En un Estado de Derecho como el español, no se puede, ni se debe, debatir sobre el Código Penal, ni cuestionar al Poder Judicial, como si se tratara de un musical de Broadway en el que bailamos al son que mejor nos suena.
Tendremos un verdadero problema en España, si no lo tenemos ya, si reconstruimos nuestro Estado de Derecho, nuestras leyes, al son de la batucada, teniéndola como única referencia, aunque ésta suene con fuerza y con ritmo, y arrastre a las masas como si tal flautista de Hamelin fuera.
No podemos caer en el engaño de legislar en caliente porque algunos se empeñen en ello, porque unos cuantos hayan decidido salir a la calle, hablar y escribir en los medios, presionar y perseguir a quienes dicen ser los responsables de su fracaso. Sí, del fracaso de quienes arengan las masas con el único fin de modificar aquello que nos les gusta, de obtener por la fuerza y la extorsión lo que las leyes no les permiten, de saltarse a la torera las normas que la sociedad nos hemos autoimpuesto, en definitiva, el orden y la ley.
El problema no es que no les guste lo que hay, que hasta yo mismo puedo coincidir en algunos casos. El asunto es querer conseguir lo que las urnas, y los votos, no les han otorgado, es decir, imponer su ideología (sí, de eso se trata, hablemos claro) y su justicia, a toda costa y al precio que sea, sin importarles el orden establecido y la separación de poderes que, por cierto, tanto airean. Porque ejemplos tenemos en los que, según el tipo de sentencias, si son de su música o no, permanecen callados y la escuchan, o gritan hasta reventarla.
No puedo pasar por alto las declaraciones del portavoz de Podemos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, al que no le tiemblan las piernas, ni se ruboriza, cuando afirma que “el Código penal debe ser modificado para que el sistema penal pueda expresar el reproche social que la mayoría inmensa está exigiendo” o que “hay que revisar la formación de juezas y jueces en materia de género y de derechos humanos” (Santos dixit).
Es decir, promueve un Código penal y unos jueces a medida de lo que la sociedad vaya gritando en cada momento, siempre y cuando, recordémoslo, suene la música que les guste. ¿Cómo entender si no la postura en contra de tantos grupos políticos frente a la Prisión Permanente Revisable? ¿Acaso no existe reproche social, en este caso mostrado con millones de firmas, que exige el mantenimiento de la misma e incluso su endurecimiento?
Qué pasa, ¿que no es ideológicamente su música? ¿O no le parece, como a la gran mayoría de los españoles, que 30 años de cumplimiento de cárcel de Santi Potros, asesino de 40 personas, son pocos, conforme a su sentencia de 3000 años, reducida por sus trabajos en prisión? Me da que la música les suena desafinada también en este caso.
Yo, tal y como define la Asociación Profesional de la Magistratura, abogo por “jueces que sean jurídicamente técnicos, socialmente imparciales, políticamente neutros y económicamente suficientes”, es decir, independientes. Eso es en lo que tenemos que trabajar y facilitar. Eso es lo que los partidos políticos, todos ellos, sin dejar de citar a ninguno, deben permitir y asegurar.
Estos días, echando una simple mirada a los periódicos, leemos noticias en las que el juez Llarena es increpado por independentistas en Gerona, el Tribunal Constitucional anula la Ley Foral de Víctimas de Violencia Policial y de Extrema Derecha aprobado por el Parlamento de Navarra, los taxistas negocian con Fomento mientras bloquean España entera, Juana Rivas es condenada por sustracción de menores, o se sigue recurriendo a la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra sobre la Manada o al caso Alsasua. En todas ellas el hilo conductor es el mismo, ha habido sentencias judiciales, ajustadas a derecho, no hay que olvidarlo, que algunos no sólo no comparten, sino que no aceptan (este es el gravísimo problema). Nuevamente el oído musical se tapona con según qué compases suenen.
Abogo claramente también por la crítica, ¡claro que se puede criticar!, es más, se debe, debemos, criticar todo aquello que no nos parezca bien. Pero nuestra crítica debe requerir un enfoque especializado, empírico, local y multidisciplinar. No podemos quedarnos única y exclusivamente con nuestros sentimientos y pareceres, con el populismo y rentismo electoral del momento, con la indignación contagiada y contagiante más simplona, con la música ruidosa que nos impide pensar serenamente y proponer soluciones a corto y medio plazo.
Nuestra crítica debe formarse sobre dos aspectos claramente diferenciados. En primer lugar, por el lado más mediático, que son las propias decisiones judiciales y, por otro, la propia ley que nos rige y nos ordena en nuestro Estado de Derecho, que es, no lo olvidemos, el “régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder” (Rae). A partir de ahí digamos qué es lo que no nos parece bien.
¿Que las decisiones judiciales, las sentencias, no son de nuestro agrado?, acudamos entonces al sistema de recursos y apelaciones estipulado, confrontemos argumentos, defendamos nuestra postura y aceptemos, ese es el meollo, nuestras reglas del juego y, por tanto, el resultado final. ¿Qué no estamos conformes con la redacción de la Ley? ¿Qué nos parece que no está al día y hay que cambiarla?
Acudamos a la fuente y que propongan los políticos, su debate, modificación y votación en el Congreso de los Diputados, y acepten, también, el resultado y las conclusiones finales. Todo lo que no sea así, cuenta con mi rechazo más absoluto.
Mi aplauso a la labor del poder judicial, a su doctrina, a su tarea de interpretación de la ley y a su aplicación, que es bien complicada en una democracia como la nuestra. Todo ello no puede, ni debe, estar sujeto a la música del momento ni condicionado por los criterios puntuales, emocionales e impulsivos de los ciudadanos. Mi elogio y admiración por su independencia, que a veces me agrada más que otras, pero que acato y acepto como manera de apoyar el Estado de Derecho en el que creo.
Sólo una cosa más. A quienes corresponda arreglar todo esto: ¡ojalá os pongáis a legislar!... y no os veamos legis -La la Land- o.
