Una justicia paralela que no cabe en la Constitución

El Gobierno de la Nación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado marzo para el reconocimiento y la reparación de víctimas de actos violentos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Como era previsible y lógico, el Ejecutivo central no puede tolerar ni permitir que casos que nunca han alcanzado una sentencia condenatoria por los jueces y tribunales sean merecedores de resarcimiento e indemnización porque así lo decida una comisión administrativa de seudoexpertos creada ad hoc con carácter vinculante.

La ley foral, impulsada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por todos los grupos políticos menos por UPN y el PP, pretende reconocer y reparar a las víctimas de esta violencia afectados por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1951 y la actualidad. La norma equipara a las víctimas de grupos ultras y de actos violentos supuestamente perpetrados por policías y guardias civiles con las víctimas del terrorismo.

Como atinadamente objeta el Gobierno en su recurso, la ley foral atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación funciones relativas a la investigación de atentados, agresiones y torturas que la Constitución reserva a los jueces. En un Estado de derecho, la tutela judicial efectiva está atribuida única y exclusivamente a los juzgados y tribunales, quienes, con todas las garantías procesales y con el máximo respeto a la presunción de inocencia, son los únicos legitimados para sentenciar sobre las denuncias de torturas y demás vulneraciones de derechos.

Con este recurso de inconstitucionalidad el Gobierno central en modo alguno ofrece amparo e impunidad a determinados actos violentos, sino que con su presentación pretende evitar el establecimiento por parte de un ejecutivo autonómico de una especie de justicia paralela que no cabe en la Constitución.