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Opinión /

Reparar y abrir la pasarela de Labrit

Por Fermín Alonso 04 noviembre, 2020 - 22:57

Fermín J. Alonso es concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona.

Pasarela peatonal en la cuesta de Labrit de Pamplona (12). IÑIGO ALZUGARAY
Pasarela peatonal en la cuesta de Labrit de Pamplona (12). IÑIGO ALZUGARAY

La reparación de la Pasarela de Labrit debería ser uno de esos asuntos de ciudad que unen a toda la Corporación. Es un caso prototípico: un bien de la ciudad (una obra muy utilizada y multipremiada), con fallos de distinto tipo que ha de repararse, no debiendo ser el cliente, en este caso el Ayuntamiento, quien se haga cargo de los costes que deriven de ello. 

Sin embargo, todo se embarra y se complica cuando el objetivo no es reparar la estructura y reabrir el tránsito peatonal, sino utilizar el asunto políticamente. Todo se estropea cuando los asuntos pasan de la mesa técnica a una batalla entre siglas. 

Así sucedió con la pasarela, cerrada en el año 2016 y abandonada así hasta el final de la legislatura pasada. El objetivo de Bildu durante su breve mandato en la Alcaldía era tirar la pasarela, queriendo convertirla en un ariete contra la gestión de los anteriores equipos de Gobierno, como si derribando la pasarela derribaran también el innegable impacto positivo de las legislaturas de UPN en el Gobierno de la ciudad. 

Después de su paupérrimo balance de gestión, la oposición al pasado era lo único que les quedaba. 

Sin embargo, la legislatura terminó, la estrategia tuvo escaso éxito y los pamploneses desalojaron al cuatripartito de Asirón haciéndole pasar de 14 a solo 9 concejales. 

Pero el daño ya estaba hecho. Y el asunto emponzoñado.

Con la llegada de la nueva legislatura decidimos corregir el empeño de Asirón y compañía en no hacer una prueba de carga, que era el empeño en no conocer el estado real de una estructura que hasta ese momento sólo se había evaluado mediante cálculos e informes más o menos contradictorios. Cuestión de sentido común. 

Para ello, contamos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a través de su demarcación de Navarra, como Institución técnicamente solvente, imparcial, objetiva y de demostrado prestigio. Ésta, que entre sus funciones tiene la de elaboración de dictámenes y recomendaciones, ya había intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento durante la pasada legislatura para ofrecer sus servicios en beneficio de la ciudad en este asunto, aunque con escaso éxito.

En ocasiones, ni siquiera se les contestó. 

Este tipo de encomiendas es de hecho muy habitual y se utiliza para analizar distintas infraestructuras en todo el país: En Tarragona, Valencia, Murcia o Cáceres en estos últimos dos años, por ejemplo. El Gobierno de la Nación encomendó al Colegio, sin ir más lejos, el análisis de la Presa de Yesa el pasado septiembre de 2019.

El expediente de contratación a esta institución contó con informe técnico y jurídico positivos y se siguió exactamente el mismo procedimiento que se había utilizado en la pasada legislatura para la contratación de la ingeniería privada IDEAM. Sin embargo, el procedimiento que Bildu firmaba para derribar la pasarela, ahora lo recurrió.

La reciente resolución del TAN supone una llamada de atención sobre el procedimiento administrativo llevado a cabo, pero en ningún caso justifica una nueva llamada al derribo como Bildu pretende. De hecho, el Tribunal reconoce que el Colegio de Ingenieros es “un ente cualificado técnicamente al respecto, imparcial e idóneo para la emisión de ese informe”.

Muy al contrario, una vez conocidos los defectos reales de la pasarela es el momento de repararla para poder reabrir el tránsito peatonal entre el Casco Antiguo y el Ensanche, sin que ello suponga al final un coste para el Ayuntamiento.

Si no existe acuerdo con las empresas aseguradoras de la constructora, proyectistas o dirección de obra, las responsabilidades, y por tanto los costes, deberán dirimirse en los tribunales. 

Ante esta situación caben dos posibilidades: reparar la pasarela cuanto antes y pelear en los juzgados hasta el último euro de lo que el Ayuntamiento invierta en ello o esperar a que los tribunales decidan.

La segunda opción puede alargarse durante años, incluyendo recursos que podrían situarnos por encima de los 4 o 6 ejercicios. Todo ello sin existir garantía alguna de que las pretensiones municipales sean colmadas al 100%. Es decir, pudiera ocurrir que después de 6 años con la pasarela colgada y abandonada, los tribunales no obligaran a las aseguradoras al pago completo de la reparación.

No tiene, por tanto, lógica condenar a la ciudad a mantener cerrado durante tanto tiempo un paso peatonal tan utilizado. Igual que no tendría lógica no reclamar en paralelo todos los daños generados. De hecho, la absurda teoría de Bildu de tirar la pasarela y hacer una nueva tampoco estaría, lógicamente exenta incluso de mayores costes. 

Se trata de un asunto complejo y con innumerables aristas, pero el objetivo debe ser reabrir la pasarela a lo largo de 2021 y cerrar de una vez un capítulo que comenzó allá por 2016. Los ciudadanos no entenderían otra cosa. 


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