El terrorífico secesionismo catalán

El Club de los Viernes, mediante la campaña “Som 47 milions – Somos 47 millones” manifiesta su absoluto rechazo a la convocatoria del pseudo-referéndum secesionista en Cataluña, por considerarlo no solo ilegal, sino atentatorio contra las libertades civiles del conjunto de ciudadanos españoles y muy especialmente contra las de aquellos que actualmente residen en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La ley es nada más, y nada menos, que un instrumento de convivencia humana que facilita las relaciones de los integrantes de la sociedad, pues impone reglas y límites que deben ser respetados por todos sus integrantes. 

La Constitución Española es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Aprobada en referéndum por la inmensa mayoría de los españoles, entre ellos más del 90% de los ciudadanos de Cataluña, en el artículo 2 ratifica que:

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” 

En el artículo 92,  también se contempla la posibilidad de elaborar un referéndum en el que se consulte a todos los españoles: 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Lo más terrorífico del proceso secesionista de Cataluña es que el sistema institucional catalán, cuyo poder emana de la propia Constitución Española, promueva saltarse el ordenamiento jurídico vigente. Es surrealista que los representantes de esa legalidad lleven años enviando el mensaje que van incumplir las leyes para conseguir sus objetivos políticos. En esta situación, ¿por qué no podemos los ciudadanos incumplir la ley tal y como propugnan los poderes públicos que nos representan? ¿En este supuesto si es legítimo aplicar los recursos coercitivos del Estado contra los ciudadanos? 

El fin no justifica los medios, más aún si tenemos en cuenta que hay vías establecidas para cambiar la Constitución, siguiendo el procedimiento establecido en el Título X (artículos 166 a 169) de la Constitución Española, donde se contempla su reforma. 

En la Constitución Española se contemplan tanto la reforma de la Constitución, como la celebración de referéndum consultivos. La única forma de asegurar que estos procedimientos son democráticos, limpios, imparciales y fiables es cumpliendo con la legalidad.

El único escenario que no es aceptable es saltarse la ley y dinamitar la convivencia entre los ciudadanos, bajo este principio no es posible la democracia. Que quienes han sido elegidos para representarnos se sitúen por encima de la ley, en nombre de una supuesta “voluntad popular”, es propio del despotismo. ¿De verdad queremos esto para Cataluña?

Un símil que muchas veces utilizan los secesionistas es la de un matrimonio mal avenido, en el que una de las partes quiere el divorcio unilateralmente. Dejando aparte la conveniencia o no de esta comparación, lo que no sería posible es que la parte solicitante de la separación conyugal reclamase su derecho a decidir quedarse con parte del domicilio familiar sin contar con la otra parte afectada, eso es precisamente el objetivo final que persigue el denominado Proceso Constituyen en Cataluña.

Si todo lo anterior no fuese suficiente, cabe resaltar que la irresponsabilidad de las instituciones catalanas, en el marco del proceso soberanista, no sale gratis, ya que crea una inseguridad jurídica que es el peor argumento para la creación de empresas, en el primer semestre del año 2017 Cataluña lidera el ranking negativo de abandono de empresas (405), y la atracción de capital extranjero cayó un 1,2% en 2016.

Aunque mi mayor preocupación se centra en los ciudadanos constitucionalistas que residen en Cataluña y tienen que aguantar la humillación diaria por parte de un Gobierno regional que nos está llevando a un callejón sin salida. Recordar que sin la colaboración, por acción u omisión, de los Gobiernos de la nación de distinto signo, no habría sido posible llegar a esta situación.

Mediante la campaña “Som 47 milions – Somos 47 millones” del Club de los Viernes manifestamos que somos 47 millones de ciudadanos en quienes reside la soberanía nacional y que habitamos a lo largo y ancho de España. No existe ninguna razón objetiva para que una parte de estos 47 millones de ciudadanos, vean conculcado sus derechos por el simple hecho de residir en una u otra región española.

El lugar de residencia no otorga derechos específicos, ni derechos diferenciales, y mucho menos derechos identitarios. Una consulta a todos los ciudadanos, tal y como está previsto en la Constitución Española, es la única forma de que sea legal, de esta forma se tendría una participación masiva, sobre todo en Cataluña, y los resultados serían relevantes para sacar conclusiones del apoyo ciudadano.