Blog / El espejo de la historia

Los test masivos que no se harán

Por Javier Aliaga 11 mayo, 2020 - 9:59

El mes pasado el Gobierno anunció la realización de test masivos a la población como apoyo para la desescalada. Las pruebas se han cancelado sin dar explicaciones, es una más de las muchas contradicciones gubernamentales.

Dos enfermeras que acaban de trasladar en ambulancia a un enfermo positivo en el test del COVID-19 solicitan ayuda de un efectivo de la DYA Navarra que en coordinación con el departamento de Salud ha implantado un túnel de desinfección en el Complejo Hospitalario de Navarra.   EFE/ Jesús Diges
Dos enfermeras que acaban de trasladar en ambulancia a un enfermo positivo en el test del COVID-19 solicitan ayuda de un efectivo de la DYA Navarra que en coordinación con el departamento de Salud ha implantado un túnel de desinfección en el Complejo Hospitalario de Navarra. EFE/ Jesús Diges

El pasado 5 de abril con 12.418 fallecidos oficiales por Covid-19, Sánchez anunció, en la videoconferencia dominical con los presidentes autonómicos, la realización de una campaña de test masivos a la población. Tras la reunión, el ministro de Sanidad explicó que se habían comprado 5 millones de test, que los test generalizados tenían como objeto la detección precoz de la enfermedad para aislar a los asintomáticos y que se entregaría inmediatamente un millón de PCR a las autonomías.

De este modo España seguía las recomendaciones del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que el 16 de marzo había advertido del peligro del coronavirus en el transcurso de una rueda de prensa, pidiendo a los países: "test, test, test". Al respecto, el Ejecutivo de Sánchez ya había sufrido un varapalo en marzo a consecuencia del escándalo de la compra de test rápidos defectuosos (baja sensibilidad del 24%) con una sospechosa adjudicación de 17M€.

Lo cierto es que los países que mejor han gestionado la crisis sanitaria encontramos dos medidas que no se adoptaron en España: una rápida actuación para evitar la propagación del virus y una generalización de test para aislar a los asintomáticos. Por eso, para aumentar en España la capacidad de hacer pruebas PCR, hasta 70.000 por semana, la iniciativa privada importó de China 4 robots –en realidad eran 40-.

El 24 de abril, Fernando Simón, ya repuesto de su coronainfección, en su perorata diaria, desbarató el proyecto de los test masivos en todos los ámbitos. Sus afirmaciones fueron contundentes: “Las empresas tienen que entender que es necesario interpretar esas pruebas”. “No vamos a proponer pruebas masivas a personas asintomáticas”. “Hacer pruebas de este tipo sin tener bien planificados estos procesos, no lo podemos recomendar

Como es habitual, el Gobierno de Sánchez no aclaró si el cambio de estrategia se debía a una incapacidad para testar a toda la población por falta de reactivos, de personal o de aparatos. De todos modos, lo incomprensible es que no se hayan finalizado las pruebas para todo el personal sanitario, cuyos resultados ya sabemos de antemano: somos el país con más sanitarios infectados.

Pocos días más tarde, el ministro de Transportes y Movilidad, José Luís Ábalos enterró la campaña de los test masivos, fiel a su estilo, que “los compre quien pueda”, dejando una perla insuperable para los anales de la microbiología: que los test “no aseguran ninguna inmunidad”. Siguiendo el mismo guión, un poco más fino, el ministro de Ciencia e Innovación, el astronauta Pedro Duque, declaró que realizar test masivos para todo el mundo “no es una opción válida, ni aquí ni en ningún otro país”.

No hay que confundir los test masivos de detección del virus PCR que anunció el Gobierno en abril, con los de seroprevalencia dirigidos por el Instituto Carlos III y el INE. Éstos se iniciaron el 27 de abril, afectan a 60.000 individuos (36.000 hogares) se repetirán en tres jornadas, con una diferencia de 21 días, en dos pruebas simultáneas: una rápida de detección de anticuerpos doble banda IgM e IgG, así como otra de anticuerpos en suero sanguíneo. El estudio durará 9 semanas.

Sea ante la carencia de test masivos, sea para optimizar los recursos existentes, todas las comunidades autónomas se han lanzado a la contratación de rastreadores de contagios. Son los Sherlock Holmes sanitarios que averiguan dónde, cuándo y con quién han estado los contagiados para identificar los focos infecciosos y detectar otros contagiados. Se estima que se necesitan de 20 a 30 técnicos de rastreo por cada 100.000 habitantes.

En la actualidad, desamparados como estamos de los test masivos y sin los resultados de seroprevalencia, nos enfrentamos a la desescalada urdida por el Ejecutivo: una hábil maniobra para que la propia ciudadanía asuma la responsabilidad de los rebrotes de Covid-19 que puedan surgir. Con esta fórmula, saltamos de fase a ciegas, sin una radiografía fidedigna de la situación, dándose todas las circunstancias para que haya rebrotes.

Lo más indignante de todo este asunto no es que el Gobierno nos endose la responsabilidad de la desescalada, sino que adopte, como habitualmente viene haciendo, una posición más propia del despotismo ilustrado “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”; con ocultismo y secretismo, sin explicación, y si ésta llega en un tono infantil, o cuartelero.

Al igual que ha pasado con las mascarillas, el Ejecutivo ha dado bandazos defendiendo una opción y la contraria con igual vehemencia; primero anuncia a bombo y platillo la bondad de la realización de los test masivos para finalmente no hacerlos y despreciarlos.

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