La Audiencia Provincial de Navarra ha estimado en la revisión del fallo judicial que su protesta sindical fue un delito leve de coacciones.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por LAB contra la sentencia que condenaba a 21 meses de prisión al sindicalista Imanol Salinas.
La sentencia rebaja la calificación de los hechos ocurridos durante una protesta sindical a un delito "leve" de coacciones, estableciendo una multa de 450 euros. Así pues, el sindicalista no tendrá que ingresar en prisión y la "caja de lucha" de LAB se hará cargo del importe mencionado.
El sindicato ha destacado que "el hecho de que Imanol Salinas no sea encarcelado por su legítima actividad sindical es una buena noticia para todo el sindicalismo y ha sido posible gracias a la solidaridad y movilización de numerosos colectivos y personas". Asimismo, LAB expresa que este fallo "desmonta la descabellada tesis del juez Emilio Labella, según la cual, la utilización conjunta de un megáfono, una pancarta y pegatinas suponían un acto de violencia".
LAB ha valorado que a las actividades realizadas por el propio sindicato se le han sumado durante los últimos días "las muestras de solidaridad expresadas por diferentes sindicatos y colectivos sociales, así como la aprobación de mociones de apoyo por parte de varios comités de empresa". "A todos ellos les expresamos nuestra gratitud y nuestro compromiso para corresponder solidariamente cuando cualquier sindicalista o activista social vea vulnerados sus derechos y libertades", ha señalado.
No obstante, ha criticado que "una acción sindical legítima haya sido objeto de proceso judicial, a pesar de existir un acuerdo en el que empresa y sindicato ponen fin al conflicto laboral y desisten de toda acción judicial". "Lo que es más grave, un juez ha estado a punto de mandar a la cárcel a un sindicalista por un hecho que merece el calificativo de leve para la misma Audiencia Provincial", ha indicado.
LAB ha afirmado que "al igual que tras la primera sentencia contra la Manada se denunció el sesgo patriarcal de gran parte de la judicatura, hoy tenemos que denunciar que también opera un sesgo antisindical en las decisiones de determinados fiscales y jueces". "Se trata de la 'patronalización' de la justicia: Policía Foral, Inspección de Trabajo o Fiscalía hacen dejación de funciones ante la explotación y precariedad, mientras que actúan punitivamente contra sindicalistas", ha asegurado.
CUATRO PROCESOS PENALES
La sentencia de La Sangiovesa cierra un capítulo de la campaña Borroka sindikala aurrera (adelante con la lucha sindical) contra "las numerosas multas y los cuatro procesos penales contra sindicalistas tras las existosas luchas de La Sangiovesa y Huerta de Peralta".
A fecha de hoy, indica el sindicato, se ha conseguido un acuerdo por "el que el trabajador de Huerta de Peralta Abdenabi Mellase evitaba el ingreso a prisión y su expulsión de España, un procedimiento contra José Javier Osés, así como el presente procedimiento contra Imanol Salinas y otra trabajadora absuelta en primera instancia, se ha quedado en multa".
El 10 de octubre, apunta, se juzgará tanto a Salinas como a Osés por "aparcar una furgoneta en la entrada de Huerta de Peralta, con el objetivo de denunciar la sustitución ilegal de trabajadores en huelga y el ingreso de materia prima procedente de Murcia y Almería".
Tras mostrar su desconfianza porque el caso va a ser juzgado por Emilio Labella, anuncia el inicio de una campaña de autoinculpaciones para proclamar que Salinas y Osés "no tienen culpa alguna" y para reivindicar que "la acción sindical es más que necesaria que nunca para luchar contra la creciente precariedad".
