La comisión de Políticas Migratorias y Justicia del Parlamento de Navarra ha aprobado este viernes por unanimidad una moción por la que se insta al Gobierno de España a "crear las plazas de fiscales necesarias para atender al conjunto de la población de Navarra y los órganos jurisdiccionales existentes en aras de atender las necesidades de la Justicia en Navarra, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos".
La resolución aprobada, incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de España a "dotar a la Fiscalía de la Comunidad foral de los recursos humanos necesarios en cada momento, para garantizar la encomienda constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados".
Navarra Suma ha presentado una enmienda in voce de adición, no aceptada por Geroa Bai, titular de la iniciativa, dirigida a instar al Gobierno de Navarra a "dotar a la Fiscalía de la Comunidad foral de Navarra de los recursos técnicos y materiales en cada momento, para garantizar la encomienda constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Geroa Bai hace referencia a la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra referente al ejercicio de 2018, donde se destaca que, "no habiéndose producido en nueve años modificación alguna del número de plazas de la plantilla, la Fiscalía de Navarra es la que menos fiscales tiene por número de habitantes", con una ratio de 3,27 fiscales por 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 5,2.
El grupo proponente advierte de que la "sobrecarga" de trabajo de los fiscales existentes tiene "graves consecuencias para la ciudadanía, como el retraso en la tramitación de los asuntos, en los plazos establecidos en la ley o en la exploración de menores entre otras".
Y se insiste en que dichas consecuencias "impiden un real efectivo derecho a la ciudadanía de verse tutelados sus derechos e intereses de la forma que marca la ley y todas las recomendaciones sobre las buenas prácticas sobre ello y, por ende, se traducen en una peor justicia como servicio público de calidad".
