Blog / El espejo de la historia

La "Gürtel” del PNV

Por Javier Aliaga 30 septiembre, 2018 - 11:24

El Palacio de Justicia de Vitoria acoge, desde enero de 2018, el mayor juicio de corrupción del País Vasco, cuyos principales encausados son destacados miembros del PNV.

El ex número dos del PNV en Álava, Alfredo De Miguel, principal inculpado de la presunta trama corrupta. RTVE
El ex número dos del PNV en Álava, Alfredo De Miguel, principal inculpado de la presunta trama corrupta. RTVE

Que el PNV no está involucrado en casos de corrupción es una leyenda urbana alimentada por manifestaciones como las de Andoni Ortuzar; su partido –según él- es «un referente mundial» y su honradez «viene de serie». No obstante, la realidad es bien diferente, el Gobierno Vasco, ha tenido que suspender, por “irregularidades”, varias pruebas de la OPE de Oskidetza; además, el partido de Sabino Arana vive su “Annus horribilis” con varios de sus militantes condenados en los casos: Epsilon, Hiriko y Margüello.

Sin embargo, de todos los juicios por corrupción con miembros del PNV inculpados, el que ha acaparado la atención mediática ha sido el “caso De Miguel”, cuyo sumario, de casi 21.000 folios, ha sido fruto de una instrucción de 6 años. Jamás se había juzgado en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) un “macrojuicio” de estas características, que obligó a realizar reformas -por valor de 100.000 euros-, en el Palacio de Justicia de Vitoria, lugar donde se viene celebrando la vista oral desde el pasado enero.

Se trata de una supuesta –no, porque no haya evidencias, sino porque no hay sentencia- trama de corrupción que se dedicaba a cobrar “mordidas” por la adjudicación de contratos públicos “a dedo”.

El caso se desveló gracias a una intrépida abogada, Ainhoa Alberdi, que se negó a pagar 100.000 euros por la adjudicación de un contrato de ampliación del parque de Miaño. Al estallar el escándalo, sus principales encausados eran: Alfredo De Miguel apodado “Txitxo” –numero dos del PNV alavés, diputado foral y vicepresidente de Caja Vital-, dos burukides del Araba buru batzar (ABB) Tellería y Ochandiano, así como sus tres esposas.

En total son 26 inculpados, incluyendo cargos, militantes y fontaneros del PNV, la mayoría con lazos de sangre y de amistad con “Txitxo”, para los que el fiscal solicita más de 450 años de prisión por prevaricación, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

El entonces presidente del Euskadi buru batzar (EBB), Urkullu –actual lehendakari-, exigió la desvinculación del partido de los responsables del “caso De Miguel”. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 9 meses para que “Txitxo” entregase su carné, acto seguido entre, desafío y reproche, espetó: «Ahora os toca a vosotros demostrar que no nos dejáis solos.» De Miguel, no está en la calle, trabaja para la empresa IKT (HAZI), vinculada al Gobierno Vasco, del mismo modo que Ochandiano trabaja para el Parque de Zamudio. 

El “caso De Miguel” ha provocado reacciones desiguales en el PNV. Por una parte, los oficialistas que han puesto distancia, niegan fuese «financiación ilegal del partido»; Urkullu manifestó: «Nosotros tenemos las manos limpias» porque la corrupción «no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales».

Por otra, el sector más radical y soberanista, representado por Egibar, critica la instrucción, defiende a ultranza la inocencia de De Miguel; con el que se fundió en un efusivo abrazo en la sede del Parlamento de Vitoria, con ocasión de la declaración de éste ante la comisión de investigación.

No obstante, las evidencias son tan contundentes que el fiscal, en su alegato, afirmó que las comisiones se reclamaban «no desde callejones oscuros, sino desde correos electrónicos oficiales de la Diputación de Álava, sin ningún tipo de vergüenza ni decoro», añadiendo que la actuación estaba «amparada» por el «establishment» -sin pronunciar la palabra PNV-.

A tenor de las afirmaciones de la Fiscalía, todo parece indicar que el procedimiento estaba pervertido, no sólo para adjudicar “a dedo” los concursos públicos; sino, además para “pasar por caja”, cobrando “mordidas” a través de una intrincada red de sociedades-pantalla, urdidas para ocultar los ingresos a las haciendas forales.

“Txitxo” actuaba, según la testigo principal, como un “padrino”, y conforme al sumario como un yerno ejemplar: en dos años su suegra cobró 34.000 euros de una de sus empresas por cuidar de sus hijos.

En el “caso De Miguel”, el PP ha querido ver “la Gürtel” del PNV. El exdiputado general de Álava, Javier de Andrés, lo calificó «el libro negro del clientelismo nacionalista en Álava», añadiendo que el auto judicial «describe todas las mañas y formas que se han estado utilizando desde las instituciones en beneficio de amigos y de gente próxima»

Las afirmaciones de Andrés dan explicación a la impotencia de los contratistas de ámbito nacional, sin la cobertura de “la boina”, para conseguir concursos públicos en la CAV; porque el “oasis vasco” de la corrupción es una fábula.

El Parlamento Vasco ya aprobó, tras una comisión de investigación en 2012, un dictamen atribuyendo al PNV las responsabilidades políticas del caso; adicionalmente, el pasado jueves, ha reprobado las declaraciones que pretenden “condicionar” el juicio y “minusvalorar” la gravedad del caso, en franca alusión a la campaña de Egibar.

De todos modos, el juicio ya había experimentado, hace dos semanas, un giro inesperado al ser suspendido para que los principales encausados negociasen con la Fiscalía; a cambio de reconocer su culpabilidad, verían reducidas sus condenas y evitarían la cárcel de sus consortes. Pese a todo, algunos inculpados, defendiendo su inocencia, han rechazado la negociación. Se sospecha que vuelva a prorrogarse la suspensión hasta alcanzar un acuerdo entre partes.

Otro aspecto que está en lid es demorar la publicación de la sentencia para que no afecte a las elecciones europeas y las municipales de mayo del 2019. Lo injusto del cambalache es que el calendario coincide con las elecciones de la Comunidad Foral Navarra; una sentencia condenatoria afectaría a los resultados de Geroa Bai. Por el momento, el Parlamento de Navarra, se encuentra muy cómodo en la inopia del “caso De Miguel”, a pesar de que la presidenta del Gobierno del kambio posee el mismo carné que los burukides alaveses cuando cometieron las supuestas tropelías. 

Para finalizar, una reflexión. Si la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas sobre las dietas cobradas por Barkos reconoce han supuesto un «daño o menoscabo» al Ayto. de Pamplona, ¿dichos cobros son parte de la «cultura» y los «valores» que proclama Urkullu?, entonces ¿dónde está la «honradez» de la que alardea Ortuzar?

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