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Los okupas niegan que tomasen Rozalejo y dicen que fueron el día del desalojo a "apoyar" el proyecto

Los acusados han respondido solo a las preguntas de sus abogadas.

Imagen de archivo de unos jóvenes protestando a las puertas del Parlamento por el desalojo del gaztetxe del Palacio de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY
Imagen de archivo de unos jóvenes protestando a las puertas del Parlamento por el desalojo del gaztetxe del Palacio de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY  

Los investigados por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona han negado que ocuparan el edificio en septiembre de 2017 y también han sostenido que no tenían intención de permanecer en el interior del inmueble, a pesar de estar en el mismo el día del desalojo, en agosto de 2018.

En este sentido, los acusados que estaban en el interior del edificio ese día han afirmado que acudieron al inmueble para "apoyar" el proyecto del denominado 'Gaztetxe Maravillas' y para responder a un "llamamiento público" con el objetivo de "solidarizarse" con la causa.

Así lo han señalado los encausados en el juicio que se celebra este jueves contra ellos por un supuesto delito leve de usurpación de inmueble por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo.

Los investigados, un total de 22, aunque uno de ellos no ha acudido a la vista, han respondido sólo a las preguntas de sus abogadas.

También han negado todos los acusados, dos de ellos de fuera de Pamplona, que prepararan los amarres que se encontraron en el interior del edificio. Y han contado que salieron por su propio pie y "sin oponer resistencia".

Por su parte, una de las encausadas que se encontraba atada en el balcón central cuando llegaron los agentes, ha manifestado que acudió desde Ziordia para apoyar "un proyecto autogestionado" que veía que "era necesario en el Casco Viejo de Pamplona".

Ha explicado que se ataron a los barrotes con "una U de bicicleta" y que como no tenían las llaves les dijeron a los agentes que no podían soltarse.

Según ha indicado, los policías forales "cortaron directamente los barrotes y nos dejaron con las U puestas". Por lo que ha relatado que tuvieron que pedir a los bomberos que se las quitaran.

Por otro lado, dos acusados han contado que son miembros de la asociación vecinal AZ Ekimena, un colectivo que, según han expuesto, busca "desarrollar proyectos de barrio".

En este sentido, una de las investigadas miembro de la asociación ha destacado que la creación de un espacio juvenil "era una necesidad que ha salido a lo largo de varios años".

"Si queremos mantener el barrio vivo es necesario que exista un local juvenil para desarrollar actividades culturales", ha defendido el otro miembro de la asociación.

DUDA DE LOS COSTES

La defensa de los 22 okupas ha puesto en duda durante el juicio los gastos reclamados por la Administración por daños y horas de trabajo tras su desalojo, que ascienden a 34.168 euros.

A juicio de una de las abogadas de la defensa, estos costes son excesivos y existe falta de justificación en el informe realizado por el Gobierno de Navarra, ya que, ha asegurado, existen contradicciones en las mediciones de los elementos donde se habrían hecho estas obras.

Tras analizar estas mediciones, el arquitecto encargado de realizar el informe y dirigir los trabajos ha reconocido que podría tratarse de un error a la hora de reflejar las medidas.

Otro de los aspectos criticados por la defensa ha sido el precio establecido por las labores de rehabilitación, ya que estos “superan los marcados por el convenio de la construcción”.

En este sentido, un técnico aparejador ha señalado que este convenio marca precios mínimos, pero estos pueden ser mayores dependiendo de la negociación con la constructora.

El aparejador ha afirmado que la capacidad de negociación en este caso fue escasa debido a la urgencia de la obra, ya que le se pidió a la empresa que acudiesen ese mismo día para cerrar los accesos.

En lo referente al IVA, que desde la defensa han considerado que debería ser del 10 % por tratarse de un edificio catalogado como vivienda, ha dicho que aplicaron el 21 % al no considerar que ese sea su uso.

Respecto a la instalación eléctrica y de agua del edificio que se encontró tras la ocupación, un técnico del Servicio de Patrimonio ha informado de que existían conexiones de ambos suministros y que en el caso de la luz era ilegal. 


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