Un gran pacto político por la educación a escala nacional es una preocupación que muchos tenemos, no solo por los informes internacionales que revelan el mejorable estado de salud de nuestro sistema educativo.
También preocupa por las malas previsiones demográficas y laborales. Según los datos recogidos por el informe Addeco sobre el futuro del trabajo en España, 9 de cada 10 expertos apuntan a que el desarrollo económico del país dependerá en gran medida de su capacidad para “generar conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores y de tener un liderazgo empresarial en I+D+i”. Sin embargo, los datos sobre inversión en I+D en España no son alentadores.
Nuestro país sólo ha dedicado en 2015 el 1,24% del PIB. Desde 2009 este porcentaje no ha dejado de caer y nuestro diferencial con economías como Francia o Alemania empieza a ser escandaloso. Además, es el sector privado el que sigue tirando
del carro de la innovación con el 53% del gasto, seguido por el 28% de las universidades y por último, de la Administración Pública que apenas alcanza el 19%.
Por otro lado, el 65% de los expertos en recursos humanos afirman que las nuevas tecnologías y la automatización destruirán tanto empleo como el que crearán. Por su parte, el Foro de Davos de este año 2016 concluía que la denominada “cuarta revolución industrial” destruirá más de siete millones de empleos en los próximos años, y que esta pérdida será compensada con la creación de dos millones de trabajos en áreas como la ingeniería, la matemática y la computación.
Con otros cinco millones de puesto desaparecidos y no compensados, los Estados tendrán que hacer frente a situaciones de desigualdad y de desequilibrio en el mercado laboral muy graves, que podrían tener consecuencias negativas importantes en el Estado del Bienestar actual.
En medio de este panorama, ni la Administración Pública ni instituciones con tanto arraigo como los sindicatos están dedicando muchos esfuerzos en dar la voz de alarma y liderar el cambio y reconversión del tejido laboral de nuestro país. A estos problemas hay que sumar otros como una pirámide de población invertida, la erosión en la hucha de las pensiones durante la útima legislatura, así como las debilidad de nuestro tejido empresarial y financiero para levantar cabeza de la crisis que ya dura ocho años.
Los políticos insisten en decir que todo se solucionará a base de consumo, pero con un panorama de sueldos menguantes y de impuestos y precios crecientes parece poco realista cimentar el crecimiento del país en la capacidad de gasto de las familias.
A la vez, hay ciertos riesgos en fiar todo nuestro potencial de desarrollo a una industria tan voluble como el turismo, que depende de cuestiones tan medibles como los ciclos económicos y de otras más intangibles o menos previsibles como el clima o las modas.
España está dejando pasar el tren de la competitividad sin hacer las reformas de calado que necesita para despegar, comenzando por la reforma de la Administración siguiendo por las pensiones, la legislación laboral y, por supuesto, el sistema educativo en su conjunto. No es creíble pensar que España será competitiva si no tiene un sistema educativo preparado para ello.
Quizá una de las metáforas que mejor explican el momento que actualmente vivimos en el panorama laboral y educativo es la utilizada por el prestigioso investigador en educación Mark Prensky, el cual se refiere a los profesores como científicos espaciales puesto que están investigando y formando cohetes. Estos cohetes son los alumnos de hoy en día y no son cohetes solo por la velocidad de aprendizaje, sino porque serán lanzados a lugares que ni siquiera podemos ver.
Por eso, a estos cohetes no les podemos dar “el combustible educativo del pasado, porque ese combustible no hace funcionar a los chicos de ahora”. Seguimos reclamando personas de Estado que piensen en las próximas generaciones y no políticos que solo estén en las próximas elecciones y en rifarse sillones, porque es el futuro de los ciudadanos y de nuestro país el que está en juego.
