Navarra.com informa hoy de que el Gobierno foral no recurrió en septiembre una condena al Servicio Navarro de Salud (SNS) de 209.569,51 euros para los familiares de una paciente que se suicidó cuando estaba ingresada en el Hospital de Navarra.
Y, ayer, también dábamos cuenta de la intención del Gobierno de Navarra de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló la mina de Zilbeti. En ambos casos se da una misma circunstancia: el beneficiado por el allanamiento del Ejecutivo de Barkos es el despacho del que formaba parte la abogada María José Beaumont hasta el pasado julio, cuando fue nombrada consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
En los dos casos llama la atención que la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra no mantenga una postura coherente con sus posicionamientos iniciales. Si en el asunto de la mina de Zilbeti mantuvo ante el TSJN la viabilidad del proyecto, en consonancia debería recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, tal y como ha anunciado que hará la empresa promotora, Magnesitas Navarra, que cuenta con dos centenares de trabajadores en la Comunidad foral.
Y, en el caso de la condena al SNS, chirría que los argumentos esgrimidos por los letrados del Gobierno de Navarra para oponerse a la reclamación médica –la ausencia de mala praxis médica y, subsidiariamente, una rebaja de la "desproporcionada" indemnización solicitada– no los hubiera reproducido en un recurso ante la Sala de lo Contencioso del TSJN.
No sabemos si nos encontramos ante dos supuestos excepcionales o, si por el contrario, el autodenominado gobierno del cambio mantendrá este mismo criterio ante las sucesivas sentencias y, entre sus directrices, incluye la orden de no recurrir todas las condenas económicas derivadas del deficiente funcionamiento de la administración.
