Durante mucho tiempo, ETA gozó de la simpatía de influyentes sectores de la izquierda progresista española sobre todo tras el atentado contra el almirante Carrero Blanco predestinado para suceder al Caudillo como presidente del Gobierno.
Tales sectores veían a los etarras como luchadores por la libertad. Tras la instauración de la democracia, la primera decisión de las nuevas Cortes democráticas elegidas en las los comicios del 15 de junio de 1977 fue la amnistía general, que hacía borrón y cuenta nueva de todos los responsables de crímenes tanto del franquismo como de la oposición al mismo. La medida afectó también a los presos de ETA que en su totalidad salieron de las cárceles españolas.
Tuvieron pues los terroristas vascos la posibilidad de insertarse como ciudadanos libres en el nuevo sistema democrático. Pero muchos no lo hicieron y volvieron a la clandestinidad. ETA no luchaba por la implantación de la democracia en España, sino para destruirla.
El número de atentados contra militares creció exponencialmente. También, como ya vimos, pusieron en su punto de mira a todos cuantos en el País Vasco defendían la unidad de la Nación española. El año 1980 fue un “annus horribilis” pues se saldó con casi un centenar de asesinatos. Eso provocó una gran tensión en algunos núcleos de las Fuerzas Armadas y de la extrema derecha, que exigían medidas drásticas y conspiraron para dar un golpe de Estado.
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, al frente de un numeroso grupo de guardia civiles, secuestró al Congreso de los Diputados interrumpiendo la votación de investidura como nuevo presidente de Leopoldo Calvo Sotelo, propuesto por el rey Don Juan Carlos como sustituto de Adolfo Suárez que le había presentado su dimisión el 29 de enero de aquel año. La intentona fracasó y el régimen democrático salió fortalecido. Seguramente la cúpula de ETA habría preferido una nueva dictadura en España, porque todavía soñaba en lograr la independencia e implantar el socialismo marxista mediante una guerra de liberación nacional o guerra de guerrillas siguiendo el ejemplo de Argelia, Vietnam, Cuba, Colombia, Angola y otros países emergentes.
El 30 de agosto de 1976, ETA político-militar y otros grupos de la izquierda revolucionaria aberzale, que habían constituido la Koordinadora Abertzale Sozialista, hicieron pública la llamada “Alternativa KAS”. En el documento hecho público en Pamplona el 30 de agosto de aquel año, estos eran sus principales puntos: la amnistía total; la plenitud de las libertades democráticas; un Estatuto nacional de autonomía, que incluía el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, la unidad territorial de Euskadi Sur (es decir, la integración de Navarra) y la oficialidad del euskara, así como la retirada escalonada y progresiva de las fuerzas represivas (la Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpo Superior de Policía).
Concluía con un brindis al sol: la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y clases populares. ETA militar se sumaría a la Alternativa KAS a finales de 1976. Consideraba que trataba de “una base democrática mínima suficiente como para, sin abandonar las tareas de organización y armamento populares, cesar en nuestra actividad armada, manteniéndonos en esta postura en tanto no haya un intento, por parte del imperialismo español o fuerza política española o de la burguesía vasca, de imponer su razón o expresar sus intereses por medio de las armas. La necesidad de este programa mínimo obedece a la comprobación táctica de que nuestro pueblo, como conjunto social, no está, a corto plazo, dispuesto a afrontar las tareas de la lucha armada”.
En 1982, Felipe González llegó al poder con una aplastante mayoría de 202 diputados, que mantendría en 1986 con 184 escaños. Dos años después del fallido intento de golpe de Estado, ETA cometió un crimen que implicaba un gran error político. El 23 de febrero de 1984 asesinó en San Sebastián al senador socialista Enrique Casas. La cúpula del PSOE, enfurecida, decidió “que había que ir “a por ellos”.
La llamada “guerra sucia”, con algunos escarceos en la etapa anterior, se trasladó a Francia a través de los GAL (Grupos Antiterrorista de Liberación), que fue una catástrofe para la legitimidad de la lucha del Estado de Derecho contra el terrorismo. A pesar de ello, Felipe González –que negó taxativamente toda connivencia del Estado con los GAL– consiguió que el presidente Mitterrand pusiera fin al oasis etarra del sur de Francia.
El 5 de noviembre de 1987 se firmó el Pacto de Madrid, entre todas las fuerzas políticas democráticas, donde se concretaban los puntos básicos de la acción frente a ETA. Lo más significativo era la denuncia de la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco, el rechazo a su pretensión de negociar problemas políticos y la reafirmación del Estatuto vasco como marco de resolución de los conflictos y de la convivencia democrática en el País Vasco.
El dirigente nacionalista vasco Javier Arzallus traslada la iniciativa de Madrid a Euskadi. El 12 de enero de 1988 se firma por el Pacto de Ajuria-Enea. Destacamos la reivindicación del Estatuto “como punto de encuentro de la voluntad mayoritaria de las vascos”, el rotundo rechazo al terrorismo y la previsión de que pueda producirse un “final dialogado” de la violencia, que considero oportuno reproducir íntegramente:
“Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esta convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio, irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”.
También hay en el Pacto una referencia a Navarra, que tanto la Sra. Barcos como el Sr. Urkullu deberían tener muy presente:
“Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que sólo a los navarros corresponde decidir sobre su propio futuro”.
“Las diferentes opciones políticas planteadas en torno a la relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca tienen su cauce de realización democrática en el marco de la Constitución, del Estatuto de Guernica y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que contemplan la posibilidad de su incorporación al régimen autonómico vasco si así lo deciden los ciudadanos navarros, la celebración de convenios para la gestión y prestación de servicios propios, así como de acuerdos de cooperación.
“Habida cuenta de que la relación con el Territorio Foral de Navarra es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes del presente ACUERDO, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esa relación y la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes”.
También en Navarra se formalizó un pacto antiterrorista. El “acuerdo por la paz y la tolerancia” se firmó en Pamplona el 7 de octubre de 1988 en el Palacio de Navarra. La lista de partidos fueron Euskadiko Esquerra, Alianza Popular, Partido Liberal, Democracia Cristiana, UPN y PSN-PSOE. Como puede observarse no firmaron ni el PNV ni EA. Destaco el siguiente párrafo porque su contenido sigue teniendo plena actualidad:
“Ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines está legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. Sólo la voluntad de nuestro pueblo puede orientar el presente y el futuro de Navarra. Por eso manifestamos nuestra seguridad de que ETA y sus defensores nada han de obtener mediante la violencia y la intimidación y de que Navarra continuará progresando asentada en sus instituciones democráticas y regida por la voluntad de sus ciudadanos”.
La sorpresa llegó en 1989, cuando el Gobierno socialista anunció la apertura de negociaciones con la banda terrorista en Argel, al tiempo que abría otro proceso de diálogo paralelo con HB, tras la tregua unilateral acordada por ETA en enero de aquel.
El ministro José Barrionuevo sostuvo una y otra vez que no habría ni habría negociaciones políticas. De lo único que podría hablarse era de la situación de los presos. El Gobierno estaba dispuesto a sacar a la calle a quienes no tuvieran delitos de sangre. La reanudación de los asesinatos en el mes de abril de aquel mismo año puso punto final a las conversaciones.
Paradójicamente, Arzallus había puesto el grito en el cielo por la iniciativa negociadora del Gobierno socialista. Negaba que pudieran tratarse cuestiones políticas. No le movía ninguna motivación ética. ETA exigía una interlocución directa con el Gobierno. Pero la paz debería llevar el sello del PNV o no habría paz.
Para dejar las cosas claras, el 15 de febrero de 1990, el Parlamento Vasco aprobó una declaración en la que proclama que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación para la construcción nacional de Euskadi y reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos. La propuesta fue aprobada en la sesión del 15 de febrero de 1990 con el voto favorable de sus proponentes: PNV, EA y Euskadiko Ezquerra. Herri Batasuna y el PP, aunque por razones diferentes, votaron en contra.
La razón esgrimida con acritud por el representante batasuno es que no se podía “banalizar” el derecho a la autodeterminación. HB se ausentó tras la intervención de Iñigo Iruin. La declaración fue aprobada por 38 votos a favor, 23 en contra y un voto nulo. En ella no hay ninguna alusión expresa a Navarra y sí una reivindicación del propio Parlamento vasco como institución legitimada para impulsar el ejercicio de la autodeterminación.
El PNV confiere gran importancia a esta declaración al considerar que constituye un hito histórico porque era la primera vez que un Parlamento democrático vasco había proclamado el derecho a la autodeterminación.
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