Históricamente el PNV se ha posicionado en flagrantes contradicciones, pero en los últimos meses, a consecuencia del desafío independentista catalán, ha hecho gala de un funambulismo político entre lo legal y lo ilegal.
Al día siguiente de la sublevación del 18 de julio de 1936, la portada del periódico del PNV “Euzkadi” publicó una nota sin firma: «El Partido Nacionalista Vasco declara…que, planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la república y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y la república, en consonancia con el régimen demócrata y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad».
Detrás de aquella impecable declaración de libertad, aparentemente no estaba el máximo órgano del partido el Euzkadi Buru Batzar (EBB), sino su sucursal vizcaína (BBB), cuyo líder, Juan Ajuriaguerra, reconoció posteriormente que encerraba un interés político: «…el alzamiento militar lo había organizado la oligarquía derechista cuyo eslogan era la unidad, una agresiva unidad española apuntada hacia nosotros. La derecha se oponía ferozmente a cualquier estatuto de autonomía para el País Vasco. Por otro lado, el gobierno legal nos lo había prometido y sabíamos que acabaríamos consiguiéndolo. A las seis de la mañana, tras una noche en blanco, tomamos una decisión unánime. Tomamos esa decisión sin mucho entusiasmo».
Una parte de la militancia profundamente cristiana, de aquel PNV profundamente cristiano, consideró que era un disparate apoyar al Frente Popular, incorporar un ministro –Manuel Irujo- en el Gobierno de Largo Caballero e involucrarse en una guerra para conseguir, en contraprestación, la aprobación del Estatuto Vasco. Entre ellos, el cofundador del PNV, Luis Arana, que en defensa de la neutralidad se dio de baja del partido, con soliviantadas críticas: «la triste concesión, en momentos críticos para el Gobierno hispano, de un mísero Estatuto»; en otras ocasiones utilizó la similitud bíblica de un «mísero plato de lentejas»
Conviene recordar que los diputados del PNV, cinco años antes, en 1931, integrados en la minoría Vasco-Navarra de derechas -formada por carlistas, católicos y peneuvistas-, habían abandonado las Cortes para protestar contra la aprobación del anticlerical artículo 26 de la Constitución; ya no participaron en más debates, ni en la aprobación del texto completo.
En la Constitución del 1978 se incorporaron dos elementos clave en las reivindicaciones nacionalistas, algo impensable en la republicana: la disposición adicional primera, «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.»; y la transitoria cuarta, sobre la incorporación de Navarra «al régimen autonómico vasco». Por ello, Manuel Irujo calificó, a la hoy denostada Carta Magna del 78, como «la más abierta, más progresista y más respetuosa y foral que se ha dado a sí misma España».
Con todo, la respuesta del PNV fue la abstención, según Arzalluz: «No podíamos aprobar una Constitución que consagrara una nación española y una patria común e indivisible». No obstante, tradicionalmente se ha atribuido a la exclusión del PNV de la ponencia constitucional. Fue un error haber impedido la formación de grupo parlamentario al PNV; pero la medida no fue contra éste, sino contra el PSP. Arzalluz lo cuenta así: «El PSOE quería impedir a toda costa que el PSP de Tierno Galván… pudiera formar grupo parlamentario… por que nadie pudiera disputarles la etiqueta “socialistas”» De todas formas, miel sobre hojuelas para el nacionalismo vasco que se ha servido de aquella abstención para censurar permanentemente el régimen del 78.
A pesar del desplante peneuvista a la Carta Magna, los vascos votaron en referéndum a favor, el resultado en el País Vasco fue: 479.205 (69,1%) votos afirmativos; 163.191 (23,5%) votos en contra; 50.914 (7,3%) nulos y en blanco. La abstención fue muy fuerte de 859.427 (55,3%) sobre un censo de 1.552.737. ¿Invalidó en algo esa fuerte abstención? No, en absoluto, según Jaime Ignacio del Burgo: «la Constitución fue aprobada en el País Vasco por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, quórum que es el mismo que bastaría con arreglo a la disposición adicional cuarta del texto constitucional, para legitimar la integración de Navarra de Euzkadi».
Lo normal es obtener los porcentajes sobre los votos emitidos; es decir 693.310. Pero he aquí, que el PNV desvirtúa tradicionalmente los resultados de aquel referéndum. Véase, como botón de muestra, el blog del actual portavoz del Gobierno Vasco Erkoreka: «sólo consiguió reunir 479.205 votos a favor, de un total de 1.552.737 ciudadanos con derecho a voto, lo que representa un poco más del 30% del censo». Es una torticera interpretación, apropiándose para su causa de los votos negativos, de los nulos y de los blancos. Otra cuestión que omiten es que ETA fue el aliado más eficaz en la abstención, al perpetrar 65 asesinatos en aquel año de plomo.
No obstante lo contradictorio vino unos meses más tarde, el mismo PNV abstencionista a la Constitución, apoyó el Estatuto Vasco que emana de la misma; así en su artículo 1 «se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto», además a lo largo de su desarrollo encontramos una treintena de referencias al articulado constitucional.
Estos tres últimos meses, a consecuencia del desafío soberanista catalán, el partido aranista se ha mostrado rehén de sus contradicciones. El pasado octubre, lanzó una ofensiva contra la aplicación del artículo 155, apelando al «diálogo y la negociación», cuyo principal protagonista fue el senador Jokin Bildarratz, que en su peregrina declaración en Radio Euskadi dijo: «Pueden aplicar el 155, que no se ha aplicado nunca en democracia, ni con Franco». Simultáneamente el PNV inició una descarada campaña en las radios y televisiones del ente público EiTB a favor del secesionismo catalán, que todavía perdura.
En contraste, en el sprint final hacia la autoproclamación de la república catalana, el lehendakari Urkullu, además de hablar telefónicamente con el sedicioso Puigdemont para forzar la convocatoria de elecciones, le envió dos cartas en las que ponía en valor los logros obtenidos en 40 años de democracia. Todo fue inútil ante la testarudez independentista.
A las pocas horas de la materialización de la DUI catalana y de la activación del 155, gran jefe Ortuzar en una declaración institucional del PNV, anunció «el respeto a las decisiones emanadas de las legítimas instituciones catalanas» y el rechazo «a la decisión del Senado» y «a las medidas del Consejo de ministros». Seguidamente lo encadenó con el mantra de que «el PNV no respaldó la Constitución española». El precipitado “respeto” del PNV a la república catalana, contrasta con la soledad del reconocimiento internacional, y con la calificación de “simbólica” o “política” de los exconsellers ante el juez. Dicho así, plantearía tres cuestiones a Ortuzar: 1) ¿Acaso el Senado y el Consejo de ministros son ilegítimos?;2) Las instituciones catalanas son legitimas, pero ¿eso implica que sus actuaciones son legales?;3) ¿Sabe que 2.701.870 de catalanes (90,5%) votaron sí a la Constitución, con un 67,9% de participación?
Lo lógico sería que si el PNV no está conforme con la Constitución, desearía enmendarla para ajustarla a sus aspiraciones; lejos de ello, se muestra esquivo a formar parte de la comisión territorial del Congreso de los Diputados. Por una parte, lo justifican hasta que el panorama político catalán se clarifique; por otra, lo rechazan a juzgar por Mediavilla burukide del EBB: «En este marco es más fácil la regresión, la vuelta atrás…nosotros no vemos motivos halagüeños para poder debatir una modificación constitucional que solucione los problemas de ajuste de la nación vasca en el conjunto del Estado».
Con la reciente aprobación de las leyes del Concierto y Cupo vasco del 23 de Noviembre han aflorado críticas que cuestionan la equidad y la solidaridad del sistema del Concierto Económico vasco. Como autodefensa, Urkullu apuesta por exportar el mismo modelo a otras CCAA: «El sistema de Concierto se asienta sobre el principio de responsabilidad fiscal y financiera, y lo realmente constructivo sería analizarlo como modelo de referencia que permita avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario»
Hace unos días Anasagasti, en un repaso histórico, ha escrito «Nosotros, como el buey y sin meternos en peleas entre comunistas y socialistas, mantuvimos aquella legalidad republicana que nos había permitido nuestro primer estatuto de la historia…»; contado así, parece que la obtención del Estatuto fue una consecuencia; mientras que en la versión de Ajuriaguerra es la causa. Sea causa o consecuencia, en el golpe de Estado del 36, el PNV se alineó con la legalidad; ahora bien, con el golpe de Estado del independentismo catalán, el partido se ha posicionado a favor de la ilegalidad, y en contra de su propia legalidad. El PNV es así, nos tiene acostumbrados a navegar en la contradicción, haciendo un funambulismo político entre lo real y lo virtual, entre lo legal y lo ilegal, para acabar poniendo una vela a Dios y otra al diablo.
