El euskera dictatorial

Suponga que Vd. vive en la Arkadia feliz de Euskadi. Un buen día recibe una carta que por el logotipo identifica procede de su ayuntamiento. Al abrirla se encuentra con un escrito en perfecto euskera, busca la traducción al castellano, nada; ni por delante, ni por detrás. No acierta a comprender de qué va el escrito, si es un aviso de corte de agua, si le reclaman una multa o un impuesto, o se trata del programa de fiestas.

Llama al consistorio, espera que el contestador le facilite las instrucciones en castellano, ninguna opción. Mosqueado decide personarse en las oficinas municipales. Todos los rótulos están en batua, no sabe a dónde dirigirse. Pregunta a un funcionario que le dice no sé qué. Desesperado lo intenta con otro, mismo resultado. Cabreado y decepcionado se vuelve a casa convencido de que Euskadi no es para Vd.

Lo que estoy describiendo, no se trata de una pesadilla, ni de una película de terror, es lo que previsiblemente pasará a cualquiera del 1.620.000 castellanoparlantes (3 de cada 4 habitantes) de la Comunidad Autónoma Vasca. Y, según van las cosas, sucederá también en Navarra.

El pasado 19 de noviembre los peneuvistas del Gobierno vasco, conjuntamente con sus socios sanchistas del PSE-PSOE, aprobaron el decreto 179/2019 titulado “Normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi”. Cuyo objetivo oficial es “convertir el euskera en lengua de trabajo y de relación entre administraciones”.

En realidad es una hábil maniobra para otorgar total autonomía a los ayuntamientos para, si lo desean, dirigirse a sus conciudadanos sólo en euskera. Dicho de otro modo, los concejales tendrán barra libre para imponer el batua en exclusividad en todos los servicios municipales atendiendo a una indeterminada “realidad sociolingüística”. La medida que, según juristas, infringe el artículo 3 de la Constitución, fue defendida por el portavoz del Gobierno, Erkoreka, recalcando su constitucionalidad pues no menoscaba el “derecho de los ciudadanos a ser atendidos en uno u otro idioma" en sus relaciones con la administración.  

Ahora bien, en la práctica, al no haber un control, ese derecho podría transgredirse impunemente por la arbitrariedad de unos concejales. No es difícil imaginar que en la Guipúzcoa profunda, con mayoría una vascoparlante, se creará un territorio comanche del batua.

La medida afecta internamente a los trabajadores de los ayuntamientos y al material ofimático que utilizan, del mismo modo a las comunicaciones, sean carteles, folletos o notas divulgativas, tanto en papel como en páginas web. Abarca la toponimia y la señalización de vías y servicios, así como a las comunicaciones con las contratas y los concursos oficiales de manera que empresas cuyo perfil no sea euskaldun pudieran ser marginadas.

Lo más sorprendente es que la aprobación haya sido perpetrada con el beneplácito de los sanchistas que no han dicho ni pío. Todo hace sospechar que el PNV se cobró por adelantado los seis votos en apoyo a la investidura de Sánchez.

Ante el escenario que algunos barruntan de aislamiento y acoso al castellanoparlante, se han presentado, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dos recursos contenciosos administrativos: por una parte, Vox que considera el decreto “discriminatorio” y un “atropello lingüístico”; y por otra, el PP que lo califica de “anticonstitucional”.

La iniciativa de estos dos partidos ha puesto en pie de guerra a la boina mediática. Así Deia, órgano oficioso del PNV, ha titulado en portada “PP Y VOX JUDICIALIZAN EL EUSKERA” interpretándolo como una pugna entre las derechas. Curiosamente, el Noticias de Álava y el de Navarra han hecho mutis por el foro para, supuestamente, no alarmar a los incautos parroquianos. A su vez, EH Bildu ha manifestado que es “un ataque directo contra el euskera”, mientras que el Gobierno vasco ha aconsejado al PP no seguir la estela de Vox.

Ahora el tema está en manos de los jueces. Al margen de la sentencia que llegará cuando llegue, sugiero a los partidos que apoyan este decreto y que verdaderamente desean “normalizar el euskera”, sean consecuentes y prediquen con el ejemplo, adoptando las siguientes medidas:

Primera. De las 6 cadenas de televisión de EiTB, el Gobierno vasco debería cerrar, por coherencia, la cadena generalista en castellano ETB-2. Es un derroche y un sinsentido.

Segunda. Para las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, todos los mítines, discursos y debates de los partidos partidarios del decreto (PNV, PSE-PSOE y EH Bildu) debieran ser en euskera. Al igual que la impresión de carteles, propaganda, anuncios, folletos y programas.

Tercera. Es poco coherente la defensa de las bondades del euskera en lenguaje cervantino; por ello la prensa escrita del Grupo Noticias (Deia, Noticias de Guipúzcoa, Noticias de Álava Noticias de Navarra), en donde actualmente el euskera es testimonial, debiera pasar a una versión totalmente en lengua vasca, incluyendo la publicidad.

Cuarta. Los miembros destacados del PNV (como Koldo Mediavilla o Iñaki Anasagasti) debieran dejar de escribir en castellano tanto en sus blogs como en sus colaboraciones en el Grupo Noticias para, a partir de ahora, por corresponsabilidad y solidaridad, lo hagan en batua. 

Mucho me temo que ninguna de estas cuatro medidas se pondrá en práctica, algo que demuestra la contradicción en la que viven los políticos.