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La refundación del hacha y la serpiente (VI): al borde de la traición, la negociación de Zapatero

Por Jaime Ignacio del Burgo 01 junio, 2018 - 6:41

El autor prosigue con el relato de la historia con las negociaciones llevadas a cabo por el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. 

Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi, durante un momento del documental El Fin de ETA.
Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi, durante un momento del documental El Fin de ETA.

Formaba parte de ETA. Por esta causa y por ser una plataforma de apoyo a la actividad criminal de ETA, Batasuna había sido ilegalizada en 2003 por el Tribunal Supremo. La nueva ley de partidos y otras medidas normativas habían surtido efecto. El juez Garzón había clausurado sus sedes, cegado sus fuentes de financiación y prohibido todas sus actividades. Su poder municipal se había reducido al no poder presentarse a las elecciones. Su nombre aparecía en la lista de organizaciones terroristas contra las que la comunidad internacional, después del atentado de Nueva York, había declarado una guerra sin cuartel. Batasuna estaba muerta legal y políticamente.

En el terreno de los “frentes de lucha” el balance no podía ser más desalentador para la banda terrorista. ETA parecía tener los días contados, aunque sus últimos coletazos todavía podían causar grandes sufrimientos. En la lucha contra el terrorismo Gobierno y oposición hacían piña gracias al “Pacto por las libertades y frente al terrorismo” impulsado por el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Así estaban las cosas a comienzos de 2004, un año electoral en el que todas las encuestas daban por sentado que el Partido Popular iba a revalidar su mayoría parlamentaria. Nadie podía imaginar que el 11-M se produciría el terrible atentado de la estación de Atocha.

Mientras todo esto sucedía miembros destacados del socialismo vasco hacían doble juego. Aparentaban fidelidad a la política antiterrorista pactada por los dos grandes partidos nacionales y al mismo tiempo se reunían en secreto con dirigentes de Batasuna para explorar la posibilidad de un acuerdo de paz. Las conversaciones se habrían iniciado durante la tregua de 1998 y no se interrumpieron ni siquiera cuando ETA decidió reanudar su actividad criminal al comprobar que el Gobierno presidido por José María Aznar no estaba dispuesto a negociar otra cosa que la rendición incondicional de la banda terrorista sin plegarse a sus exigencias de carácter político

Un mes antes de producirse la masacre, la cúpula de ETA tenía sobre la mesa una sorprendente oferta del PSOE para iniciar un proceso de negociación. Los etarras conocían, sin duda, que Jesús Eguiguren, líder de los socialistas guipuzcoanos, llevaba años de conversaciones con Arnaldo Otegui, el portavoz de Batasuna, con la finalidad de encontrar una fórmula susceptible de acabar con el “conflicto”. Pero los terroristas desconfiaban. Habría que ver el talante de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, en efecto, su primera actuación nada más tomar posesión de su cargo de presidente fue la retirada de Iraq, so pretexto de cumplir una promesa de la campaña electoral. La “valentía” de Rodríguez Zapatero convenció a la banda de que el nuevo inquilino de la Moncloa venía con ímpetus renovadores e incluso revolucionarios.

Como ya hemos dicho, Jesús Eguiguren fue el actor principal de las conversaciones mantenidas con Batasuna desde los tiempos de la tregua de 1998. Fue él quien transmitió a Otegui que el Gobierno socialista iniciaría una política de gestos dirigida a demostrar a la banda que debía valorar su ofrecimiento de paz con el máximo interés. Como primera providencia, Rodríguez Zapatero desactivó el pacto por las libertades y frente al terrorismo –cuestión sine qua non para ETA– para poner de manifiesto el aislamiento político del Partido Popular frente a la actitud constructiva y responsable de las restantes fuerzas parlamentarias.

El nombramiento de otro peso pesado del socialismo, Gregorio Peces Barba, como Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo, constituiría otro gesto de gran alcance. Su misión sería allanar el camino ante la perspectiva de que la excarcelación de los presos fuera el precio a pagar por la paz. Pero el Alto Comisionado cometió la torpeza de desvelar de forma prematura e intempestiva en su primera reunión con los representantes de las víctimas la intención del Gobierno de negociar con ETA al apelar a su generosidad y se “quemó” desde el primer momento. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció lo ocurrido que sería falsa e inútilmente desmentido por el interesado aunque el tiempo demostraría que había dicho la verdad.

A pesar de haber permitido que Ibarreche defendiera en Madrid su plan de nuevo Estatuto, ni el lendakari ni los burukides nacionalistas se habían dado cuenta de que los etarras ya no estaban dispuestos por más tiempo a mover el árbol (Arzallus dixit) para que ellos recogieran las nueces, como había sucedido hasta entonces. La perspectiva para Batasuna de abrir una relación directa con el Gobierno del Estado en el marco de un futuro proceso de paz dejaba fuera de juego al PNV.

Mientras el presidente vasco soñaba con su plan, las conversaciones en la oscuridad entre los socialistas vascos y Batasuna comenzaron a dar su fruto. La clase política española se hallaba entretenida debatiendo sobre la última genialidad de Ibarreche, cuando a finales de 2004 hizo su aparición en el horizonte vasco la “propuesta de Anoeta”, aprobada por la ilegalizada Batasuna con la bendición de ETA. Pocos se percataron de que se trataba de uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos tiempos por formar parte de una estrategia, si no pactada formalmente con el Gobierno, al menos tratada con sus interlocutores vascos.

La propuesta de Anoeta contiene una novedad de gran calado. ETA renuncia por vez primera a negociar directamente con el Gobierno español la solución política del conflicto, pues la negociación entre la banda terrorista y los Estados español y francés sólo tendría por objeto la desmilitarización del conflicto, la excarcelación de los presos y el regreso de los deportados y refugiados así como la atención a las víctimas (se supone que de ambos lados). Sentado lo anterior, la solución del conflicto habrá de negociarse en el seno de una mesa integrada por todos “los agentes de Euskal Herria”. Los Estados español y francés habrían de comprometerse a respetar el acuerdo alcanzado en dicha mesa, cuyo acuerdo debería someterse al refrendo de los ciudadanos de Euskal Herria. De todas formas, la renuncia de ETA a negociar directamente cuestiones políticas era puramente formal, pues sería Batasuna, la marca política de la organización terrorista, la encargada de negociar los aspectos políticos.

Tras una serie de gestos del presidente Zapatero dirigidos a ETA a lo largo de 2005 para convencerle de la sinceridad de su voluntad negociadora y tras intensas negociaciones llevadas en secreto, por fin el 22 de marzo de 2006, la banda terrorista hizo pública su decisión de decretar de forma unilateral un alto el fuego permanente” que entraría en vigor a partir de la media noche del día 24 de marzo. La euforia se desató en las filas socialistas y la maquinaria gubernamental echó las campanas al vuelo. Hubo besos y abrazos en el Congreso en las bancadas gubernamentales y nacionalistas.

El Gobierno filtró que la palabra “permanente” se había introducido por exigencia suya, lo que demostraba que se había producido una negociación en toda regla. La expresión “alto el fuego permanente” no figuraba en el texto difundido en euskera. La traducción literal del comunicado es la siguiente: “ETA ha decidido impulsar la interrupción permanente de la acción armada a partir de las 00,00 horas del 24 de marzo”. (“Euskadi Ta Askatasunak, 2006ko martxoaren 24ko 00:00-tik aurrera ekintza armatuen etenaldi iraunkorra abiatzea erabaki du”). Se dirá que “interrupción permanente de la acción armada” es lo mismo que “alto el fuego permanente”. Así pareció haberlo entendido la propia banda, pues su órgano oficioso –Gara- utilizará desde el primer momento la expresión alto el fuego. En cualquier caso, ETA sólo se comprometía a interrumpir sus acciones “armadas”, pero nada decía de las demás formas de terrorismo (kale borroka, extorsión a los empresarios, acoso a los cargos electos no nacionalistas, etc.).

Lo triste fue que nadie se preocupó de analizar el comunicado de ETA, cuyo objetivo era “impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita”. Manifestaba que “superando el actual marco de negación, partición e imposición hay que construir un marco democrático para Euskal Herria, reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de las opciones políticas”. Y concluía que “al final de ese proceso los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro, dando así una solución política al conflicto”.

El propio presidente el 29 de junio de 2006 anunció que en el mes de junio comenzarían las conversaciones. Rodríguez Zapatero humilló al Congreso al utilizar su zaguán para dar carta de naturaleza política a los enemigos del Estado de Derecho y de la unidad de la nación, sin recabar su expresa autorización tal y como lo exigía la gravedad del asunto y su propio y reiterado compromiso. Por sí y ante sí decidió abrir la negociación con ETA en paralelo con el diálogo con Batasuna, vulnerando las dos resoluciones del Congreso de mayo y junio de 2005 que exigían la renuncia definitiva y expresa de la banda terrorista a la violencia. Al comprometerse a respetar la decisión de los ciudadanos vascos, el presidente anunció su disposición a traspasar las líneas rojas marcadas por la Constitución. En suma, vino a legitimar de hecho al terrorismo como método de acción política, pues para conseguir la paz el Gobierno estaba dispuesto a negociar un nuevo marco político con los apoderados de ETA.

En julio dieron comienzo las conversaciones, primero en Ginebra y después en Oslo, entre una comisión de etarras encabezada por “Josu Ternera” y representantes del Gobierno, Jesús Eguiguren y el navarro Javier Moscoso. Al mismo tiempo, en Loyola emprendieron conversaciones formales Batasuna, con Arnaldo Otegui a la cabeza, y representantes del PSE y del PNV. Pero pronto el Gobierno se dio cuenta de que Eguiguren le había metido en un atolladero de difícil solución, pues las pretensiones de ETA en su mayoría chocaban frontalmente con la Constitución.

No obstante, Zapatero era optimista. El 29 de diciembre de 2006, el presidente del Gobierno compareció ante los periodistas al término de la última reunión del gabinete de 2006. Ni el robo de las pistolas en Francia, ni el descubrimiento en Amorebieta de un zulo de reciente construcción, ni la multiplicación de las acciones de guerrilla urbana, ni la profecía de mal agüero del ex batasuno Chema Montero –acogido a los pechos de la Fundación Sabino Arana del PNV– sobre un inminente atentado mortal, ni las advertencias francesas sobre la activación de nuevos comandos, ni las denuncias de Batasuna por el estancamiento del proceso a causa de la cerrazón del Estado habían hecho mella alguna en el optimismo del presidente. En su mensaje navideño, el presidente se vanaglorió del largo periodo disfrutado por España sin víctimas mortales, en contraste con lo que sucedía en otras épocas en las que ETA elegía las fiestas de Navidad para cometer nuevos atentados. Fue entonces cuando pronunció su tristemente célebre frase de la que no tardaría en arrepentirse: Dentro de un año estaremos mejor que hoy.

Dicen que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Mientras el presidente mostraba urbi et orbi su optimismo, casi a la misma hora unos pistoleros de ETA introducían en el aparcamiento de la terminal 4 (T4) del aeropuerto de Barajas una furgoneta-bomba, programada para hacer explosión a las nueve horas del día siguiente, 30 de diciembre. Los terroristas alertaron de la colocación del artefacto una hora antes de la deflagración, lo que permitió a la policía proceder al desalojo del aparcamiento. Uno de los cuatro módulos del estacionamiento se vino abajo. En un principio se pensó que no había víctimas mortales. Pero el atentado se saldó con la muerte de dos súbditos ecuatorianos y una veintena de heridos. Por una trágica paradoja, el vehículo del diputado por Navarra Juan Moscoso, hijo de Javier Moscoso, uno de los negociadores del Gobierno con ETA, quedó totalmente destruido.

ETA había dinamitado el proceso de paz. Así lo admitió un apesadumbrado ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, mientras Otegui, sin condenar a sus mandatarios echaba la culpa al Gobierno por su intransigencia.

El 15 de enero de 2007 el Congreso celebró una sesión extraordinaria. Esto dijo la diputada de NaBai, Uxúe Barcos: “Se ha hablado mucho en este tiempo de precios políticos, víctimas, libertad y Navarra. Y esta diputada no puede por menos que detenerse brevemente en esta cuestión. La cuestión de Navarra, la gran estafa del proceso, según proclamaron durante meses y meses en esta Cámara y en cientos de foros. Una cosa sí queda clara hoy o tristemente sí quedó clara el 30 de diciembre. Más allá de mentiras flagrantes el devenir de los hechos –y quiero decir que cito este devenir con absoluta tristeza- ha dejado bien retratados en el debate en torno a la cuestión de Navarra a aquellos que siempre defenderemos a Navarra como sujeto político y a aquellos que han hecho, hacen y harán de Navarra un objeto político de sus intereses partidarios y electorales. Todo este periplo retrata a quienes desde el principio hemos defendido, hemos reivindicado y peleado que el futuro de Navarra lo decidimos las mujeres y los hombres de Navarra y enfrente quedan quienes han utilizado Navarra con un objeto de asaetear el proceso y el camino hacia la paz”. Una década después, la presidenta Barcos guardará silencio o responderá con evasivas ante los requerimientos de los medios de comunicación sobre la última propuesta del PNV de un nuevo Estatus Político para Euskal Herria.


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