El castellano o español es un lenguaje muy curioso pero rico en significados. Según el contexto en la que se encuentre, una sola palabra puede señalar cosas distintas y por el contrario, varias palabras vienen a significar lo mismo.
Es en este segundo concepto en el que me gustaría profundizar. Pongamos un ejemplo. Las palabras a analizar son “privatizar” y “externalizar”. Todo esto viene porque en Tudela parte del servicio de dermatología se va a “externalizar” para aliviar las abultadas listas de espera. Nada que objetar. Creo en utilizar todos los recursos disponibles en la sociedad para dar una sanidad de calidad y a tiempo.
Eso sí para definir “poner bajo la explotación, administración y gestión del sector privado servicios públicos” se utiliza una u otra denominación. Palabras diferentes donde lo que cambia es quién lo dice, cómo y el momento de la historia. Todo depende del cristal con que se mire. Y lo más interesante es que nadie pone el grito en el cielo.
Soy un enamorado de la gestión sanitaria, tal vez porque he estado casi siete años trabajando en ella, primero en la sanidad privada y más tarde en la administración pública por lo que creo conocer algo su funcionamiento, tuberías y recovecos. En estos últimos años llevo viendo y leyendo noticias, denuncias y críticas pero también abrazos y defensas de nuestro querido hospital comarcal Reina Sofía de Tudela.
Yo siempre estaré en lo segundo. Lo que sí me resulta curioso es que lo que antes era horror y destrucción ahora parece que va a la perfección. Creo que ni lo uno ni lo otro. Me explico. Hoy es una realidad que la falta de médicos especialistas está poniendo en serios apuros la asistencia sanitaria en Tudela. Pediatría, anestesia, traumatología, dermatología y cardiología son algunos de los servicios cuya carencia está provocando aumentos paulatinos de las listas de espera y atascos en servicios asistenciales básicos. En estos casos, quizás el problema esté originado, más que en un defecto de la oferta de profesionales, en los procesos de contratación, la estabilidad de los puestos ofrecidos y sus condiciones.
Durante estos 32 años, se han ido incorporando nuevos servicios asistenciales y modernizando instalaciones en el Reina Sofía. Últimamente, hemos tenido la fortuna de ver ponerse en marcha la nueva área quirúrgica que, aunque fue planificada y construida en las dos legislaturas anteriores, ha sido en los dos últimos años cuando hemos empezado a disfrutar de forma plena. Lo mismo con la sala de quimioterapia.
Sin embargo, a pesar de ello, hay asignaturas pendientes que hacen que los riberos sigamos estando con un nivel de oferta asistencial inferior a otras zonas de Navarra y que afecta particularmente a colectivos de pacientes muy delicados. Me estoy refiriendo al área de oncología.
La incidencia del cáncer en la población, el grado de complejidad de los tratamientos y la protección radiológica que ofrecen los aceleradores lineales frente a otro tipo de tecnologías más antiguas son razones suficientes para que las más de las 100.000 personas que vivimos en la Ribera de Navarra tengamos acceso cerca a este tipo de equipamiento asistencial. Deberíamos hacer cumplir las recomendaciones de la comunidad científica oncológica que considera que la duración máxima del desplazamiento “puerta a puerta” para estos tratamientos no deben superar los 45 minutos.
Visto está que no se cumple. Destacar que en Pamplona hay 6 aceleradores (entre públicos y privados) y en Tudela ninguno. No pido que aquí estén todos los servicios que hay en Pamplona pero si el Gobierno de Navarra nos va a aplicar el criterio de población debe saber que hay personas que tienen que desplazarse en unas condiciones que no son las más adecuadas. Tener radioterapia y un acelerador en Tudela evitaría los largos desplazamientos que los pacientes deben realizar actualmente para recibir en Pamplona el tratamiento terapéutico necesario.
La excusa de que no da el ratio poblacional no es suficiente. La gran mayoría de los riberos consideramos que debe priorizarse el gasto público en materia de salud. Ahora el Gobierno de Navarra tiene una oportunidad de oro para trabajar en esta línea con esos 215 millones que ha recibido del Estado por compensación de lo aportado.
No quisiera finalizar sin hablar sobre un tema muy preocupante y que me vienen diciendo estos días varios trabajadores sanitarios de la zona. Se basaría en la existencia de una Lista de Rechazo de Centro Alternativo. Me explico. Esto significa que aquellas personas que están en lista de espera para una operación, son llamadas para ser intervenidas en la sanidad privada de Pamplona y rechazan ir allí, se incorporan a este otro listado. ¿Qué supone? que sin saberlo sales de la lista de espera oficial y todo el tiempo que estabas esperando por la operación se desvanece.
En definitiva, que vuelves al inicio, a la casilla de salida. Desapareces de los números. Aún me dicen con rubor que solo los que se quejan con cierta vehemencia o ponen una reclamación vuelven a la lista oficial. Si esto es así alguien debería rendir cuentas por esta tergiversación del sistema y sobre todo por el engaño realizado. Si alguien acepta mi consejo y está en esta situación, en el momento que le indiquen la derivación a otro centro y no acepte, que solicite una comunicación por escrito en donde le señalen el tiempo de espera que tendría en el Hospital de Tudela. Además la gente debería saber que si la enfermedad empeora en el tiempo de espera, en virtud del retraso ocasionado por haberse negado a ser operados en un centro privado, tiene derecho a pedir una indemnización económica.
El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, una ley que suponía la materialización efectiva del derecho a la protección de la salud reconocido por el artículo 43 de la Constitución. Con esta Ley como piedra angular, los españoles hemos ido construyendo durante estos años un sistema de salud apoyado en cuatro pilares fundamentales e irrenunciables: el carácter universal del derecho a la salud; la alta cualificación de los profesionales y la amplia cartera de servicios; la garantía de que todos los españoles reciben la misma atención, independientemente de su lugar de residencia; y la financiación a través de los impuestos de los ciudadanos. Me gustaría, en definitiva, que todos en todo momento defendiéramos estas directrices y no sólo en ciertas circunstancias temporales en las que tal vez parezca existir otro tipo de intereses.
