Pongámonos en situación. Imagine que tiene, por ejemplo, dos hijos. Uno tiene ya dos años y el otro tiene apenas 7 meses. Ambos están matriculados en una escuela infantil municipal.
- sábado, 20 de abril de 2024
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Pongámonos en situación. Imagine que tiene, por ejemplo, dos hijos. Uno tiene ya dos años y el otro tiene apenas 7 meses. Ambos están matriculados en una escuela infantil municipal.
Eligió esa escuela porque conocía el buen trabajo de las educadoras, porque le quedaba cerca de casa y podía llevarlos antes de ir al trabajo, sin tener que liar a abuelos u otros familiares, y porque el idioma era el que usan en casa, castellano.
Una mañana de febrero al leer el periódico se enteran de que el año que viene esa escuela, y dos más, cambiarán su modelo lingüístico y ofrecerán un proyecto de inmersión en euskera. Usted no tiene nada en contra del euskera, pero no lo habla y posiblemente forme parte del 96% del barrio que no exigía esa lengua al matricular a sus hijos en el ciclo 0-3. Sin embargo, el Ayuntamiento de Asirón sólo le da dos opciones: O pasa por el aro e inscribe a sus hijos en un proyecto exclusivamente en euskera o se larga a otra escuela.
Y usted, que a duras penas consigue conjungar ese verbo mágico en cualquier familia que es “conciliar”, ve cómo de la noche a la mañana (literalmente) unos señores han decidido en un despacho del Ayuntamiento que la educación que eligió para su hijos y el día a día de su familia van a tener que cambiar. Y como usted, 255 familias.
Unas, decidieron mantener a sus hijos en la escuela, otras abandonaron la red pública de educación 0-3, hubo quienes aceptaron cambiar de escuela y algunos, que por trabajo o porque no tienen ayuda de otros familiares, no podían organizarse para llevar a sus peques a otro centro, acabaron matriculándoles en el que ya estaban inscritos, pese a que serían íntegramente atendidos en un idioma que no hablan en casa y en el que no continuarán el resto de su recorrido educativo.
En concreto, más del 80% de los que se preinscribieron en las escuelas donde se impuso el euskera lo hacían en contra de su voluntad, según una encuesta realizada por las propias familias.
En medio, hubo un grupo de padres y madres que decidieron no rendirse y no bajar la cabeza ante una decisión injusta, sectaria e ilegal.
Suele atribuirse a Oscar Wilde una frase que en realidad es de Edmund Burke y que se ajusta a la perfección a este asunto: “Para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien no hagan nada”. Ellos decidieron actuar y enfrentarse a la imposición, sabiendo que muy posiblemente la solución llegaría cuando sus hijos ya habrían abandonado el ciclo 0-3.
Primero trataron de hacer ver a Asirón y a sus socios el perjuicio que creaban a niños de menos de dos años, algunos con necesidades especiales incluso, alejándolos de sus escuelas y sobre todo de los equipos humanos que les educaban día a día; intentaron que el euskera se incorporara progresivamente en esas escuelas, para así no perjudicar a nadie.
Después trataron de darle dimensión social al problema, sin importarles perder parte de su intimidad al hacer públicas sus demandas, ni recibir los injustos ataques de la maquinaria publicitaria nacionalista, que trató de enfrentarles a otras familias o dibujarles como títeres de la oposición, furibundos enemigos del euskera.
Llegaron hasta el Parlamento donde recibieron el desprecio de la hoy consejera de Educación, que defendió exactamente lo contrario a lo que dice ahora, después de la última sentencia.
Por último, no les quedó otra salida que acudir a los tribunales para detener el atropello. Lo hicieron jugándose sus ahorros, mientras que Asirón, tan republicano él, disparaba con pólvora del rey, pagando sus recursos con los impuestos de todos los pamploneses.
Sin embargo, poca escapatoria judicial le queda ya a una decisión que no se aprobó en base a ningún estudio de demanda, sino alimentada por el rencor y las obsesiones de Bildu y gracias a la indispensable colaboración de Geroa Bai, IE y Aranzadi/Podemos, que en euskera y nacionalismo no dudan en apoyar siempre al partido de Asirón.
La reacción del cuatripartito al completo a la última sentencia del TSJN deja a las claras el alma de un gobierno municipal que no sólo no ha reconocido ningún error, ni siquiera el daño causado a decenas de familias. Un mes después, siguen sin ni siquiera citar a los padres y madres que tuvieron que defender hasta en los tribunales los derechos de sus pequeños.
La chulería insensible de Asirón, reduciendo todo este largo camino a una exigua indemnización “si pueden probar el daño”, demuestra lo poco que le preocupan al alcalde el daño que sus dogmáticas decisiones tienen en los ciudadanos. En los ciudadanos que él estima que no le votan, claro.
Hace unas semanas, en un mitin del PSC, Josep Borrel dijo: “no puedo aceptar que cada vez que critico al independetismo me llamen facha. No puedo aceptar que consideren que los que no votan como ellos no son ciudadanos”.
Esa misma situación es la más grave de las consecuencias generadas por los cuatripartitos de Pamplona y Navarra. Solo unos, los suyos, tienen derecho a ser escuchados. Solo a unos les corresponde el título de “ciudadanía”, el resto son fachas y reaccionarios.
Si eres un vecino de la Chantrea/Txantrea que pide que tu barrio se escriba única y exclusivamente con TX, en lugar de en bilingüe, te hacen caso. Si eres un vecino de Pío XII que pide que el carril bici se implante en la avenida de otra manera, ni agua.
Si unos piden un edificio para jóvenes (exclusivamente de los suyos) en Mendillorri, se gastan casi medio millón de euros en construirles un edificio. Si eres una madre que pides que tu hijo de un año pueda terminar el ciclo 0-3 en la escuela infantil donde está matriculado, ahí te apañes.
Menos mal que sólo queda año y medio.
