Ha tenido que venir el TSJN a decirle al gobierno de Navarra lo que todos ya sabíamos, que su Ley Orgánica de Educación hace aguas hasta tal punto que incluso apunta hacia una posible inconstitucionalidad.
Y digo que esto ya lo sabíamos todos y sobre todo los socialistas, porque el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la enseñanza diferenciada que fue rechazada por el alto tribunal en sentencia 31/2018 del 10 de abril de 2018. En dicha sentencia se afirma de manera inequívoca que la educación diferenciada no supone en absoluto discriminación alguna por razones de sexo y que discriminarla desde las instituciones resultaría inconstitucional.
Ya durante la campaña mediática que el gobierno de Navarra y los partidos que lo sustentan realizaron para poder hacer firme la norma que impedía concertar a los centros de enseñanza diferenciada, se utilizó de manera insistente y equívoca el término “enseñanza segregada”. Dado que la “enseñanza diferenciada” no presentaba problema alguno, quisieron ganar la batalla semántica intentando confundir el término utilizando “segregada”.
Segregar es lo que hicieron algunos norteamericanos con las personas de raza negra, o los nacionalistas vascos con quienes no lo eran. Porque “segregar”, según la RAE, es separar y marginar a alguien por motivos sociales, políticos…
Por el contrario, “diferenciar” según la RAE es hacer distinción, conocer la diversidad… Así pues, los centros educativos que el gobierno de Chivite ha intentado castigar y ha conseguido perjudicar, reconocen la diversidad de los sexos desde hace ya muchas décadas, algo que sorprendentemente están empezando a descubrir los dirigentes de Podemos y compañía.
Pero como digo, esto ya lo sabían quienes nos gobiernan y lo conocían incluso de primera mano, no sólo por tener informes técnicos que desaconsejaban aprobar dicha norma, no sólo asimismo por existir ya una sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la discriminación a dichos centros educativos… es que resultaría muy natural que un miembro del gobierno, por muy socialista que lo fuera, no quisiera lo mejor para sus hijos y desde luego que seguro que no elegiría para ellos un centro en el que se educara en la segregación y que incluso mereciera el rechazo y el castigo de su propio gobierno.
Pero entonces, si el Gobierno de Navarra ya sabía que la norma que estaba dictando, que las amenazas a los centros de enseñanza concertada eran injustas a todas luces, ¿cómo pudieron aprobar dicha norma? ¿con qué soporte jurídico o de justicia obligaron a dichos centros a cambiar su modelo?
Pero hay más. Los ciudadanos tenemos perfectamente asumido que si cometemos una infracción o realizamos una acción indebida deberemos de pagar por ello, y en muchas ocasiones poniendo dinero de nuestro bolsillo. ¿Por qué entonces los políticos no pagan de su bolsillo las consecuencias de sus errores cuando estos vienen precedidos de informes técnicos y/o sentencias judiciales contrarias que desaconsejan firmemente tomar esa decisión errónea?
Que Asirón se saltaba la ley a la torera y plantaba una ikurriña donde no correspondía o exigía el euskera donde no tocaba estaba a la orden del día. Y si estaba avisado, que lo estaba de la ilegalidad de sus actos… ¿por qué hemos tenido que ser el conjunto de los ciudadanos quienes hayamos pagado de nuestro bolsillo siempre sus akelarres y desvaríos particulares?
Desconozco si los centros afectados por la norma sectaria y segregadora del gobierno de Navarra reclamarán económicamente los numerosos daños y perjuicios ocasionados, pero si así ocurriera ya sabemos que habremos de pagar justos por pecadores.
Punto y aparte pero no menos importante es el grave perjuicio que se les ha ocasionado a algunos centros educativos así como a los padres y niños en ellos escolarizados. Se les ha obligado a modificar planes, estructuras humanas, de equipos… y todo por una cuestión claramente partidista e ilegal. ¿Y ahora qué señora Chivite? ¿Cómo va a resarcir a estos centros? ¿Les va a pedir disculpas por las amenazas y acusaciones vertidas sobre ellos a principio de este curso? ¿O sus actos de gobierno no tienen consecuencias?
Probablemente los ciudadanos agradeceríamos mucho más que en vez de aprobar leyes sectarias y discriminatorias, en vez de estar inventando leyes que ayuden a salir de las cárceles a los depredadores sexuales, nuestros gobernantes se dedicaran a solucionar los numerosos problemas que ya tenemos y no a crear problemas donde no los hay. Y si ya de paso se hacen económicamente responsables de sus actos, como hacemos los demás, con toda seguridad ciertos políticos amigos del populismo y del sectarismo se tentarían la ropa un par de veces antes de tomar ciertas decisiones.
Por que de eso va precisamente la política, de facilitar la vida a los ciudadanos, a todos, y no de perseguir a quienes piensan diferente.
No quiero finalizar este artículo sin mencionar a la hispanista sueca Inger Enkvist que, invitada hace unas semanas por Sociedad Civil Navarra a nuestra capital, afirmaba entre otras muchas e interesantes cuestiones que en los países del norte de Europa ya se les había pasado esa concepto light y desdibujado de educación en el que estamos sumidos los españoles. Que ellos ya habían pasado por esa fiebre populista, que todavía siguen sufriendo sus tremendas consecuencias y que ya están de vuelta de semejante desatino.
Es curiosamente en los países del norte y centro de Europa así como en EEUU, dónde más se valora y está creciendo la educación diferenciada. Porque lejos de segregar, lo que hace es adaptarse de manera mucho más personalizada a los alumnos y alumnas consiguiendo mejores resultados en todos los ratios.
Pero claro, aquí estoy hablando de educación, de trasmitir espíritu crítico, de libertad… y eso para algunos es simplemente inaceptable y le llaman segregar, y lo persiguen con leyes ilegales e injustas. Pero los ciudadanos sabemos diferenciar, que no les quepa duda.
