finalmente, con el único apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno Cuatripartito, ha sido aprobada una reforma fiscal que ha sido ampliamente rebatida, no solo por los grupos de la oposición al actual Gobierno de Navarra, sino por un amplio elenco de representantes de la sociedad civil de diferentes posiciones y sensibilidades (organizaciones empresariales, sindicales, sectoriales,….etc.).
Cualquier planteamiento serio de reforma fiscal, desde una perspectiva progresista e inteligente, ha de partir de considerar y equilibrar tres elementos: el primero, procurar la máxima progresividad y justicia social para que aporten más aquellos que más disponen sin cercenar la cultura del trabajo y el esfuerzo; el segundo elemento, el criterio de competitividad fiscal, tener en cuenta el entorno más inmediato, es decir, los regímenes fiscales del resto de territorios – especialmente los limítrofes - para que, dentro de la equidad entre todos ellos, lograr una ventaja añadida especialmente atractiva para las inversiones destinadas a la generación de actividad y empleo; y tercero y último, la normativa fiscal no puede plantearse desde un planteamiento reduccionista, estático o de “foto fija” – como se ha visto en el debate por parte de los grupos que sustentan al Gobierno – sino que debe ser dinámica, flexible y adaptada al momento económico que vivimos, en este sentido, incentivando la inversión, la actividad y el consumo en un momento que se puede considerar de incipiente recuperación sin haber superado la crisis.
La visión de esta reforma aprobada es profundamente desequilibrada respecto a los criterios señalados: pretende centrase en una supuesta mejor de la “progresividad” que ni siquiera es tal…ya que el aumento de los impuestos afecta directamente a todos aquellos que tengan unos ingresos superiores a apenas 19.000 euros. Un hecho cuestionado por el PSN-PSOE en el debate y que no fue rebatido por el Consejero de Hacienda. Incluso se da el hecho paradójico – y ciertamente inexplicable- que aumentarán los impuestos para aquellos que el Gobierno de Navarra considera están en situación… de emergencia social (rentas inferiores a 22.000 euros)!! Tremendo.
Además de éste “gatillazo en la progresividad”, la reforma nos pone en una situación de tremenda falta de competitividad respecto a los regímenes fiscales de nuestro entorno, en concreto, al territorio común y la Comunidad Autónoma Vasca. Esta última precisamente ha derogado muchas de las figuras impositivas que ahora se plantean en Navarra…ya que han tenido un efecto contrario al que se pretendía: una menor recaudación y huida de inversiones. La pregunta entonces es ¿qué se pretende trasponiendo a Navarra fórmulas fiscales que han fracasado, por ejemplo, en Gipuzkoa? ¿A qué obedece ese distinto criterio de los mismos referentes políticos – PNV allí, Geroa Bai aquí – ante los mismos planteamientos? Preguntas inquietantes que han quedado sin respuesta en sede parlamentaria.
Por último, esta reforma es absolutamente contra-cíclica con el momento económico que vivimos, es decir, no facilita que los recursos económicos que están en manos de los particulares retornen en forma de inversión para el empleo (en el caso del ámbito empresarial) o de consumo para generar actividad (en el ámbito particular). El propio Informe que el Gobierno Cuatripartito elevó al Consejo Económico y Social de Navarra para motivar la presente reforma señalaba preocupantes debilidades de la economía navarra en 2015 como el descenso en la inversión en bienes de equipo (las inversiones de las empresas), el de la demanda externa (vía exportaciones o importaciones), así como de la actividad industrial que ya no “tira” de la economía navarra como en 2014.
Frente a ello, la vigente normativa fiscal – fruto del acuerdo entre diferentes, es decir, UPN-PP, PSN y que casi contó con el apoyo Geroa Bai el pasado año – sin ser la ideal tenía una visión mucho más equilibrada de los factores descritos, al favorecer el consumo de las clases medias y trabajadoras, al poner a Navarra en una posición de mejora competitiva respecto al entorno y al acompañar a la incipiente recuperación incentivando consumo y facilitando la inversión. Y para muestra los datos de recaudación que el propio Gobierno aportó el pasado mes de octubre: un aumento de la recaudación de 31,53 millones de euros en el caso del IRPF (un 4,18% más que en 2014) o de 18,69 millones más en el Impuesto de Sociedades (un 23,44% que el pasado ejercicio).
En definitiva, con una fallida progresividad, con un claro empeoramiento de la competitividad fiscal y con una falta de acompañamiento al momento económico que vivimos, muchos tememos que esta reforma fiscal tenga los efectos contrarios de los deseados – siquiera de forma infantil – por el Gobierno Cuatripartitro y ponga a Navarra en peor situación que la que hasta ahora tenía para afrontar el reto de la recuperación, la inversión y el empleo. Y con ello, el deterioro de los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía navarra. Ojalá no estemos en lo cierto.
