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La acusación pide ante el Tribunal de Cuentas que Barkos devuelva 69.435 euros por sus dietas irregulares en Pamplona

En el escrito se señala que Barkos tuvo intención de "engañar", ya que sabía que las reuniones que pasaba a cobrar no se habían celebrado. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. EFE.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. EFE.  

La acusación pública que ejerce la asociación Justitia et Veritas contra las dietas irregulares cobradas por Uxue Barkos en el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado formalmente ante el Tribunal de Cuentas que la ahora presidenta devuelva a las arcas públicas 69.435 euros cobrados indebidamente, así como los 139.174 euros que cobraron otros concejales de su grupo municipal avalados por Uxue Barkos

El Tribunal de Cuentas admitió proseguir con las investigaciones del procedimiento de reintegro por alcance contra Uxue Barkos y su grupo de Geroa Bai por los cobros con firmas falsas y mientras la ahora presidenta compaginaba su puesto de concejal en Pamplona con el de diputada en Madrid. 

Barkos pasaba en Madrid la mayor parte de la semana, algo que no le impidió "facturar" al Ayuntamiento de Pamplona decenas de reuniones "fantasma" para cobrar el máximo permitido por la ley, a sabiendas de que esas reuniones no se habían celebrado: no existen actas ni documentos que las acrediten. 

Barkos cometió estas irregularidades durante las dos legislaturas en las que acumuló cargos públicos e ingresó al año más de 115.000 euros por ejercicio. 

El Tribunal Supremo y la Fiscalía de Navarra menospreciaron estas acusaciones alegando que eran meras informaciones periodísticas, si bien todos los documentos recogen con detalle las firmas falsas de Uxue Barkos, así como la ausencia de actas que certifiquen los cobros de la ahora presidenta. 

En concreto, en el escrito de demanda entregado ya al Tribunal de Cuentas se solicita que Uxue Barkos devuelva el dinero percibido por sus dietas entre el segundo semestre de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, en los que percibió de manera irregular 69.435,79 euros cuando era concejal de Nafarroa Bai. 

Además, se considera debe devolver 139.174,82 euros por las dietas fraudulentas que fueron abonadas a sus compañeros de grupo al ser avaladas y firmadas por la propia Uxue Barkos

La demanda solicita que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre la legalidad del sistema de pago de las dietas a los concejales entre 1991 y 2012 y que, para demostrar la ausencia de Barkos en Pamplona, sea el Congreso de los Diputados quien entregue los viajes efectuados por cualquier medio de transporte a cargo de la Cámara por parte de Uxue Barkos desde el 1 de junio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012. 

LA RESPONSABILIDAD DE UXUE BARKOS

En el escrito de la demanda, se señala que el procedimiento por alcance está previsto cuando se producen pagos indebidos, que suponen una salida material sin causa y carentes de justificación. "Se trata de un ilítico contable reconducible al concepto de alcance, porque son pagos carentes de justificación por carecer de causa". 

La acusación considera que Uxue Barkos incurrió en esta "responsabilidad contable" al tener la condición de "cuentadante", habida cuenta de que conocía perfectamente que su firma era determinante para el pago por los servicios municipales de las dietas por asistencia sin exigirle ninguna justificación, fiados en la veracidad de las declaraciones. "Dicha responsabilidad se extiende no sólo a las dietas indebidamente percibidas por ella, sino también a las dietas satisfechas a los demás miembros de su Grupo municipal, dado que sin su firma los pagos no se hubieran realizado".

De esta manera, se expone que Barkos no justificó de ninguna manera que las reuniones declaradas se celebraran realmente, por lo que su visto bueno a las declaraciones de asistencia produjo "menoscabo de caudales o efectos públicos susceptible de generar responsabilidad contable, menoscabo que se desprende de las cuentas, en sentido amplio, que deben rendir los que en sentido amplio intervengan o administren caudales o efectos públicos".

Considera así la acusación que Barkos incurrió en dolo o engaño por cuanto conocía perfectamente que no podía justificar las reuniones que declaraba y adveraba con su firma porque en su mayor parte no se habían celebrado.

Concluye el escrito acusando a Uxue Barkos de haber producido "un daño efectivo, individualizado con relación a los caudales o efectos públicos del Ayuntamiento de Pamplona, económicamente evaluable (cuantificación determinada en la fase de instrucción), además de existir una relación de causalidad entre el daño efectivamente producido y la falta de justificación".


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