El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado ante el juzgado de lo Mercantil una demanda para reclamar la nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Comiruña que fijaba las dietas para los cuatro cargos de libre designación incluidos por el equipo de gobierno.
El argumento legal en el que se sustenta esta demanda es que según los estatutos de la propia empresa pública y según la legislación que los ampara, fijar la cuantía de las remuneraciones en Comiruña corresponde a la Junta General y no al Consejo de Administración, según indica EH Bildu en un comunicado.
Esto, según precisa, implica que la decisión adoptada el pasado 3 de octubre correspondería a los 27 ediles del Consistorio donde Navarra Suma está en minoría, y no al Consejo de Administración donde precisamente el nombramiento como consejeros de estos cargos de libre designación decanta la balanza a favor de la plataforma integrada por UPN, PP y Cs.
La presentación de esta demanda mercantil se suma al acuerdo promovido por EH Bildu con el resto de grupos de la oposición para forzar al equipo de gobierno a acatar el dictamen de la mayoría del pleno y retirar los "sobresueldos (361,5 euros por sesión) a sus cuatro cargos de libre designación".
La decisión ha sido explicada en rueda de prensa por Joseba Asirón, portavoz municipal de EH Bild, quien, acompañado por los ediles Joxe Abaurrea y Eva Aranguren, ha sostenido que “las dietas son el ADN de la derecha" pero ellos no van a permitir que "se den de nuevo" y van a hacer todo lo que esté en sus manos para "revertir esta situación e imposibilitar que pueda volverse a reproducir ese caldo de cultivo que posibilita la corrupción".
La demanda, que se tramitará por la vía civil, fue presentada el pasado jueves y en ella se reclama la reversión del acuerdo del Consejo de Comiruña que posibilitó las dietas, su declaración de nulidad completa y que se condene a la entidad, que actuó bajo la presidencia de la regionalista Ana Elizalde, a pagar las costas del procedimiento.
La argumentación jurídica toma como el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 11 de los propios estatutos de Comiruña.
El primero de ellos, según han apuntado, determina que en el caso de las empresas públicas el criterio general es que el cargo de consejero sea gratuito “salvo que los estatutos dispongan lo contrario” y explicita que “la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General”.
En la misma línea, el artículo 11 de los estatutos de Comiruña establece que es competencia de la Junta General y no del Consejo de Administración fijar la retribución de los consejeros.
