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La Audiencia archiva de manera definitiva el 'caso UAGN' a pesar de los intentos del Gobierno por reabrirlo

El Ejecutivo de Uxue Barkos pretendía que se investigaran otros cursos a pesar de que no había indicios de delito.  

Responsables del sindicato UAGN comparecieron tras las acusaciones de irregularidades, que han sido todas archivadas. PABLO LASAOSA
Responsables del sindicato UAGN comparecieron tras las acusaciones de irregularidades, que han sido todas archivadas. PABLO LASAOSA  

La sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha acordado el archivo definitivo del conocido como 'caso UAGN' sobre los supuestos cobros irregulares en los cursos de formación. 

El caso ya había sido archivado en su momento por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona, pero el Gobierno de Navarra recurrió, aunque de nuevo los juzgados han tirado por tierra todas sus tesis.

El caso comenzó por la denuncia de algunas trabajadoras de UAGN sobre los cursos de formación, ya que aseguraban que se falsificaban las firmas de los asistentes para poder conseguir el cobro de subvenciones. La Guardia Civil examinó y estudio la documentación y analizó en concreto los cursos denunciados por las empleadas. 

La Sala asume en su archivo definitivo los argumentos de la juez de instrucción que consideró que no se desprendía de la investigación que los responsables de la Fundación y la Asociación (con respaldo de UAGN) "hubieran articulado maquinación fraudulenta con el único fin de causar engaño al Gobierno de Navarra y así obtener un enriquecimiento injusto".

Además, se consideró que ninguno de los investigados había obtenido un lucro personal en la organización de los cursos, algo que tampoco obtuvo el propio sindicato agrario. 

Entre los motivos por los que la Audiencia desestima el recurso y confirma la resolución se explica que las partes personadas, entre ellos el Gobierno de Navarra, no solicitaron la prórroga de las actuaciones, por lo que no es posible llevar a cabo nuevas diligencias cuando con anterioridad no se pidieron, a pesar de los 18 meses de instrucción, el máximo permitido.

El Gobierno de Navarra argumentaba ahora que la instrucción estaba inacabada, al entender que sólo 9 de los 26 expedientes habían sido investigados. "Carece de soporte legal centrar la investigación sobre otros expedientes cuando se ha puesto de manifiesto con anterioridad que no existen indicios de criminalidad que amparasen nuevas diligencias que nunca se solicitaron", se explica en el auto.

La Sala señala que para encontrarnos ante una conducta delictiva, la subvención debería ser por una cantidad superior a los 120.000 euros, además de que se hubieran falseado las condiciones requeridas para su concesión, algo que no ocurre en el caso concreto. 

Se mantiene, además, que no existe falseamiento de las condiciones de los cursos y que algunos de los expedientes que se invocan por los recurrentes están todos prescritos. 

Sobre uno de los expedientes que sí superaba la cantidad de 120.000 euros, una vez analizado, se ha puesto de manifiesto la existencia de algunas irregularidades en la asistencia, dado que no existía un control riguroso de la participación, ni sobre el número de asistentes ni sobre la identidad de los mismos, ya que el control era manual. "Pero ello no determina la existencia en todo caso de indicios de falseamiento de las condiciones requeridas, cuando es evidente que los encuentros, con más o menos asistencia, se realizaron".

La Sala explica que no consta que en todo caso el número de asistentes a los cursos previstos fuera en todo caso el determinante esencial de la concesión de la subvención. 

En el archivo inicial se tuvo en cuenta que los responsables del sindicato UAGN en cuanto cuando se tuvo conocimiento de posibles irregularidades “se procedió a devolver la subvención concedida al Gobierno de Navarra en dos de los proyectos”.

En cuanto a la parte más técnica, cuyos máximos responsables eran José Andrés Palacios como director gerente; Jesús Recalde como coordinador y María Legarda como responsable de formación de la entidad, los trabajadores del sindicato agrario afirmaron “no haber recibido órdenes directas de manipular la documentación a entregar ni tener conocimiento de que así se hubiera procedido por parte de los responsables”.

No se han encontrado indicios de irregularidad alguna, ni de pagos ni beneficios personales en las personas investigadas y en el caso de alguno de ellos, como José Andrés Palacios, todos sus ingresos estaban debidamente reflejados en sus declaraciones de IRPF posteriores. 


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