Una reforma insuficiente contra la corrupción

Entre otras novedades, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el lunes, dos meses después de su publicación en el BOE, establece límites para la instrucción judicial, ya que prevé un periodo ordinario de seis meses para la investigación de causas sencillas y de 18 para las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La ampliación del plazo puede ser solicitada por el fiscal y, en casos excepcionales, por otras partes personadas, pero no por el juez de instrucción.

Estos límites han sido cuestionados por la mayoría de asociaciones de jueces, que ven improbable poder acortar la investigación de causas tan complejas con los exiguos medios existentes en los juzgados. Y, además, recelan de la posibilidad de dejar en manos de los fiscales, que tienen dependencia jerárquica, la posibilidad de prorrogar las instrucciones.

Por otra parte, la reforma quiere acabar con las macrocausas con decenas de investigados. Para evitarlas incorpora un sistema que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción. Con esta modificación se pretende evitar que en el futuro haya sumarios como el de los ERE, Gürtel o Noos con decenas de encausados y años de investigación.

Pero estas reformas procesales no dejan de ser parches parciales. Mientras no se dote a los jueces de instrucción de personal especializado, como técnicos de Hacienda o peritos contables, así como de jueces de apoyo para el resto de las causas y de refuerzos puntuales de funcionarios, la persecución de la corrupción nunca será eficaz.