En los momentos preelectorales, parece oportuno preguntarse sobre las coaliciones electorales de los partidos y, en concreto, sobre si UPN y PPN debe concurrir juntos o separados a las próximas elecciones regionales y municipales.
La pregunta se justifica porque los programas políticos de estos partidos coinciden en gran parte y ambos aspiran a ganar la confianza de ámbitos electorales semejantes. No es sencillo dar la respuesta, porque se encuentran argumentos para justificar tanto la unión como la separación.
Hace unas semanas, con ocasión del décimo aniversario de la ruptura del pacto político de UPN-PP firmado en el año 1991, justifiqué que el pacto había dado magníficos resultados. No obstante, habrá quien se plantee que se hubieran conseguido mejores resultados electorales si tales partidos hubieran concurrido por separado ante los electores. Esta opinión política encuentra algún sentido a partir de la modificación del artículo 29 de la LORAFNA en octubre del año 2001 que señala el modo de designación del presidente del Gobierno.
Analicemos la cuestión. En el supuesto de que los votos obtenidos por el PPN en las elecciones regionales del año 2015 se hubieran dado a una coalición UPN-PP, ésta hubiera obtenido 17 escaños, los mismos que consiguieron UPN y PPN por separado. Tampoco hubieran variado los escaños del resto de partidos. La coalición no hubiese aportado nada novedoso. El mismo efecto se hubiera registrado en las elecciones del año 2011 en un supuesto semejante.
Ahora bien, es conveniente no olvidar la barrera del 3% de los votos válidos emitidos que es preciso superar. En las elecciones del 2015, al Cs le faltaron 119 votos para conseguir superarla. Todos sus votos (9.993) se perdieron en el cubo de la basura electoral. Si se hubiera superado esta barrera, la composición del Parlamento reflejaría un enigmático empate a 25 escaños. Situación novedosa que hubiera podido conducir a la repetición del proceso electoral.
Por tanto, con la más cruda desnudez, aparece, en la situación descrita, la opción política constitucionalista enfrentada, con la misma fuerza, a la amalgama nacionalista-populista y comunista. Situación en modo alguno intrascendente, ya que sitúa en el tapete político la alternativa Navarra como entidad política diferenciada, o como una diputación más integrada en la Comunidad Autónoma País Vasco junto con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
La decisión electoral que vamos analizando es estrictamente política, de pura estrategia electoral, y apenas, según lo dicho, contiene aspectos objetivables. Lo que está en juego es la supervivencia de Navarra como Comunidad Autónoma. Esta circunstancia es la que deben reflexionar los líderes de los partidos constitucionalistas, los que están en favor de Navarra. Su responsabilidad les obliga de modo incondicionado a trascender de la política cortoplacista de sus respectivos intereses de partido.
Les exige fijar la mirada en el inquietante horizonte político que se vislumbra, para encontrar, poner en valor y negociar las estrategias y elementos políticos de sus programas para la defensa eficaz de la identidad histórica de Navarra. El período preelectoral es el oportuno para diseñar la estrategia electoral y, sobre todo, la postelectoral, para evitar la continuación en el Gobierno de Navarra de los que trabajan por la integración de Navarra en el País Vasco.
La responsabilidad alcanza de modo singular al PSN por su genética querencia hacia los nacionalistas, indebidamente llamados progresistas, y por su habitual voluntad antidemocrática de diseñar y ejecutar “cordones sanitarios”. ¿Qué problema puede encontrar el PSN para confluir políticamente con los partidos que como él defienden la Constitución española, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles ante la ley, la solidaridad y equilibrio entre los territorios que constituyen la nación española, la personalidad de Navarra? Se equivocará, una vez más, y van muchas, si inclina la balanza hacia el lado nacionalista y no hacia el constitucionalista.
