Opinión /

Ospa eguna; barra libre para el odio

Por Gustavo Galarreta 09 Septiembre, 2018 - 13:18

El autor analiza los actos organizados en Alsasua, donde el odio y los más bajos instintos se mezclan.

Cartel colocado en Alsasua contra la Guardia Civil. ARCHIVO
Cartel colocado en Alsasua contra la Guardia Civil. ARCHIVO

El pasado 1 de septiembre se celebró en Alsasua un día de reivindicación de odio hacia un colectivo; en este caso, hacia las distintas policías que día a día trabajan en Navarra.

Lo chocante y llamativo de estos actos es que, con gran difusión en medios de comunicación, cartelería por toda Navarra y, cómo no, en redes sociales, se incitó al odio a un colectivo. ¿Se imagina el lector? Un día de odio hacia las personas que conforman el Sistema Navarro de Salud, o hacia el colectivo de profesores del departamento de Educación.

Nadie permitiría semejante afrenta a los derechos de estos colectivos. Pues bien, parece ser que en Alsasua, con el silencio cómplice de quien gobierna en dicha localidad, no parece grave que se fomente el odio a quien está encargado de que se respeten los derechos de todos nosotros. No pretendo hacer de este artículo una disertación jurídica, pero, echando un vistazo a nuestro Código Penal, se puede observar como en él se reconoce el odio al diferente como un delito.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que los delitos de odio son actuaciones delictivas motivadas por la intolerancia, es decir, por prejuicios o animadversión hacia personas y colectivos que se estiman diferentes.

Aunque la existencia de estos delitos es tan antigua como la humanidad, su reconocimiento en el orden jurídico no comienza sino hasta hace pocas décadas. Hay que esperar al avance de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico internacional para que se señale el odio contra el diferente como causa singular que origina o motiva un delito.

En España, los delitos de odio vienen definidos, expresamente, en su tipificación como tales en el artículo 510 del Código Penal. En su preámbulo, la ley orgánica 1/2015 nos indica una nueva definición al delito de incitación al odio y a la violencia, estableciendo penas de hasta cuatro años de prisión para quienes “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

También se establece la misma pena para aquellos que “distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que, por su contenido, sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”.

Creo que, después de ver en todos los medios de comunicación lo que ocurrió en Alsasua y cómo los organizadores durante días dieron publicidad a los actos que en esa localidad se iban a realizar, lo citado anteriormente puede ser constitutivo de algún tipo de delito, pero eso lo tendrán que investigar la Fiscalía y los servicios jurídicos de le Delegación del Gobierno en Navarra, que, a la postre, es quien autoriza o no este tipo de actos.

Estos actos no son nuevos, ya que se vienen celebrando durante años atrás, siempre contra la Guardia Civil, pero desde el año pasado también la Policía Foral es protagonista de la ira de los intolerantes. Sin embargo, lo que más me duele es el silencio cómplice del Ayuntamiento de la localidad y de la señora consejera del Interior del Gobierno de Navarra. Estoy seguro al ver estos tres años de mandato de la señora consejera que, si este acto fuera, por ejemplo, contra el colectivo de bomberos navarros, reaccionaría en cuestión de segundos, pero como son nuestros policías, lo que hace es callar y mirar para otro lado.

El apoyo institucional es el pilar donde se sustentan los valores de quienes tienen como labor la de cumplir y hacer cumplir la ley. Todos los policías, vistan el uniforme que vistan, defienden los mismos intereses, y quien los dirige debería saber que, cuando se les ataca a ellos, se ataca a toda la sociedad.

Para terminar, me gustaría indicar varias reacciones de personas relevantes que, al ver en esas pancartas la figura de policías forales, han exclamado: "¡Pero si esos son los nuestros!", mostrando extrañeza ante el ataque de odio hacia la Policía Foral.

La Guardia Civil lleva en Navarra 174 años, en los cuales, con errores y aciertos, han trabajado por esta tierra, una tierra que vio nacer a su fundador, D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, nacido en Pamplona en 1803. Por eso, me extraña, y mucho, que algunos cataloguen como nuestros a unos y a otros, no.


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