Opinión /

Todo el peso de la ley frente al desafío independentista catalán

Por Editorial 11 enero, 2016 - 7:00

Rajoy advirtió de que adoptará todas las medidas necesarias para el respeto de la Constitución
 

Al mismo tiempo que el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se comprometía ayer a aplicar la declaración independentista que aprobaron el pasado 9 de noviembre Junts Pel Sí y la CUP, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometía que cumplirá con su obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de la Constitución ante el desafío soberanista. El imperio de la ley frente al ruptura unilateral de la legalidad.

Para el independentismo encarnado tanto por Junts Pel Sí como por la CUP la convocatoria de unas nuevas elecciones hubiera sido letal para sus pretensiones, de ahí que hayan alcanzado in extremis la investidura de Puigdemont, quien en su discurso se refirió a cinco ejes principales para esta legislatura: culminar el proceso en su fase participativa, ciudadana y asociativa, diseñar definitivamente las estructuras de Estado necesarias y "ponerlas a punto"; tramitar las leyes de transitoriedad jurídica y del proceso constituyente, e internacionalizar el proceso independentista.

Frente al desafío independentista, el Gobierno debe actuar con firmeza, aplicando todos y cada uno de los resortes y recursos legales a su alcance, que van desde la interposición por parte de la Abogacía del Estado de recursos de inconstitucionalidad ante resoluciones soberanistas del Gobierno o del Parlamento catalán, pasando por la aplicación del artículo 155 de la Constitución –que prevé la asunción de parte de las competencias autonómicas con el fin de obligar al cumplimiento de la ley a quien hubiere desobedecido, sea el Parlamento o el nuevo Gobierno catalán–, hasta la imputación de los dirigentes que desobedeciesen las sentencias del Constitucional por un delito de sedición, que castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones.

Solo con la ley, pero con todo el peso de la ley.


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