• jueves, 28 de marzo de 2024
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Blog / El espejo de la historia

Instrumentar la instrucción

Por Javier Aliaga

Las medidas cautelares que toman los jueces de instrucción de los casos de corrupción, generan a veces alarma y confusión en la ciudadanía. El colectivo de jueces y fiscales no parece tener criterios armonizados.

Decenas de documentos aguardan para ser consultados en un proceso judicial
Decenas de documentos aguardan para ser consultados en un proceso judicial

Cada vez que aparece un nuevo caso de corrupción, los cimientos de nuestra sociedad rugen, tanto por lo execrable de la revelación, como por algunas incomprensibles medidas de los jueces. Al respecto, estos días vivimos un sofocón, encabezado por la operación Lezo y un revival del interminable proceso al clan Pujol. Lo inexplicable de este último es que Jordi junior aprovechó los años de instrucción para seguir evadiendo hasta 14 millones de euros; finalmente, el juez no ha tenido más remedio que enviarlo a la cárcel y ordenar registros, de dudosa eficacia, en varias sedes del clan.

El daño económico que hace la deleznable corrupción política es reparable; pero el perjuicio a las instituciones y al sistema es irremediable. A todo ello se suma la alarma social generada por la aparente heterogeneidad de las medidas de los jueces. La ciudadanía no comprende que unos corruptos ingresen en prisión desde el minuto cero –que debiera ser lo normal- mientras otros, como los Pujol, tengan años para seguir delinquiendo. Inexplicable es también que un corrupto sentenciado, gracias a la apelación, pueda seguir paseando en bicicleta a orillas del lago Genève.

¿Una justicia lenta es más justa? Es patético ver cómo los nada venerables ancianos, acusados en el caso Palau, llegan al juicio en silla de ruedas o arrastrando la pierna. ¿Qué se puede esperar de la condena, si por edad difícilmente pueden cumplir la pena en prisión? A la corrupción también hay que combatirla con celeridad.

Mi impresión es que la redacción de una sentencia, aparte del empleo de un procesador de textos, es un proceso amanuense y artesanal de ejercicio literario-legal; el juez, en su soledad, sigue empleando medios vetustos. En contraste, el mundo de la empresa dispone, desde hace años, dentro de la llamada Inteligencia de Negocios (BI-Business Intelligence) diferentes herramientas, como por ejemplo: Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS-Decision Support System), o Sistemas de Minería de Datos (OLAP-On-Line Analytical Processing).

No me cabe duda que estas herramientas podrían ser utilizadas en la judicatura. Es decir, una base de datos, o repositorio de los sumarios con sus medidas cautelares y sentencias, que en combinación con un software de inteligencia artificial para la toma de decisiones, servirían para acelerar y armonizar los procesos de instrucción. Con ello se conseguiría de cara a la ciudadanía, evitar el agravio comparativo y disipar sospechas sobre jueces y fiscales; éstos podrían instruir el sumario sin presión social y mediática.

Cuando propongo tecnificar a los jueces, no es ningún desprecio a su trabajo y profesionalidad, todo lo contrario. Podré dos ejemplos de profesionales de otros sectores, que en unas décadas han asumido la tecnificación y que, sin merma de su competencia, han cambiado su modus operandi. En el mundo de la sanidad hace cuarenta años los análisis de sangre se hacían visualmente con microscopio, muestra por muestra; hoy los laboratorios están robotizados porque las máquinas cuentan células mejor, y más rápido, que los médicos o farmacéuticos.

Del mismo modo en la ingeniería o la arquitectura hacer caso omiso a la tecnología del CAD supondría dibujar planos, ya no con rotring, sino con tiralíneas; tan impensable como calcular la estructura de un pórtico con regla de cálculo.

Pero despertémonos del sueño. Nadie parece estar interesado en instrumentar la instrucción judicial, éstas seguirán realizándose de modo artesanal. Por otra parte, tecnificar el proceso tampoco evitará la permeabilidad del sumario, ni la consecuente lapidación mediática y social de la que algunos se benefician. Lo cierto es que cada vez se pone más en entredicho dos principios que debieran prevalecer en cualquier proceso judicial: el del secreto del sumario y el de la presunción de inocencia del acusado. Tendremos que convivir con las bochornosas noticias de la corrupción, ilustradas con imágenes del paseíllo de jueces estrellas entrando en el palacio de justicia.

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