• jueves, 28 de marzo de 2024
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Opinión /

La doble vara de medir

Por Jaime Ignacio del Burgo

Hace unos días se celebró en la Parroquia de San Agustín una misa en recuerdo del mártir navarro, oriundo del Baztán, Manuel Arizcun, bárbaramente asesinado por el Frente Popular en la Bahía de Santander el 12 de noviembre de 1936. 

Manifestación convocada en favor de la colocación de la bandera republicana en el Parlamento. MIGUEL OSÉS_7
Manifestación en Pamplona en favor de la República. MIGUEL OSÉS

Sus asesinos lo maniataron, le ataron una soga de cuyos cabos de atadura colgaba una gran piedra y, vivo, lo arrojaron al mar. Su cadáver apareció días después en la playa de Ribamontán al Mar.

Estaba casado con la también baztanesa Pilar Zozaya, con la que tuvo nueve hijos. Arizcun está a punto de ser beatificado como mártir por el Papa Francisco. Al término de la Eucaristía subió al púlpito su hijo Miguel Angel, uno de los tres que aún viven.  Pronunció unas palabras en recuerdo de su padre cargadas de emoción, especialmente cuando dijo que habían perdonado a sus asesinos.

Fue una ceremonia sin ira ni rencor, como todas las realizadas hasta ahora –casi en la clandestinidad dada su escasa repercusión mediática– en memoria de los 150 mártires navarros asesinados por las milicias republicanas por el mero hecho de ser sacerdotes, religiosos o religiosas. La eliminación de Arizcun, hombre de una fe a prueba de balas, se produjo por ser el presidente de la Acción Católica navarra. Por fortuna su cadáver fue hallado. No así el de muchos de sus compañeros mártires, ante la indiferencia de los profesionales de la Memoria Histórica.

En el relato de lo que sucedió hace 82 años en España se aplica una doble vara de medir. Un mismo hecho absolutamente repudiable como es el asesinato por motivos políticos se juzga de forma radicalmente contradictoria según quien sea su autor. Si los asesinados pertenecieron al bando republicano murieron por defender la libertad.

Pero si las víctimas cayeron a manos de los republicanos no eran otra cosa que  abyectos matarifes fascistas sedientos de sangre humana. Es ésta la versión que subyace en las leyes de la Memoria Histórica. España vivía feliz bajo el gobierno “legítimo” del Frente Popular en 1936, afirmación falsa pues se había hecho en  febrero con el poder mediante un antológico pucherazo electoral.

Todo se truncó cuando el 17 de julio militares africanistas y carniceros hicieron uso de las armas para poner fin al paraíso democrático. Lo políticamente correcto es rasgarse las vestiduras por las atrocidades cometidas sobre todo en los primeros meses de la guerra por los sublevados y poner el acento en la represión posterior del franquismo. Pero han borrado del relato las barbaridades perpetradas en la zona republicana.

El socialismo presume a todas horas de su insobornable lealtad a las Constituciones españolas. No puede ocultar que se sublevó contra la República el 5 de octubre de 1934 para proclamar la Revolución social y la dictadura del proletariado a semejanza del comunismo de la URSS. Dirigieron el alzamiento Prieto y Largo Caballero (el “Lenin” español”). Ambos cuentan con sendas estatuas en el Paseo de la Castellana de Madrid.

El pretexto fue que el gobierno del republicano radical Lerroux había tenido la osadía de nombrar ministros a tres diputados de la CEDA, el partido más votado en las elecciones del año anterior. Uno de ellos, como ministro de Justicia, Rafael Aizpún, padre del fundador de UPN.

En el País Vasco, los socialistas asesinaron al diputado carlista Marcelino Oreja. El gobierno logró controlar la situación salvo en Asturias, donde hubo que enviar al ejército –en el que figuraba como capitán el abuelo paterno de José Luis Rodríguez Zapatero– para sofocar a la revolución de los mineros capitaneados por los socialistas que sólo duró quince días pero se saldó con el asesinato de un centenar de personas entre ellos 29 clérigos y la destrucción del centro histórico de Oviedo en una dura batalla con las tropas saldada con varios miles de muertos.

En Cataluña, el presidente de la Generalidad, Luis Companys, proclamó el Estado Catalán. Horas después las tropas del general Batet consiguieron su rendición dejando 46 muertos en la lucha.

Sobre la sañuda persecución religiosa durante la guerra civil del 36 en la zona republicana merece la pena recordar el Memorándum remitido al Gobierno en enero de 1937 por el peneuvista navarro, Manuel de Irujo, a la sazón ministro sin cartera.

El panorama descrito era desolador. Todas las iglesias habían sido cerradas al culto, saqueadas y muchas incendiadas. Los sacerdotes y religiosos, cito literalmente, “han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles… no tan sólo en la población rural donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones”. Entiéndase bien, sólo por ser sacerdotes o religiosos los asesinados fueron unos 8.000. Ahora que la extrema izquierda aberzale y podemista llama a la Justicia internacional para enjuiciar los crímenes del franquismo, ¿incluirán este auténtico genocidio?


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