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El surrealista caso Matesa (y II)

Por Javier Aliaga 17 septiembre, 2019 - 9:16

Titulares de prensa de agosto de 1969 cuando estalló el caso Matesa.
Titulares de prensa de agosto de 1969 cuando estalló el caso Matesa.

1.- Lo que se ocultó. Crédito y Caución SA (CyC) aseguradora paraoficial que actuaba en régimen de monopolio, cubría el 90% -hasta 9.000 Mptas- de todos los créditos que el Banco de Crédito Industrial (BCI) concedió a Matesa; ésta había pagado, en concepto de primas, 583 Mptas. El 10% restante estaba cubierto por los accionistas. La investigación de la solvencia del comprador correspondía a CyC; es decir, para que el BCI concediese un crédito, era necesario que CyC hubiese aprobado previamente la póliza.

2.- Cambio de norma. CyC había formalizado el seguro de las operaciones de Matesa con destino a los almacenes de sus filiales; la autoventa estaba consentida. Ahora bien, en febrero de 1969 CyC cambió la norma a solicitud de la Dirección General de Aduanas, exigiendo un «contrato de compra-venta final». Aquello ahogaba financieramente a Matesa, pues no fabricada bajo pedido, sino en serie.

3.- Franquistas contra franquistas. Las dos familias gobernantes se posicionaron ante un posible fallecimiento de Franco: los tecnócratas del Opus y los azules o falangistas. Éstos en julio de 1969 perdieron la batalla por la sucesión de Franco; Matesa fue su venganza, optaron por una solución pública con repercusión mediática para desacreditar a los opusinos, los cuales apostaban por una solución económica con incautación estatal.

4.- Acuerdo. El 15/16 de julio de 1969 el BCI y los ministerios -Comercio y Hacienda- acordaron apoyar a Matesa e incorporaron dos administradores. Juan Vilá Reyes (JVR) renunció a las funciones ejecutivas. El Consejo de Ministros del 21 ratificó dicho acuerdo.

5.- Denuncia. El 24 de julio el director general de Aduanas, Víctor Castro, falangista reconocido, presentó una denuncia por irregularidades ante el Juzgado Especial de Delitos Monetarios. Los accionistas fueron detenidos y la empresa embargada. Meses más tarde, JVR sería condenado a 3 años de cárcel y a 1.658 Mptas. de multa.

6.- Desaparición del acta. El acta con el acuerdo del Consejo del día 21 fue retirada del ministerio de Hacienda; había voluntad de hundir a Matesa.

7.- El detonante. Fraga Iribarne, agregado a los azules, se opuso a cualquier planteamiento técnico: «se trataba de una cuestión política y como tal había que tratarla». El 14 de agosto a la salida del Consejo de Ministros, Fraga leyó una nota que desencadenó el affaire mediático.

8.- Inacción del ministerio de Información. La prensa del Movimiento controlada por Solís, en especial su ariete (Arriba, El Alcázar, Pyresa y Diario SP), culpabilizó a los tecnócratas. El resto de medios, además de pedir el esclarecimiento, especularon ampliamente esperando una llamada telefónica del ministerio de Información, pero ésta nunca se produjo. Fraga dejó pudrir el asunto en prensa.

9.- Un diario pidió la dimisión de ministros. El 24 de agosto el Diario SP reprodujo la portada de la Revista SP: «LOS MINISTROS ECONOMICOS DEBEN DIMITIR», evidentemente se refería a los del Opus Dei. A la semana siguiente cerró por cuestiones financieras.

10.- Un seguro que no asegura. En septiembre CyC declaró unilateralmente «la nulidad e ineficacia de las pólizas contratadas» que había cobrado.

11.- El tiro salió por la culata. A finales de octubre, Franco sustituyó 12 ministros, entre ellos los implicados en el affaire: dos del Opus (García Moncó y Espinosa) y otros dos del bando azul (Fraga y Solís). En el nuevo gabinete se impusieron los opusinos gracias al apoyo de Carrero Blanco, que acusaba a los azules de haber hecho de Matesa una «escandalosa politización» y provocado la campaña de desprestigio al régimen.

12.- Comisión de investigación en Cortes. La Comisión para el asunto Matesa en las Cortes franquistas al estilo de un parlamento democrático, fue un despropósito. Las sesiones de la Comisión así como el Pleno se celebraron a puerta cerrada, el informe fue secreto, tan sólo se publicó la parte final de las conclusiones.

13.- El Estado contra el Estado. En 1970 el BCI (Estado crediticio) interpuso contra CyC (Estado asegurador) demandas reclamando el pago de los seguros.

14.- Tres exministros procesados. Aquel año el Tribunal Supremo (TS) anunció el procesamiento por cohecho de 10 altos cargos del sistema crediticio, en ningún caso del asegurador. Transcurrido un año saltó la bomba: tres exministros serían procesados por negligencia.

15.- Chantaje a Carrero Blanco. En mayo de 1971, JVR, estando en la cárcel, envió una carta, por medio de su mujer, al vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, amenazando con publicar una lista de adeptos al régimen que habían evadido dinero.

16.- Un indulto sin sentencia. Sea por el chantaje, sea por no ver a tres exministros en el banquillo, Franco concedió un indulto en septiembre de 1971 (BOE 1 de octubre) en conmemoración del XXXV aniversario en la Jefatura del Estado. El TS aplicó el indulto a los tres exministros y a varios cargos de la administración. Franco comentó, «Si por razones políticas he tenido que indultar a los asesinos de ETA, ¿por qué no puedo hacerlo con buenos colaboradores, que simplemente se han equivocado o pecado de negligencia?».

El indulto liberó a JVR de la sentencia de Delitos Monetarios, pero no le exoneraba de la parte penal. Lo inconcebible fue que el indulto se aplicó sin una sentencia y sin haberlo solicitado los procesados.

 17. Juicio penal. Celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid en abril de 1975, comparecieron como acusados 4 miembros de Matesa –entre ellos JVR y su hermano- y 4 funcionarios públicos; todos fueron condenados. A JVR le cayeron 223 años por dos delitos de estafa (9.000 Mptas. y de 590 Mptas.) y por 417 delitos de falsedad en documentos mercantiles; además debía indemnizar al BCI con 9.000 Mptas. y al Tesoro Público con 500 Mptas.

18.- Sentencia favorable a CyC. La sentencia al descargar la indemnización sobre JVR, reconocía implícitamente la nulidad de las pólizas de CyC.

19.- JVR en la cárcel. JVR salió a la calle con el indulto posterior a la muerte del dictador, en total estuvo 6 años privado de libertad como preso preventivo. No disfrutó de muchos beneficios, le denegaron permiso para acudir a las celebraciones familiares; en la capilla de Carabanchel hizo la primera comunión su hija Maya y contrajo matrimonio su hija Montse.

20.- Arreglo tardío. Como el BCI fue ganando a CyC las demandas, en 1983 las partes llegaron a un arreglo tardío, cuando JVR ya había sido condenado a indemnizar al Estado.

21.- El TS democrático revocó el fallo franquista. El TS democrático revocó la sentencia de la Audiencia franquista, obligando a CyC a pagar al BCI la indemnización que debía pagar JVR.

22.- Congreso de los Diputados. En 1981, UPN y Minoría Catalana incorporaron a la Ley de Presupuestos de 1982, una disposición transitoria para resolver la situación jurídica de Matesa bien por un arbitraje o aceptando transacciones. El texto fue aprobado pese a la oposición de los socialistas; su portavoz fue Gabriel Urralburu (PSE) que reprochó a JVR haber sido condenado por un tribunal franquista aludiendo era «un premio a aquellos que cometieron el delito». Ironías de la vida, Urralburu sería condenado a 11 años por cohecho y fraude por un tribunal democrático. De todos modos, el Estado nunca asumió el arreglo con Matesa.

Para finalizar, reseño dos conclusiones. En primer lugar, realmente JVR no provocó ningún quebranto al erario público, sino CyC al negarse a pagar. En efecto, si la aseguradora hubiese asumido sus compromisos desde el principio, el caso no habría discurrido de forma tan abrupta.

En segundo, la absurda politización del caso adoptada por el búnker falangista, lejos de abatir a los tecnócratas, sólo sirvió para defenestrar Matesa. Algo que se hubiese evitado con la incautación e incorporación al INI, tal y como éstos proponían.

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