Opinión / In foro domestico

Recursos inhumanos

Por Ángel Luis Fortún Moral 14 enero, 2020 - 8:39

A cualquier gobierno municipal no vasquista se le habría crujido a movilizaciones por mucho menos si hubiera despedido a un trabajador como el del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Sesión constitutiva de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Zizur Mayor con su alcalde Jon Gondán (Geroa Bai). MIGUEL OSES
Sesión constitutiva de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Zizur Mayor con su alcalde Jon Gondán (Geroa Bai). MIGUEL OSES

Hace unos días saltó a los medios (lo que no sale en prensa no está en el mundo) la noticia del despido de un trabajador del Ayuntamiento de Zizur Mayor porque, según el Ayuntamiento, no era posible readmitirlo en ninguna tarea dentro del Ayuntamiento, con las limitaciones derivadas de una incapacidad sobrevenida.

Hay algunas críticas obvias ante esta decisión. Por un lado, que la medida se adopte por uno de aquellos gobiernos del kambio que vinieron a enderezar todos los desmanes que, al parecer, los paletos navarros gestionábamos fatal. Al cabo del tiempo muestran sus miserias, más o menos como todos, aunque sigan sin reconocerlas; dicen actuar por responsabilidad, a pesar de aplicar exactamente los mismos recortes de derechos que tanto denunciaron en la oposición.

Por otro lado, la postura de los sindicatos. En este caso CCOO realiza la denuncia. Seguro que nada tiene que ver que esta vez es porque afecte a un Delegado. Seguro que no se enteraron de otro despido producido en octubre (claro, como no salió en medios), en ese mismo Ayuntamiento y también por dificultades en mantener las condiciones de trabajo.

La crítica es obvia: a cualquier gobierno municipal no vasquista se le habría crujido a movilizaciones por mucho menos. Y es que cuando hay interés político o sindical (que no laboral) entonces se forja la unidad sindical y lo que haga falta. Por el kambio, lo que sea.

Exactamente la misma dinámica del antivasquismo. Con tal de que no vengan los vascos, todo es válido. Ahora el apestado es la derechona. Y así se patrimonializan instituciones (partidos, sindicatos, gobiernos…). Luego se extrañan del alejamiento de la ciudadanía con esas instituciones. Claro.

Hay otro deterioro institucional sin color político específico. Se evidencia en la ligereza con que cualquier administración gasta de lo público. Al despedido se le pagará la indemnización correspondiente y fin. Con qué facilidad se suelta el dinero de todos. Claro, sin el temor de que llegue la Inspección de Trabajo que exija reincorporación y aplique la correspondiente sanción, como les ocurre a las empresas en el mundo real. Incluso si llegaran sanciones, ¿quién las paga?

Eso sí, los malos son los empresarios. Los explotadores. Los que despiden sin piedad. Porque un Ayuntamiento, como la inmensa mayoría de entidades con representantes políticos, puede fardar de decenas de actas con mociones y declaraciones institucionales apoyando la reinserción y adaptación de las personas con discapacidad. Por supuesto, también habrá unas cuantas mociones y declaraciones institucionales denunciando como indignas las reformas laborales que facilitan el despido objetivo por enfermedad.

En Zizur, hace cuatro años el actual Alcalde respondía a una pregunta sobre la política de empleo del Ayuntamiento para personas con discapacidad: “El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia incluye en muchos de sus pliegos de contratación cláusulas sociales.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la Administración será muy exigente con las empresas que concurran para contratos públicos. Les exigirán todos los requisitos legales. Y un huevo duro. Exigencia, pero para los demás, porque rara es la administración que cuente con un plan de integración de personas con discapacidad en sus plantillas orgánicas.

Las administraciones, en general, no son precisamente ejemplo de esfuerzos efectivos para que la sociedad avance en las condiciones de vida de todas las personas. Exigir, exigen. A veces, subvencionar, subvencionan. Pero hacer… para hacer, qué hagan otros.

Resulta que esas perversas empresas, en muchas ocasiones, no se pueden permitir un despido y tienen que reinventarse cada día para hacer frente a las mil y una exigencias administrativas que, a la menor, se imponen sin piedad por la Inspección con la correspondiente sanción. Igual que el Ayuntamiento que, como puede permitírselo, despide y no pasa nada.

Ese grave deterioro institucional pasa más desapercibido en el fuego cruzado de las confrontaciones partidistas. Es un deterioro que no sólo corresponde a los cargos políticos. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones (…) remover los obstáculos que impidan o dificulten (…) la libertad y la igualdad,” manda el artículo 9.2 de la Constitución. Y el apartado 3: “La Constitución garantiza (…) la responsabilidad (…) de los poderes públicos.”  Qué lejos de la realidad quedan los mandatos de la Constitución que las Administraciones desprecian con tanta frescura.

Porque a estas alturas, con las estructuras políticas municipales plagadas de asesorías y cargos de libre designación, puestos y puesticos, resulta increíble que un Ayuntamiento con capacidad económica suficiente, como Zizur Mayor, se declare incapaz, inútil, para adecuar un puesto de trabajo, incluso con la formación que se requiera, para una persona que presenta discapacidad. Tan increíble que roza el insulto.

Los acérrimos defensores de lo público se enrabietarán lo que quieran. Una vez más será la sociedad civil, el sector privado, quien demuestre la capacidad y el empeño necesarios para lograr el avance social y la superación de barreras y límites. Aunque el sueldo que corresponde a dicha labor, labor por mandato constitucional, se lo estén llevando los del sector público sin sudar la camiseta. De momento.


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