El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Sánchez pretende hacer justicia con los represaliados del bando rebelde de la Guerra Civil, pero excluye tendenciosamente las responsabilidades antidemocráticas de su partido.
El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Sánchez es la versión 2.0 de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007. Llama la atención que se haya renombrado a la memoria histórica como “democrática” siendo precisamente ese aspecto donde el socialismo exhibe sus vergüenzas, algo que debiera ser objeto de reflexión.
Es evidente que estas iniciativas legislativas socialistas, bajo el pretexto de hacer justicia con los represaliados por el bando rebelde de la Guerra Civil, ocasionan dos efectos reprobables: por una parte, omiten los excesos del bando republicano, excluyendo tendenciosamente las responsabilidades del PSOE; por otra, desentierran un cainismo, olvidado desde el 78, que polariza a los españoles del siglo XXI.
El sanchismo va más allá al lobotomizar cerebralmente a la sociedad, adoctrinando en las aulas de ESO y Bachillerato a las nuevas generaciones con un relato cuya esencia es: la II República Española era el paradigma de la democracia, los militares fascistas, encabezados por Franco, dieron un golpe de Estado en julio de 1936 para imponer una dictadura.
Ahora bien, cualquiera meramente ilustrado sabe que la Junta de Defensa Nacional golpista, compuesta por generales de distinta ideología, que emprendió la rebelión del 36 y desencadenó la cruenta Guerra Civil, no buscaba imponer una dictadura. Por el contrario, el golpe de Estado armado dado contra el Gobierno legítimo de la II República con el objetivo de imponer violentamente una dictadura -la del proletariado-, tuvo lugar dos años antes, en 1934, y fue pergeñado por el PSOE y la UGT.
En Asturias la Alianza Obrera formada por la UGT y la CNT prosperó y en tres días se adueñó de la región. Los acontecimientos fueron dramáticos, algo que irremediablemente se ha denominado como la Revolución de octubre. Las víctimas mortales fueron numerosas: de 1.300 a 2.000 revolucionarios, 300 fuerzas de seguridad y 33 religiosos asesinados. Desde la Comuna de Paris de 1871 no se había vivido un suceso tan sangriento; por ello, para ciertos historiadores este acontecimiento constituye el inicio de la Guerra Civil.
Una verdadera memoria democrática no debiera encontrar justificación para un golpe de Estado a un gobierno democrático legítimo. Con todo, el PSOE ha defendido históricamente aquella insurrección por el hecho de que tres ministros de la coalición conservadora de la CEDA -ganadora de las elecciones de noviembre de 1933- entrasen en el Gobierno de Lerroux, evitando así que instaurasen un posible fascismo. Excusa poco creíble pues el movimiento revolucionario ya se había iniciado meses antes, además ninguno de los partidos de la CEDA quería imponer el fascismo.
El principal instigador de aquel movimiento revolucionario fue Largo Caballero (secretario general de UGT y del PSOE), que había tomado una deriva radical bolchevique revolucionaria para imponer la dictadura del proletariado, por ello, se granjeó el sobrenombre del “Lenin español”. Algunas de sus frases expresan su paranoia: “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”
Procesado en el Supremo -eludiendo la justicia militar- fue absuelto por falta de pruebas. No hay que olvidar que tras el fracaso de la sublevación, se limpiaron las sedes de papeles comprometedores. En cualquier caso, eso no excluye la implicación del partido en el movimiento revolucionario, ahí está la hemeroteca con las soflamas de El Socialista.
La propuesta de Ortega Smith de Vox de retirar a Largo Caballero del callejero madrileño, por su mandato como presidente del Consejo de Ministros de la República, aplicando la propia Ley de Memoria Histórica, fue aprobada en el Ayto. con el apoyo de PP y C’s. Según Smith fue el periodo “más sangriento de la Guerra Civil en zona republicana” donde se cometieron las “mayores atrocidades”.
Bien es cierto que en los primeros meses del conflicto en la retaguardia republicana las checas impusieron un régimen de terror donde libremente se asesinaba y expoliaba la propiedad privada. En esto el socialismo también fue coparticipe, en Madrid y Barcelona el PSOE llegó a tener 92 checas; entre ellas, la del cruel criminal García Artadell.
Sin negar la importancia de Largo Caballero en el movimiento sindicalista, su biografía desde el punto de vista de la memoria democrática, incluye además el deleznable colaboracionismo y apoyo a la dictadura de Primo de Ribera, de la que fue consejero de Estado de 1924 al 29.
¿Por qué las leyes socialistas fijan como único hito antidemocrático contra la II República la sublevación de 1936, impidiendo dar cobertura a lo sucedido en 1934? ¿Acaso no se está haciendo un borrón a la historia para excluir las responsabilidades socialistas?
En resumen, el PSOE no siempre ha luchado por la libertad y la democracia como nos quieren hacer ver. Su memoria está ligada a la de Largo Caballero: un colaboracionista con la dictadura de Primo de Rivera y, paradójicamente para las Juventudes Socialistas actuales que tanto anhelan la república, un golpista contra el gobierno legítimo de la misma por ser burguesa.
