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¿Por qué soy de centro? (I): El papel del centro en la transición

Por Jaime Ignacio del Burgo 03 noviembre, 2019 - 10:58

El autor analiza en una serie de cuatro artículos su posición política de centro durante su trayectoria política y el papel de esta postura en el pasado y futuro. 

Adolfo Suárez vota en las primeras elecciones generales de la democracia, el 15 de junio de 1977 - FOTO ABC
Adolfo Suárez vota en las primeras elecciones generales de la democracia, el 15 de junio de 1977 - FOTO ABC

En la Transición jugó un papel determinante Unión de Centro Democrático (UCD). El 15 de junio de 1977 concurrió a las primeras elecciones democráticas como una coalición integrada por varios partidos socialdemócratas, liberales y democratacristianos, todos ellos fundados unos meses antes, más un grupo de personalidades procedentes de los sectores reformistas del régimen franquista (Rodolfo Martín Villa), encabezados por Adolfo Suárez, presidente del Gobierno nombrado por el rey Don Juan Carlos para dirigir la ardua tarea de sustituir dicho régimen por una democracia plena.

Tras su triunfo electoral en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, la coalición UCD se convirtió en un único partido a mediados de 1978 previa disolución de los partidos que la habían constituido.

La denominación de Centro Democrático se adoptó para diferenciarse claramente de los sectores inmovilistas del régimen franquista que se agruparon electoralmente en una federación de partidos denominada Alianza Popular.  En las primeras elecciones los “siete magníficos” –así se llamó a los exministros franquistas Manuel Fraga, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora, Laureano López Rodó, Federico Silva, Licinio de la Fuente y Enrique Thomas de Carranza, fracasaron pues tan sólo consiguieron 16 escaños mientras UCD alcanzaba 166. El PSOE obtuvo 116 escaños y el Partido Comunista se quedó en tan solo 20, a pesar de haber sido el principal grupo opositor durante el franquismo.

Los españoles otorgaron la mayoría al centro reformista que ofrecía la seguridad de un tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Por el contrario, la imagen transmitida por Alianza Popular fue la de una derecha extremadamente inmovilista y conservadora. Esa fue la clave de su gran fracaso electoral. Sin embargo, la presencia de Manuel Fraga en la Ponencia para la redacción del anteproyecto de Constitución sirvió para librar a Alianza Popular de la etiqueta de extrema derecha aunque en la aprobación final de la Constitución de sus 16 diputados sólo 8 secundaron el voto de Fraga a favor del texto constitucional mientras que 3 votaron en contra y 5 se abstuvieron.

Los populistas de izquierdas han tratado de descalificar la legitimidad de la Transición afirmando que las Cortes constituyentes se plegaron sumisas a los poderes fácticos y aceptaron una Constitución que no es otra cosa que una continuidad del régimen franquista. Los populistas de derechas pretenden ahora que en la Constitución está el germen de la disgregación de España y que Adolfo Suárez se plegó a los chantajes de los nacionalistas vascos y catalanes, por lo que hay que acabar con el Estado de las autonomías.

Lo cierto es que para conducir a España de la dictadura a la democracia hubiera sido un suicidio colectivo haber hecho una Constitución de derechas (UCD más AP superaban la mayoría absoluta), del mismo modo que en 1931 el fracaso de la II República se fraguó al alumbrar una Constitución de izquierdas, que no fue sometida a referéndum. La palabra mágica de la Transición fue consenso. Se hizo un esfuerzo sobrehumano para conseguir la convergencia en un texto que sirviera como marco de convivencia de todos y para todos cualesquiera que fueran sus postulados ideológicos.

En aquella época el PC era fiel al comunismo que todavía imperaba en buena parte del mundo mientras y el PSOE acababa de ratificar en su último Congreso celebrado en Suresnes en 1974 su profesión de fe en el marxismo. En sus conclusiones programáticas estaba el rechazo frontal del capitalismo, la implantación de la escuela pública única y laica, la alianza con los comunistas para construir una sociedad sin clases, la oposición radical a entrar en la OTAN, la creación de tribunales populares para administrar justicia, todo ello dirigido a implantar el socialismo como sistema.

En cuanto a la organización territorial del Estado, el PSOE defendía el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades ibéricas y abogaba por una República Federal de las nacionalidades y regiones. Se oponían frontalmente a convertirse en un partido socialdemócrata según el modelo de la socialdemocracia alemana que en 1959 había renunciado al marxismo para defender la economía social de mercado, lo que implicaba el reconocimiento del sistema capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del mercado. Pues bien, a pesar de la radicalización del Congreso de Suresnes, el tándem Felipe González-Alfonso Guerra suavizó sus posiciones y mantuvo una posición moderada en las elecciones de 1977. Eso le llevó a aceptar sin reserva alguna la mano tendida por Adolfo Suárez.

En la percepción de la opinión pública las elecciones habían significado el triunfo de la moderación centrista, que no significaba en modo alguno ausencia de un programa con fuerte contenido social fruto de la convergencia de todas las corrientes que fundadoras de UCD. El Partido Comunista no consiguió convencer al electorado de la sinceridad de su apuesta por la democracia por el temor que suscitaba un Partido Comunista que esclavizaba media Europa con el Muro de Berlín como ejemplo irrefutable de la incompatibilidad entre el socialismo marxista-leninista y la democracia.

El consenso como método de trabajo guiado por una voluntad de concordia fue progresivamente asumido por las fuerzas políticas, incluido el nacionalismo catalán y vasco. Antes de convocar las elecciones, el presidente Suárez negoció la Ley electoral con la “Comisión de los nueve”, donde estaban representados los partidos más importantes de la oposición (comunistas, socialistas, socialdemócratas, democristianos, liberales y representantes del nacionalismo vasco, catalán y gallego). Momento trascendental fue el pacto con Santiago Carrillo, secretario general del PC, con el presidente Suarez, que levantó los obstáculos a la presentación a las elecciones del PC. El actual populismo comunista empeñado en descalificar la Transición oculta que el secretario general de los comunistas hizo su primera comparecencia pública, tras la legalización de su partido el Sábado Santo de 1977, lo hizo flanqueado por la bandera española y expresando su acatamiento a la monarquía de Don Juan Carlos.

La voluntad de concordia nacional se plasmó en la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Su promulgación fue la primera actuación memorable de las Cortes pues supuso poner punto final al enfrentamiento entre las dos Españas. Y por último, otro gran hito histórico fue la decisión de convertirse en Cortes constituyentes mediante  la creación de una Ponencia con representación de todos los grupos relevantes (UCD, PSOE, PC, AP y Minoría Catalana) para elaborar la nueva Constitución. El PSOE, tras presentar una enmienda abogando por la República, tras una defensa testimonial aceptó la Monarquía parlamentaria y cerró así .

La Ponencia presentó un anteproyecto de Constitución que fue objeto de casi 800 enmiendas en el Congreso. Todas ellas fueron debatidas y en muchos casos se aceptaron, pero su plasmación en la Carta Magna fue siempre por consenso sobre todo de los dos grandes partidos UCD y PSOE. Cuando se enconaba el debate, la búsqueda de una solución se confiaba al vicepresidente del Gobierno de UCD, Fernando Abril Martorell y al vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, que debieran figurar entre los “padres” de la Constitución. En el Senado también hubo un intenso debate introduciendo modificaciones que tendrían que ser resueltas por la Comisión Mixta Congreso-Senado que presidía Antonio Hernández Gil, uno de los juristas más prestigiosos de España en aquella época.

Pero la UCD, que tuvo la gloria de haber conducido el proceso hacia la democracia, malgastó en la I Legislatura el gran capital político acumulado. En 1979 volvió a ganar las elecciones, pero no fue capaz de consolidarse como partido único y pronto surgieron disensiones entre las diversas fracciones ideológicas (socialdemócratas, liberales y democristianos). Se comenzó por cuestionar el liderazgo de Adolfo Suárez, entre otras cosas por la sensación de impotencia que se transmitía para hacer frente al terrorismo de ETA, que llegó a cometer cien asesinatos en 1980, todo ello en medio de una profunda crisis económica que los Pactos de la Moncloa de 1977 sólo habían contribuido a paliar.

Todo ello hizo que creciera el malestar en algunos sectores del Ejército nostálgicos del régimen anterior y hasta en medios políticos llegó a hablarse de la necesidad de un “golpe de timón” (expresión utilizada por el presidente de la Generalidad provisional de Cataluña, Josep Tarradellas). Adolfo Suárez consideró que había perdido la confianza del rey Juan Carlos y para evitar una involución que acabara con la democracia presentó su dimisión. El nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente no sirvió para frenar el intento de golpe de Estado del 21 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero humilló a la representación de la soberanía popular secuestrando al Congreso y al Gobierno durante 16 horas.

Si a eso se unen los grandes errores cometidos en la gestión de una catástrofe sanitaria como fue el envenenamiento de 30.000 personas por la intoxicación provocada por aceite de colza adulterado (cuyo control correspondía a los Ayuntamientos y no al Gobierno) y que causó 5.000 muertos, UCD estaba sentenciada. El líder de la socialdemocracia centrista, Francisco Fernández Ordóñez, abandonó el partido y se alió con el PSOE seguido de un puñado de seguidores. La mayoría de los democristianos y liberales se coaligaron con Alianza Popular y formaron la Coalición Popular (AP, Partido Demócrata Popular-PDP y Unión Liberal-UL).

En las elecciones de octubre de 1982, la UCD se dio  un monumental batacazo al lograr la minúscula cifra de 11 escaños, con 1,4 millones de votos. Dos meses después acordó su disolución. La Coalición Popular alcanzó 107 diputados, con 5,5 millones de votos. Pero el PSOE, que ya había repudiado al marxismo en su Congreso extraordinario celebrado en Madrid en septiembre de 1979 y se presentaba como una opción de centro-izquierda “socialdemócrata”, al dictado de sus homólogos alemanes, consiguió una gran mayoría con 202 escaños y 10,1 millones de votos. Otro gran derrotado fue el PC que tan sólo obtuvo 4 diputados con 0,8 millones de votos.


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