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Opinión / In foro domestico

Disparidades que nos cuestan dinero (89 mil €/día)

Por Ángel Luis Fortún Moral 01 marzo, 2021 - 10:25

"En Europa no terminan de entender que el funcionamiento de la Administración dependa tanto del pulso político", expone Ángel Luis Fortún.

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 3 de diciembre. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros Presupuestos desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en 2018, y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo de once formaciones que alcanzan 189 diputados, lo que supone el 54% de la Cámara Baja.
3 DICIEMBRE 2020;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;PGE;PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOO;GOBIERNO;POLÍTICA;PP;PSOE;PODEMOS;VOX
E. Parra. POOL / Europa Press
3/12/2020
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 3 de diciembre. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros Presupuestos desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en 2018, y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo de once formaciones que alcanzan 189 diputados, lo que supone el 54% de la Cámara Baja. 3 DICIEMBRE 2020;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;PGE;PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOO;GOBIERNO;POLÍTICA;PP;PSOE;PODEMOS;VOX E. Parra. POOL / Europa Press 3/12/2020

Mientras el coro de gobiernos nacional y autonómicos tratan de embelesarnos con los 11.000 millones que siempre parecen a punto de llover desde Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión acaba de multar al Reino de España con 15’5 millones, más 89.548’20 euros por cada día en que se retrase la aplicación de la Directiva 2016/680, aprobada el de 27 de abril de 2016.

En España, enredados en nuestras cosas, no hemos debido encontrar tiempo, durante 5 años, para incorporar una Directiva que exige implantar en el sector público el mismo nivel de protección en el tratamiento de datos personales que se exige al sector privado.

Las excusas variadas que se han dado para justificar este prolongado incumplimiento van desde la imposibilidad de lograr una mayoría suficiente para aprobar una ley orgánica (¿es imprescindible?) hasta las dificultades de funcionamiento de las instituciones españolas por un largo periodo de gobiernos en funciones tras la moción de censura, incluso desde la última mayoría absoluta.

Pero en Europa no terminan de entender que el funcionamiento de la Administración dependa tanto del pulso político. Que la actividad de las administraciones sea incapaz de incorporar las exigencias de control en el tratamiento y protección de datos si no lo decide el político de turno. No se explican que en un Estado de Derecho el cuerpo de funcionarios públicos resulte incapaz de aplicar soluciones técnicas que al menos permitan iniciar la implantación de los principios de la Directiva en el día a día de la Administración.

Y es que en el periodo 2012 a 2017 España encabezó la lista de países sancionados por la UE, llegando a pagar el 70% del total de sanciones recaudadas por la Comisión en 2015 y 2016. Por eso, lo de que nos ha pillado en un mal momento, sencillamente, no es creíble.

Por supuesto, la clase política resulta absolutamente incapaz de llegar a acuerdos y mirar más allá de sus exigencias electorales. La Administración del Estado ha podido verse influida por la falta de formación de un gobierno nacional, pero en estos años casi todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales han funcionado con normalidad. ¿Qué explica que en este ámbito no se haya adoptado ninguna medida para poner en marcha, en su estricto ámbito de competencia, el sistema de protección que exige la Directiva. Pues ni eso. Como si en Europa se chuparan el dedo.

El caso es que unos por otros, dejarlo para el último momento o vaya despiste no haberlo incluido en ninguna de las negociaciones, el resultado es una multa que tiene pinta de acabar siendo muy abultada. Porque, a día de hoy, no se conoce ni plan, ni previsión. Es más, en lugar de encargar informes o propuestas de implantación en cada área de las distintas administraciones, para acotar dónde se precisa de más regulación y recursos y dónde podría implantarse con cierta rapidez y acreditar cierto grado de cumplimiento, la decisión a la española, como no, es esperar a que se apruebe una ley orgánica (tampoco se conoce borrador alguno).

En la última multa, que se conozca, hace casi un año, el Consejo de Ministros aprobaba un reparto del pago de la multa por incumplir las exigencia europeas sobre tratamiento de aguas residuales. La multa fue de 12 millones más 10’33 millones por trimestre de retraso, que se empezó a pagar en 2019. Se trató de repercutir en las administraciones que no cumplen la Directiva. Ayuntamientos de Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana). Un año después sigue sin cumplir, así que se seguirán pagando. Como si nos sobrase el dinero. Total, se van a recibir 11 mil millones. Dicen.

La del 25 de febrero no será la última multa que reciba el Reino de España. Hay otros 11 expedientes sancionadores muy avanzados en su tramitación que pueden supones muchos cientos de millones de euros a pagar en los próximos dos años. Es una breve reseña del coste concreto de la irresponsabilidad pública.

Niveles de contaminación del aire, protección de hábitats naturales, prevención y protección contra inundación y objetivos de eficiencia energética, son cuatro expedientes por incumplir exigencias medioambitentales. Recuérdenlo cada vez que vean a nuestros representantes públicos lucir uno de esos brillantes y coloridos pin de la Agenda 2030.

Otros tres expedientes referidos al trato que reciben los ciudadanos de la UE en el ámbito tributario, discriminatorio y desproporcionado según las autoridades comunitarias. Otros dos expedientes, uno referido al control y transparencia en los contratos públicos y otro por la benevolencia de la legislación penal española con la corrupción privada y el abuso de mercado. Otro expediente por incumplir las obligaciones UE sobre control de adquisición y tenencia de armas de fuego,  y otro más por el abusivo régimen de vacaciones, descansos, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil.

Se suele sacar pecho político nacionalista por los representantes de la Comunidad en la Unión Europea. Navarra lo ha tenido durante décadas, con distintos carnés políticos. La CAV tiene incluso cauces de interlocución directa y permanente, mientras que Catalunya tiene hasta un President fallido paseando por todos los foros que le quieran escuchar. Ningún medio español cuestiona que la ministra Calviño tenga mucha ascendencia en la UE y todo el mundo espera que eso sirva para que lleguen más ayudas comunitarias. A nadie, ni a la propia Ministra, se le ocurre advertir de que en la UE también tienen en cuenta los cumplimientos, es más, las ayudas cada vez se vinculan más a objetivos concretos. Sigamos esperando la lluvia.

Años de desencuentros y disparidades partidistas, que impiden concretar ninguna medida de estado, ni siquiera para evitar sanciones y posible pérdida de ayudas. Ni siquiera para impedir que se vayan por el sumidero cientos de millones, o que no lleguen. Desacuerdo total salvo en dos cuestiones en que coinciden todos los partidos, sin querer queriendo: creerse que podrán apañar su particular recuperación económica con el maná comunitario y callarse, taparse las vergüenzas de sus irresponsables enfrentamientos y dejadez. ¿Quién debe pagar la multa por que ni una sola de las Administraciones públicas, gobernadas por partidos y coaliciones de todos los colores y olores desde el año 2016, haya sido incapaz de cumplir con la Directiva de protección de datos? Pues parece que este 2021 recibirán un 0’9% más en sus nóminas. Toma premio por seguir incumpliendo. A 89.548’20 euros por día.

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