El Tribunal de Cuentas cifró en 107 mil millones de euros “los recursos públicos empleados o comprometidos entre 2009 y 2012”.
- miércoles, 24 de abril de 2024
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El Tribunal de Cuentas cifró en 107 mil millones de euros “los recursos públicos empleados o comprometidos entre 2009 y 2012”.
Otros informes elevan hasta 1’4 billones el dinero público destinado al rescate del sector bancario.
Pero el sector bancario también ha exigido esfuerzos a las economías domésticas, afectando directamente a decenas de miles de familias, decenas de miles de “casos aislados” en que están logrando dispersar los problemas derivados de la febril necesidad de las entidades bancarias.
Tal vez se olvidaron ya los “swaps”, aquel extraño producto bancario que obligó a miles de familias a reclamar ante los Juzgados, tras descubrir que el seguro que habían incluido en sus préstamos hipotecarios, en realidad era un producto de especulación que disparaba las cuotas.
Durante años las entidades de crédito retrasaron la devolución de miles de euros en cada caso, miles de euros que las familias afectadas pagaron de más en sus cuotas hipotecarias. Años de procesos judiciales, aislados e inciertos, porque ninguna administración lo consideró como un problema público de consumo. Ningún gobierno, de ningún color ni bandera, consideró la posibilidad de abordarlo desde sus respectivas competencias de defensa a los consumidores, a pesar de que se evidenció en los Juzgados que los “swap” se habían comercializado sin respetar las Directivas comunitarias de 2004/39, 2006/73 y 2008/10.
El siguiente capítulo de la odisea está por resolverse definitivamente, pero en Tribunales. De nuevo, las entidades bancarias han contando con el factor de la dispersión en casos individuales y de un prolongado espacio de tiempo para adecuarse a las exigencias. Tiempo que también ayuda a olvidar que no fue sólo una entidad la que embaucó a miles de ahorradores, al albur de los brotes verdes del 2009, bien con preferentes o bien con pomposas salidas a Bolsa.
Tampoco se consideró como un problema público de consumo, a pesar de las decenas de miles de “casos aislados” de ahorradores conservadores, incluso de colchón, destinaron el esfuerzo de toda su vida en operaciones de especulación financiera. Ni fueron dignos de una defensa pública de sus derechos e intereses. Reclamaciones una a una se traducen en devoluciones de poco en poco: “al merme”.
Otra secuencia comenzó el 14 de marzo de 2013, cuando se conoció una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No era la primera vez que este Tribunal se pronunciaba sobre la nulidad de las cláusulas bancarias abusivas, pero la repercusión mediática de esta sentencia sirvió para tomar conciencia de esta realidad.
Ante el riesgo de nulidad de centenares de miles de desahucios se aprobó la modificación de varias leyes, en tan sólo dos meses. El objetivo de la Ley 1/2013 se expresa con claridad en la Exposición de Motivos: “se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución”. De este modo, las entidades bancarias podrían seguir y siguieron con los desahucios.
El 12 de junio de 2014, el TJUE declaró que la modificación del procedimiento de ejecución vulneraba la Carta Europea de Derechos Humanos. Enseguida se legisló y el 7 de de septiembre ya estaba en vigor otra modificación legal. Y aunque el 29 de octubre de 2015, el TJUE declaró que la modificación “no garantiza el ejercicio efectivo del derecho”, se mantiene la misma dinámica judicial: que cada uno se defienda como pueda.
El pasado 17 de abril (2016) el TJUE recuerda que “la Directiva 93/13 impone expresamente a los Estados la obligación de establecer que tales cláusulas «no vincularán al consumidor»” y “la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”.
Parece claro el criterio del TJUE. Pues, a pesar de ello, el desequilibrio de las cláusulas bancarias todavía se sigue tratado como un problema privado que se afronta individualmente, aun cuando la decisión sea adherirse a una demanda colectiva. Cada familia decide si está dispuesta a afrontar un proceso judicial, asumiendo el coste de iniciarlo si no tiene derecho a justicia gratuita (ahora al menos ya no hay tasas). Y sólo para reclamar que cese la aplicación de cláusulas abusivas y, tal vez, que se les devuelva lo que pagaron de más. Por supuesto, mientras se resuelve el proceso debe seguir pagando. Más procesos judiciales y más tiempo.
A diferencia del rescate financiero, donde el Tribunal de Cuentas ha anunciado un nuevo informe que incluirá con mayor exhaustividad todo el periodo 2008-2015, resultará casi imposible determinar el esfuerzo exigido a las familias en millones de procesos judiciales, por la permisividad de los poderes públicos ante los desequilibrios de los que ha conseguido aprovecharse el sector bancario para tratar de sortear esta crisis.
