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Los pactos de la Moncloa o el valor de la palabra dada

Por Jaime Ignacio del Burgo 25 abril, 2020 - 9:54

Desde que el presidente del Gobierno anunció su voluntad de afrontar la reconstrucción del país mediante unos nuevos Pactos de la Moncloa se ha vuelto a hablar de la Transición, es decir, del período comprendido entre el 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del general Franco, y el 6 de diciembre de 1978, día en que el pueblo español refrendó por amplia mayoría la Constitución que nos permite “vivir en paz y en libertad”, según palabras de Felipe González.

Imagen de los pactos de La Moncloa, con los líderes políticos de aquel momento.
Imagen de los pactos de La Moncloa, con los líderes políticos de aquel momento.

Algunos creen que  la Transición fue un camino de rosas porque todos estaban de acuerdo en facilitar de forma pacífica el tránsito de la dictadura a la democracia. Desde la derecha extrema se dice respetar la Constitución, pero se descalifica el consenso alcanzado por haber sentado las bases de un Estado inerme o cómplice ante la disgregación de España. Al otro lado se sitúan los movimientos populistas de extrema izquierda, cuyo principal vocero es el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para quien la Transición fue un gran engaño, un siniestro “aparataje lampedusiano” (que todo cambie para que todo siga igual). No oculta su militancia comunista, desprecia “el papelito aquel de 1978”  pues la Constitución fue un instrumento utilizado para dar continuidad al régimen franquista manteniéndolo bajo el control de las élites políticas (entre ellas el PSOE como “partido del régimen”), encargadas de  asegurar la permanencia de las élites económicas (la Banca y el gran capital). Iglesias rechaza los Pactos de la Moncloa porque “abrieron el camino a la versión española del desarrollo neoliberal”. Y con su verborrea demagógica llegó a ensalzar la perspicacia de ETA por haber sido la primera en percatarse desde un principio de esta realidad antidemocrática porque en el marco de la Constitución “hay determinados derechos que no se pueden ejercer”, por lo que el terrorismo podría tener “explicaciones políticas”. Todo ello después de justificar la exhibición de la bandera republicana por ser “la de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación”.

Pues bien, los  que vivimos aquel transcendental tránsito de la dictadura a la democracia somos conscientes de que no fue ni mucho menos un camino de rosas. Había, es verdad, una mayoría de españoles que anhelábamos convertirnos en una democracia homologable con la del resto de los países del Occidente europeo. Pero también hubo quienes hicieron lo posible para dinamitar el proceso democrático con el fin de crear un clima irrespirable que obligara al Ejército a intervenir.

Para complicar más las cosas, la crisis del petróleo de 1973 frenó en seco el “milagro español”, que así se llamó a la gran transformación experimentada por España a partir de las leyes liberalizadoras de la economía de 1959. Aquella difícil situación podía ser la tormenta perfecta para acabar con el franquismo. La “revolución de los claveles” de abril de 1974, que abrió el camino a un régimen socializante en Portugal, había demostrado que en tan sólo 24 horas el régimen autoritario salazarista se había derrumbado. El sindicato clandestino Comisiones Obreras, en la órbita del Partido Comunista que dirigía desde París Santiago Carrillo, no desaprovechó la ocasión y los conflictos sociales surgieron como hongos. El objetivo final era una huelga general que paralizara al país y produjera el derrumbamiento del régimen.

En 1974, el PC promovió la Junta Democrática con grupúsculos políticos y personalidades independientes, que disputó el liderazgo de la oposición al PSOE que también ese mismo año había celebrado su XIII Congreso en la localidad francesa de Suresnes, donde los jóvenes del interior jubilaron a los “viejos” compañeros que habían padecido 40 años de exilio, eligiendo secretario general a Felipe González. En 1975, los socialistas crearían Coordinación Democrática con otros grupúsculos de izquierda. Habría que esperar a marzo de 1976, después de la muerte de Franco, cuando ambas organizaciones se unieron para constituir la Plataforma de Convergencia Democrática (la “Platajunta”). Todos coincidían en exigir la “ruptura democrática”, mediante la formación de un gobierno provisional con los partidos de oposición al régimen con el fin de convocar elecciones para unas nuevas Cortes constituyentes, haciendo tabla rasa de cualquier rastro de franquismo. Pero había otra gran coincidencia entre el PC y el PSOE en el terreno ideológico. Ambos eran marxistas, defendían la conquista del poder político y económico por la clase trabajadora para la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista. Rechazaban cualquier camino de acomodación al capitalismo o a la simple reforma de este sistema. En suma, defendían la revolución socialista hasta cubrir el objetivo final de una sociedad sin clases, con la consiguiente desaparición del Estado, sin descartar las medidas de fuerza que fueran precisas para hacer irreversibles, mediante el control obrero, los logros de la lucha de los trabajadores.

La ruptura se identificaba por muchos con la vuelta a las dos Españas.  Se temía un nuevo 14 de abril como el que en 1931 provocó la huída de Alfonso XIII del Palacio Real. Pero para sorpresa de todos Don Juan Carlos I de Borbón, dos días después de la muerte del dictador, en el acto de su proclamación ante las Cortes  expresó su voluntad de ser “rey de todos los españoles”. Cuando Don Juan Carlos se convenció de que el presidente Arias no secundaba sus proyectos democratizadores, le exigió su dimisión y el 5 de julio de 1976 nombró para sucederle a Adolfo Suárez, un joven político poco conocido que era ministro secretario general del Movimiento. Suárez aceptó por convicción el encargo de desmontar el entramado del régimen anterior y de llevar a cabo la reforma democrática de la ley a la ley. Los numerosos intentos de involución, tanto de la ultraderecha como de organizaciones terroristas (ETA, el GRAPO, Terra Lliure y el MPAIAC), no consiguieron que el proceso fracasara. El 15 de diciembre de 1976 los españoles refrendaron aplastantemente la Ley para la Reforma Política después de conseguir su aprobación en las Cortes franquistas. España se había convertido en una democracia plena. 

Desde el primer momento, Adolfo Suárez contactó con la oposición al régimen para persuadirle de que debía abandonar la vía de la ruptura. No fue nada fácil pero lo consiguió. El 10 de febrero de 1977 se abrió el registro de asociaciones políticas en el ministerio de la Gobernación. El PSOE fue de los primeros en registrarse. El PC también pasó por ventanilla, después de que Carrillo pudiera pasear por Madrid sin ocultarse tras su famosa peluca. El 9 de abril, Sábado Santo, el Gobierno anunció su legalización. Y el 14 de abril, cuarenta y seis aniversario de la proclamación de la II República, el PC aceptó la Monarquía y la bandera roja y gualda.

El 15 de junio de 1977, con una participación del 77 por ciento, el pueblo español premió a Adolfo Suárez por haber cumplido su compromiso de instaurar la democracia. Bajo su liderazgo, la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de liberales, democristianos y socialdemócratas más un grupo de reformistas del régimen anterior, consiguió 165 escaños. La gran derrotada fue Alianza Popular, encabezada por Manuel Fraga, con tan sólo 16 escaños. En el pugilato por la primacía de la izquierda venció claramente el PSOE, con 118 escaños, mientras el PC de Santiago Carrillo tuvo que conformarse con 20 escaños. En el País Vasco la lista más votada fue la del PNV, con 8 escaños,  y  en Cataluña, Jordi Pujol al frente de una coalición nacionalista obtuvo 11 escaños. En el Senado, cámara colegisladora con el Congreso, venció UCD con 106 senadores frente a 35 del PSOE.

En 1931 se hizo una Constitución de izquierdas. UCD pudo hacer una Constitución de derechas sumando los escaños de Alianza Popular. Pero al cierre de la campaña electoral, Adolfo Suárez se había comprometido (“puedo prometer y prometo”) a elaborar una Constitución por consenso y a lograr un entendimiento social para fijar las nuevas líneas básicas de la economía en los próximos años. Cumplió ambos compromisos. El 26 de julio de 1977 el Congreso creo la Comisión Constitucional que el 1 de agosto designó la ponencia encargada de elaborar el anteproyecto de la Constitución. El 14 de octubre, la Ley de Amnistía cerró, creímos que para siempre, la división de las dos Españas. 

El siguiente paso fueron los renombrados Pactos de la Moncloa. Consistieron en un acuerdo para  el saneamiento y reforma de la economía, con base en las propuestas presentadas por Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del Gobierno, a quien todos respetaban por ser uno de los más brillantes economistas de España, y un programa de actuación jurídica y política para introducir reformas parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento jurídico a la nueva realidad democrática. Fueron el equivalente a un programa propio de un gobierno de concentración nacional. El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español refrendó la Constitución de la libertad y la concordia.

La iniciativa de los Pactos partió del Gobierno, que tenía las ideas claras sobre el camino a seguir y credibilidad para aplicarlas. Nada de lo que ocurre hoy se parece a la situación vivida en 1977. Y menos cuando quien ofrece unos nuevos Pactos de la Moncloa preside un Gobierno de coalición con un partido que no oculta su deseo de acabar con “el papelito de 1978” y se aprovecha de la gran tragedia del coronavirus para imponer medidas propias de su ideología comunista y bolivariana. Un Gobierno que, además, está contra las cuerdas por su gestión negligente y desnortada cuyo presidente no conoce el valor de la palabra dada. Veremos si su último compromiso forzado, el de que se discuta el futuro económico y social en una comisión parlamentaria, con luz y taquígrafos, llega a buen puerto. Será difícil mientras permanezca en el Gobierno el líder de un partido antisistema y enemigo de todo cuanto signifique respeto a la iniciativa privada que, se quiera o no, es el motor del Estado de bienestar.


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