• viernes, 29 de marzo de 2024
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Opinión / Tribuna

Demasiado ruido y muchas mentiras

Por Javier Marcotegui

La situación política en Cataluña está para muy pocas bromas. No me preocupa la de aquellos que no respetaron el ordenamiento constitucional al declarar la independencia de Cataluña. Ellos arrostrarán ante los tribunales de justicia los efectos de las responsabilidades que les correspondan.

Manifestación en Bruselas a favor de Puigdemont.  REUTERS-Yves Herman
Manifestación en Bruselas a favor de Puigdemont. REUTERS-Yves Herman

Me preocupa el comportamiento de las partidos independentistas. Todos sus planteamientos secesionistas se han venido abajo estrepitosamente. Ningún estado ha reconocido a Cataluña como sujeto jurídico independiente y la UE ha dejado muy claro que Cataluña quedaría marginada si se constituyera de modo unilateral en estado independiente. Quedaría aislada en un limbo internacional. Ya solo la perspectiva de esta indeseable situación ha provocado en ella perversos efectos económicos: fuga de empresas, menor crecimiento económico. ¿Habrán tomado buena cuenta y valorado el resultado de los errores cometidos para no volver sobre ellos?

Me preocupa también la actitud electoralista de los partidos constitucionales. ¿Habrán percibido que lo que en las elecciones de 21 D se juega algo más que la conformación de un parlamento regional?, ¿algo más que un reparto del poder regional? Sobre el tapete electoral, además de los objetivos de unas elecciones regionales, está la defensa de España como nación sólida, aunque diversa y pluricultural; con comunidades autónomas integradas en un proyecto nacional común compartido.

En Cataluña, por la insensatez de algunos, está rota la convivencia social. Con gran irresponsabilidad, se ha cuestionado el proyecto político nacional de la Constitución de 1978 y se ha recurrido, como única solución para la atención de las sentidas singularidades políticas, sociales, económicas y culturales, a la desvinculación radical y violenta de España.

Como un efecto colateral de los hechos, que bien pueden reproducirse en alguna otra Comunidad, ha surgido con brusquedad la necesidad de acometer una radical reforma constitucional. Es preciso reformar el título VIII de la Constitución para perfilar con claridad los contenidos de las competencias básicas de la Administración central del estado, para superar la ambigüedad de sus límites actuales y, en suma, para protegerlos contra las veleidades políticas coyunturales de la voluntad de los partidos o de los perversos efectos derivados de los chantajes políticos a los que de forma sistemática han estado expuestos.

El proceso de reforma afecta, además, a la conformación del Senado como Cámara de representación territorial y al actual sistema electoral para corregir la sobre-representación que concede a los partidos nacionalistas. Por esto el proceso, en modo alguno, puede quedar circunscrito a los intereses de Cataluña. Debe afectar al conjunto del Estado. En este ámbito de reforma debe confluir el empeño de los partidos constitucionalistas, que deberán abandonar las actitudes cortoplacistas a las que nos tienen acostumbrados, más vinculadas con los sondeos electorales que con el interés general.

En esta delicada y trascendente situación política, los ciudadanos catalanes y los demás españoles requieren ser informados con veracidad para que se forme correctamente su voluntad política. Los partidos políticos, según el artículo sexto de la constitución, “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”. En consecuencia, con sentido democrático, en modo alguno pueden recurrir en sus discursos a las medias verdades, a la información sesgada o trufada de sus espurios e inconfesables intereses y, de ningún modo, a la mentira descarnada y a la desinformación consciente. En caso contrario, la voluntad popular quedará viciada y el proceso electoral afectado de grave déficit democrático. Las democracias degeneran con facilidad. No todo en ellas es votar y respetar la ley. Formalmente, una democracia degenerada seguirá siéndolo pero será incapaz de reflejar fielmente la auténtica voluntad popular.

Esta elemental norma democrática brilla por su ausencia en este proceso electoral. Hay demasiado ruido y muchas mentiras. A diario, los candidatos difunden mensajes, de modo singular los nacionalistas que, en personas cabales, producirían sonrojo y motivo suficiente de descalificación. ¿Qué decir de quien afirma que algunos candidatos son presos políticos? ¿Qué de quien asegura que el CNI fue desleal con Cataluña y facilitó los atentados de agosto en las Ramblas? ¿Qué de quien asegura que la administración electoral va a dar lugar a un “pucherazo”? Sólo son ejemplos.


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