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Opinión /

La refundación del hacha y la serpiente (IV): ETA asesina a Miguel Angel Blanco y el PNV le tiende la mano

Por Jaime Ignacio del Burgo 31 mayo, 2018 - 11:38

Arzallus se percató muy pronto de que la gigantesca marea de condena a ETA podría arrastrar al propio PNV y derribarlo del poder en las elecciones autonómicas del año siguiente.

Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda vasca ETA.
Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda vasca ETA.

A principios de los noventa, Felipe González se encontraba políticamente achicharrado, si bien consiguió contra todo pronóstico una precaria mayoría en las elecciones de 1993 y se mantuvo en el poder gracias a que Jordi Pujol llegó en su ayuda y no lo dejaría caer hasta 1996. ETA se da cuenta de que el PP es el partido emergente y decide poner a los populares en su punto de mira. Asesina en enero de 1995 cobarde y alevosamente a Gregorio Ordóñez, que tenía grandes posibilidades de convertirse en alcalde de San Sebastián. El 19 de abril la víctima elegida es ni más ni menos que el presidente del PP, José María Aznar, que sale milagrosamente ileso del atentado. A ETA le sale el tiro por la culata, pues unos meses después, el 3 de marzo de 1996, el PP gana las elecciones generales y Aznar se convierte en presidente del Gobierno.

Pero sus 156 escaños no eran suficientes para obtener la investidura y se vio obligado a negociar un pacto de legislatura con Convergencia y Unió (16 escaños) y Coalición Canaria (4). A pesar de que eran suficientes, Aznar encontró un aliado inesperado en Javier Arzallus, que aportó los 5 diputados del PNV mediante un acuerdo de investidura, sin contrapartidas políticas. Durante este tiempo hubo una verdadera luna de miel entre el dirigente nacionalista y Jaime Mayor Oreja, designado por Aznar ministro del Interior. 

Los pactos antiterroristas habían servido para fortalecer la lucha contra el terrorismo. Se habían conseguido éxitos notables y ETA estaba acorralada por las fuerzas de seguridad del Estado. La idea de combatir a las organizaciones políticas y sociales de apoyo a la banda terrorista comenzó a abrirse paso. No obstante, habría que esperar al año 2003 para asistir a la ilegalización de Herri Batasuna–al igual que sus siglas de recambio como Batasuna y Euskal Herritarrok- por decisión del Tribunal Supremo

A pesar del nuevo sesgo de la lucha antiterrorista, los atentados no cesaban. En 1997 se produciría un gravísimo suceso que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. El 10 de julio, ETA secuestró al concejal del PP de Ermua (Vizcaya), Miguel Angel Blanco. Los secuestradores lanzaron un ultimátum al Gobierno exigiendo el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco. El chantaje era absolutamente inaceptable. Cuarenta y ocho horas después, en torno a las cinco de la madrugada del día 12 de julio, los secuestradores asesinaron a Miguel Angel.

Su cuerpo fue descubierto aun con vida en las cercanías de Lasarte (Guipúzcoa), maniatado con un cable y con dos tiros en la nuca. Nada pudieron hacer los médicos y el joven concejal vizcaíno falleció a las 16 horas del día 13. España entera reaccionó con dolor y rabia. En Pamplona una multitud enfurecida, en plenas fiestas de San Fermín, trató de asaltar la sede de Herri Batasuna.

Arzallus se percató muy pronto de que la gigantesca marea de condena a ETA podría arrastrar al propio PNV y derribarlo del poder en las elecciones autonómicas del año siguiente. Para evitarlo negoció con ETA una declaración de “tregua unilateral indefinida”, que se hizo pública el 16 de septiembre de 1998. Cuatro días antes, los partidos nacionalistas PNV, EA y Eusko Herritarrok (que había sucedido a HB), IU y 19 organizaciones sociales y sindicales habían firmado la “Declaración de Lizarra(Estella), en la que se comprometían a emprender juntos el camino de lucha, con métodos pacíficos, por la “construcción nacional de Euskadi en las instituciones democráticas”.

Aunque en un primer momento el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó la iniciativa de ETA como una “tregua-trampa”, el Gobierno de José María Aznar aceptó entablar conversaciones con ETA. En mayo de 1999, en una localidad francesa se reunieron las delegaciones de ambas partes, sin llegar a ningún acuerdo. El 3 de diciembre del mismo año, ETA decidió reemprender la “lucha armada”. El 21 de enero de 2000 ETA asesinó en Madrid, mediante el estallido de un coche bomba, al militar Pedro Alonso Blanca.

Este acercamiento a ETA permitió al PNV mantenerse en el poder. En las elecciones de 1998, la suma del PP (16), PSE (14) y Unión Alavesa (2) daba 32 escaños. Les faltaban cuatro para alcanzar la mayoría absoluta. El PNV tenía 21 escaños. Su aliado natural. EA, había obtenido 6, por lo que no podían formar gobierno al sumar tan solo 27 sobre 75. La clave fue el apoyo expreso de los 14 diputados de Euskal Herritarrok, organización que nominalmente había sustituido a HB en las elecciones vascas. Juan José Ibarreche resultó elegido lehendakari, en sustitución de José Antonio Ardanza.

Los efectos de la alianza del aberzalismo “moderado” y del “radical” pronto se hicieron sentir. Rotas las relaciones con el Gobierno Aznar, que en las elecciones de 2000 había logrado 183 escaños en el Congreso de los Diputados, el año 2002, Arzallus decidió resucitar el espíritu sabiniano fundacional del PNV, claramente separatista, lo que le permitía establecer puntos de encuentro con la izquierda aberzale.

Sin embargo, el reencuentro con el mundo de ETA, aunque no fuera difícil de conseguir en el terreno ideológico, tenía serias dificultades derivadas de la rivalidad partidista, pues ni la banda criminal ni sus acólitos políticos y sociales estaban dispuestos a permitir que fuera el PNV quien recogiera los frutos de una larga lucha en la que los nacionalistas habían brillado por su ausencia.

A pesar de ello, Arzallus tendió la mano a ETA. Y así el 12 de julio de 2002, el PNV con el apoyo de Eusko Alkartasuna (Garaicoechea) e Izquierda Unida en el Parlamento vasco promovió la aprobación de una Declaración que suponía la defunción del Estatuto de Guernica y la pulverización del Pacto de Ajuria Enea. La Cámara de Vitoria acordaba “reconocer la existencia del Pueblo Vasco o Euskal-Herria, esto es, el reconocimiento del sujeto político como una realidad social y cultural común con identidad propia que pertenece por igual a los vascos y las vascas de los siete territorios”. Asimismo, se reivindicaba “el derecho a la libre determinación del Pueblo Vasco”, que “tiene derecho a ser consultado para poder decidir libre  democráticamente su status político, económico, social y cultural, respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político en el que éste se articula”.

Obsérvese la alambicada literatura política del nacionalismo. Todo son circunloquios para no decir lisa y llanamente: el Pueblo Vasco o Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación y, por tanto, a decidir libre y democráticamente, si quiere constituir una Nación independiente, que es la apuesta última del PNV, de modo que la consecución de este objetivo se convertirá en el objetivo prioritario del partido jelkide.


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