Blog / El espejo de la historia

El estado de excepción de Sánchez

Por Javier Aliaga 17 abril, 2020 - 11:51

La declaración del estado de alarma del pasado marzo ha mermado nuestros derechos y libertades individuales. Situación que no se había vivido en España desde el año 1975, meses antes de morir el dictador.

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. Europa Press.
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. Europa Press.

En los últimos años del franquismo ante el incremento del terrorismo y de las protestas sociales, el régimen desencadenó una fuerte represión con la imposición de varios estados de excepción. Consistían en derogar temporalmente ciertos artículos de un artificio, pergeñado por el régimen en 1945, denominado Fuero de los españoles (FdlE). En un país con libertades menguadas, un estado de excepción suponía: represión sobre represión. Algunas de sus medidas prácticas eran la detención sin límite de tiempo y los registros sin orden judicial.

Así en agosto de 1968 a raíz del asesinato del comisario Melitón Manzanas, se promulgó un estado de excepción (artículos 14,15 y 18 del FdlE) en Guipúzcoa por tres meses, que se prorrogó en octubre por otros tres. Sin haber concluido este plazo, en enero del año siguiente, con el ‘suicidio’ de un estudiante en Barcelona y el incremento de protestas sociales y estudiantiles, se suspendieron adicionalmente los artículos 12 y 16 del FdlE en todo el territorio nacional por tres meses (al final se redujo a dos), imponiendo además, la censura previa de prensa que se había suprimido con la ley de 1966.

Tras el secuestro del cónsul alemán, Eugene Bëihl, en diciembre de 1970 Guipúzcoa fue nuevamente castigada con la abolición de cuatro artículos del FdlE (artículos 14,15,16 y 18). Finalmente, en 1975 meses antes de morir Franco, se promulgó otro decreto ley imponiendo el estado de excepción, en los términos habituales, para Guipúzcoa y Vizcaya.

Desde aquel entonces hasta la reciente declaración del estado de alarma del decreto 463/2020, de 14 de marzo, los españoles no habíamos vivido una merma similar de libertades y derechos individuales. Los más críticos a la medida han sido los soberanistas vascos y catalanes que han visto el deterioro de sus autogobiernos como “un 155 encubierto”, algo que refleja sus paranoias con este artículo de la Constitución.

Sin embargo ha sido el artículo 116 el que ha ungido al presidente Sánchez con las atribuciones extraordinarias del estado de alarma. Por si fuera poco, Sánchez amparándose en la excepcionalidad sanitaria y en un uso torticero de la situación, ha promulgado una traca de decretos limitando derechos elementales de los ciudadanos, para convertir el estado de alarma en un verdadero estado de excepción.

Con este baturrillo de medidas, comprensibles para algunos por la situación sanitaria, pero desconocidas en democracia, todo ha sido posible. Desde la requisa e incautación de material sanitario y de tests, hasta un sinfín de prohibiciones: unas relacionadas con la salvaguarda de la salud pública (contraer matrimonio, celebración de culto y funerales...); y otras que no se sustentan con la alarma sanitaria (despidos y desahucios).

Lo difícilmente comprensible ha sido el innecesario autoritarismo de la Presidencia, sin parangón desde el franquismo, adoptando medidas que dan la verdadera dimensión del personaje: interminables discursos huecos; secretismo y ocultación de datos; política de hechos consumados; hibernación del Congreso de los Diputados; ruedas de prensa filtradas por el secretario de Estado de Comunicación; y la manipulación de la información en RTVE y en medios afines (subvencionados en la crisis con 15 M€).

Desde los tiempos del dictador, cuando había un ministro secretario general del Movimiento, no habíamos visto una utilización de la televisión pública tan sumisa a los dirigentes con Telediarios repletos de noticias partidistas, en contenido y forma. Como por ejemplo, las entrevistas dirigidas para atacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la visualización de imágenes del colapso de las urgencias en sus hospitales en los momentos álgidos de la crisis.

Con todo, lo peor está por venir. No me refiero a la incidencia mortal de la pandemia, sino a la limitación de libertades para la desescalada o desconfinamiento. ¿La encuesta del CSIC de Tezanos es un globo sonda para imponer una censura previa franquista que evite los bulos (contra el sanchismo)? ¿Nos estamos aproximando a un régimen bolivariano que se aferra al poder mediante el control de los medios?

Lo que sí es real es que la población va a ser clasificada en tres grupos con libertades restringidas dependiendo de los resultados de los tests. El primer grupo, constituido por aquellos individuos portadores de anticuerpos que serán beneficiarios de certificado de inmunidad’, en forma física (carné) o digital (código QR), los cuales tendrán libre circulación.

Otro grupo serán los sanos, sin anticuerpos y sin virus, susceptibles de contraer la Covid-19, que seguirán manteniéndose confinados, sobre todo los mayores y aquellos con patologías crónicas, extremando las medidas profilácticas hasta la llegada de la vacuna/tratamiento o hasta que el grupo de inmunizados crezca hasta el 60%.

Y, finalmente, un tercer grupo constituido por los asintomáticos, ciudadanos portadores del virus sanos, que deberán ser estigmatizados hasta la disminución de su carga viral, sometiéndose bien a un confinamiento, y/o bien a un seguimiento mediante geolocalización.

En lo que respecta a la obligatoriedad de confinamiento de este grupo en un ‘arca de Noé’ es posible que se enfrente a limitaciones judiciales. En ese sentido el Gobierno, paradójicamente, no tiene ninguna autoridad moral ni para imponerlo, ni para recomendarlo, dado que su presidente y vicepresidente no han respetado sus periodos preventivos de aislamiento.

En lo concerniente a la geolocalización, las redes sociales han divulgado todo tipo conjeturas por haber colado el Ejecutivo, de rondón, en la orden SND/297/2020, de 27 de marzo, el encargo de dos aplicaciones basadas en el seguimiento digital de teléfonos móviles. Por el momento, su utilización sería voluntaria. No se trata pues de establecer un Big Brother al estilo Orwell que pronostican los agoreros, pero ¡vaya Vd. a saber! Este Gobierno es perfectamente capaz de imponer por decreto, de la noche a la mañana, la obligación de una aplicación de geolocalización.

Los orientales nos llevan la delantera con el virus y con diversas aplicaciones para el control de los desplazamientos, lo que se conoce como tracking. Dada la dificultad del GPS para posicionarse en el interior de un edificio, en Singapur han desarrollado la aplicación TraceTogether basada en Bluetooth que avisa y registra si te cruzas con alguien contaminado. Los chinos además lo complementan con el reconocimiento facial y la detección de la temperatura corporal en lugares públicos.

Este software, que hubiese sido el culmen de las aspiraciones de la Brigada Político Social franquista, en la Europa democrática si no preserva la identidad del individuo es un atentado a la Ley de Protección de Datos Personales. Aunque Polonia ha puesto en práctica el envío de un selfie geolocalizado para saber si se está cumpliendo con el confinamiento.

Estamos en tiempos de Pascua, en los que parece que el franquismo despótico ha resucitado. No sé si ha sido un efecto colateral de coronavirus, o es que durante la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, al retirar la losa, se han liberado los efluvios autoritarios del dictador que han infectado a Pedro Sánchez.

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