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Blog / Cartas al director

La amarga realidad de la Policía Foral

Por La voz de los lectores 08 octubre, 2021 - 19:27

Texto firmado por Santiago Arraiza  y Javier Tarazona, de la Agrupación de Policía Foral (APF) y CSIF -SPF, respectivamente. 

Agentes de la Policía Foral vigilan la entrada al Parlamento de Navarra donde se está celebrando una sesión plenaria, en Pamplona. Eduardo Sanz / Europa Press
Agentes de la Policía Foral vigilan la entrada al Parlamento de Navarra donde se está celebrando una sesión plenaria, en Pamplona. Eduardo Sanz / Europa Press

El pasado martes, 5 de octubre, en una comparecencia en el Parlamento de Navarra, el señor consejero de Presidencia, Función Pública e Interior se otorgó una nota de 9 sobre 10 en el desempeño de sus funciones al frente de tan vasto departamento. Y seguramente no se puso el 10 porque, como decía aquel, el 10 es para Dios. Ya en esa comparecencia parlamentaria, hubo grupos que le alertaron sobre tal autocomplacencia y le invitaron a aterrizar, tal y como acontecía en la Antigua Roma, cuando un general desfilaba victorioso por las calles y un siervo le recordaba su condición de mortal para que no incurriese en la soberbia. Bien, desde la Comisión de Personal de Policía Foral hoy queremos contribuir a ese memento mori de nuestro consejero e informar a la opinión pública de la situación real que estamos viviendo, que continuamos viviendo, en nuestra organización.

Quizás no recuerde el lector que el pasado 20 de noviembre de 2018 se aprobó la ley 23/2018 de Policías de Navarra. Tras dieciocho meses de trabajo, estudios y negociaciones, esta ley contó con el apoyo del 80 % de los policías forales en un referéndum convocado al efecto, y, lo que acaso sea más importante, con el apoyo de los grupos parlamentarios de UPN, Bildu y Geroa Bai, que entonces sumaban 35 parlamentarios. El PSN, por su parte, decidió abstenerse con sus 11 parlamentarios. Fue aquella una decisión sorpresiva y sorprendente, pues en la intervención de su representante solo se escucharon loas al texto de ley.

Sin embargo, lejos de ser el punto y final al trabajo, la aprobación de la Ley 23/2018 significaba el inicio de nuevos desvelos. Como ya sabemos todos, las leyes se desarrollan y articulan en normas de inferior rango, en reglamentos, y la ley obligaba al Gobierno de Navarra para que en el plazo de un año dictara «las disposiciones necesarias para su desarrollo reglamentario, en particular las referidas a las materias de formación, provisión de puestos de trabajo, segunda actividad, y jornadas, horarios y retribuciones». Ahí es nada. Además, en la Disposición Transitoria Primera, se establecía «que el nuevo régimen de jornadas, horarios y retribuciones será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019». Sí, han leído bien, 1 de enero de 2019.

¿Y sabe el lector qué se ha hecho en todo este tiempo, después de más de dos años de legislatura? Efectivamente: nada. Absolutamente nada. De manera flagrante, incluso descarada, el señor consejero y su equipo —en el que por supuesto incluimos a la directora general de Interior, la señora Amparo López Antelo—, han faltado a los compromisos contraídos con los policías forales, incumpliendo el cronograma de trabajo que, allá por el mes de marzo de este año, después de unos cuantos muletazos a los sindicatos, nos remitían con los diversos hitos que jalonarían ese desarrollo pendiente. A estas alturas de la película, por ejemplo, debería conocerse el dictamen del Consejo de Navarra sobre el Reglamento de Jornada y Retribuciones, si bien el texto ni se ha entregado aún a la representación sindical para la presentación de alegaciones. Otros asuntos, tales como el Reglamento de Comisiones de Servicio e interinidades, o la simple modificación de una orden foral por la que se regula el vestuario de paisano, que, según esos cronogramas, ya deberían estar vigentes desde agosto de 2021, siguen durmiendo el sueño de los justos.

Y acabamos. Lamentamos tener que comunicarles al consejero y a la directora general de Interior que el clima laboral en Policía Foral resulta cada vez más asfixiante, y que el personal no da más de sí. Aparte de la inseguridad que supone carecer de toda esa normativa legal —tan fundamental para gestionar los recursos humanos disponibles— el colectivo al que representamos está soportando una enorme carga de trabajo. A este respecto, puede verse el Informe de Criminalidad 2020, donde se acredita que, con 1077 policías forales —el 26,9% de los efectivos presentes en Navarra—, sacamos adelante un 45 % del tajo policial. Y este trabajo lo realizamos en unas condiciones laborales y retributivas que distan mucho de las que gozan las policías locales, la Policía Nacional o la Guardia Civil, ahora que se habla de esa pasarela que establece la misma ley 23/2018. Por otro lado, el adelanto de la edad de jubilación es, sin duda, una espina que se clava cada vez más hondamente en nuestra organización, cuando vemos que todas esas policías tienen reconocido un derecho que a nosotros se nos niega.

Tanto el señor consejero, como la directora general de Interior, han conocido la excelente disposición de esta representación sindical para trabajar y colaborar en la resolución de los problemas que nos aquejan. Pero mal vamos si, como está sucediendo en estas últimas semanas, ni se dignan a respondernos a las peticiones de reunión que les hemos realizado. Por todo ello, estamos seguros que el señor consejero, como representante sindical que fue en su momento, entenderá que nos sintamos engañados, decepcionados y, claro es, cabreados. También que quedamos a la espera de una pronta respuesta que, eso sí, no se ampare en la retórica política, la ambigüedad o la dilación. Porque no podemos esperar más. Porque ha llegado el momento de la verdad, de los hechos.


 

Texto enviado por Santiago Arraiza  y Javier Tarazona, de la Agrupación de Policía Foral (APF) y CSIF -SPF, respectivamente. 

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