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Opinión /

Barkos y su nulo respeto a las resoluciones judiciales

Por Editorial 28 enero, 2016 - 8:00

A pesar de estar suspendida, el Ejecutivo va a continuar con los trabajos previstos en la ley de actos violentos de funcionarios públicos
 

A pesar de que el Tribunal Constitucional acordó el pasado día 19 la suspensión cautelar de la ley de reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de los grupos de extrema derecha y de los funcionarios públicos desde 1951, el Gobierno de Uxue Barkos ha decidido soslayar la prohibición y va a comenzar a trabajar en la elaboración de informes técnicos para la creación de un mapa de las víctimas. Con esta decisión, el ejecutivo navarro evidencia su desprecio hacia la separación de poderes y su nulo respeto a las resoluciones judiciales adversas.

La ley foral, impulsada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por todos los grupos políticos menos por UPN y el PP, equipara a las víctimas de grupos ultras y de actos violentos supuestamente perpetrados por policías y guardias civiles con las víctimas del terrorismo.

Al respecto, la ley navarra contempla la creación de una comisión administrativa de seudoexpertos que dictamine, con carácter vinculante, sobre supuestos atentados, agresiones y torturas que nunca han alcanzado una sentencia condenatoria en los tribunales.

En un Estado de derecho, como dijimos cuando el Gobierno central recurrió esta ley, la tutela judicial efectiva está atribuida única y exclusivamente a los jueces, quienes, con todas las garantías procesales y con el máximo respeto a la presunción de inocencia, son los únicos legitimados para sentenciar sobre las denuncias de torturas y demás vulneraciones de derechos.


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