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El PSN reitera que lo ocurrido en Alsasua nunca les pareció "una pelea de bar" y sus socios arremeten contra la Justicia

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que ahora lo que toca es "respetar y acatar" la sentencia del Tribunal Supremo.

Concentración a favor de los agresores de Alsasua en Pamplona durante los pasados Sanfermines. EUROPA PRESS
Concentración a favor de los agresores de Alsasua en Pamplona durante los pasados Sanfermines. EUROPA PRESS  

El Gobierno de Navarra, a través de su vicepresidente Javier Remírez, ha expresado este miércoles "respeto máximo" a la sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado las condenas por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua de entre 2 y 13 años, a entre año y medio y 9 años y medio de prisión para los ocho jóvenes acusados.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en una comisión parlamentaria, Remírez ha realizado también un "llamamiento a la convivencia", que es, ha dicho, lo que imperará de cara a futuro a raíz de esta sentencia.

Ante las diferentes posturas de los socios del Ejecutivo foral en esta cuestión, el vicepresidente socialista ha remarcado que, en todos los casos, ante sentencias judiciales, el Gobierno mostrará "respeto a las mismas", y las valoraciones políticas corresponderán a cada formación.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que el Tribunal Supremo "ha hablado" en relación al caso Alsasua y, por tanto, ahora lo que toca es "respetar y acatar la sentencia". "Nosotros siempre hemos mantenido una valoración de respeto hacia las decisiones judiciales", ha indicado el parlamentario socialista.

Alzórriz ha recordado que en el PSN consideraban que este no era un acto de terrorismo, pero "también hemos dicho en reiteradas ocasiones que tampoco nos parece que sea una pelea de bar".

Navarra Suma, por su parte, ha expresado "respeto absoluto" a la sentencia del Tribunal Supremo. Sin entrar a realizar valoraciones, la plataforma integrada por UPN, PP y Ciudadanos, ha señalado que, como siempre han mantenido, su postura es de "absoluto respeto a las sentencias judiciales".

"DESPROPORCIÓN"

Geroa Bai, en cambio, ha lamentado que el Tribunal Supremo "sigue manteniendo la desproporción en el caso Alsasua, a pesar de rebajar las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los ochos jóvenes".

En opinión de la marca blanca del PNV en Navarra, "la propia sentencia del Supremo evidencia precisamente la falta de proporcionalidad que ha rodeado desde el inicio este caso, al no reconocer los agravantes de discriminación, ni el de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, sí impuestas por la Audiencia Nacional, así como al suprimir a dos acusados de algunos de los delitos de lesiones por falta de pruebas".

Para Geroa Bai, "el Alto Tribunal vuelve a dejar de manifiesto que nunca existió delito de terrorismo" y, por lo tanto, "el caso sin duda debió haber sido juzgado en la Audiencia de Navarra".

Según ha expuesto la formación nacionalista vasca en un comunicado, "a pesar de producirse una rebaja de las condenas, sigue dándose una clara falta del principio de proporcionalidad porque se siguen confirmando varios años de prisión por unos hechos que en la jurisdicción ordinaria se resuelven con penas sustancialmente menores". Y ha mostrado también su apoyo "a los jóvenes encarcelados y a sus familias, así como al pueblo de Alsasua, que llevan años reclamando justicia y proporcionalidad".

"EL CASO JAMÁS DEBIÓ SALIR DE NAVARRA"

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha manifestado que, a pesar de "haberse desmontado todas las acusaciones interesadas que se hicieron" en relación con la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, la pena impuesta "resulta absolutamente desproporcionada".

Al respecto, ha recordado en una nota que, "a pesar de las primeras acusaciones interesadas, se ha confirmado que no fue terrorismo y que fue una pelea de bar, por lo que la sentencia es absolutamente desproporcionada y el caso jamás debió salir de Navarra".

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, ha señalado que es "el último paso en desmontar la locura de planteamiento inicial que, con intereses políticos, tuvo este caso”. En opinión de Buil, "al final todo se queda en una pelea de bar donde las víctimas eran guardias civiles y se los condena por un delito de atentado a la autoridad".

Buil ha argumentado la "clara desproporción" de la pena, indicando que por matar a alguien con dolo se condena a 10 años de prisión, una violación se castiga con 6 años y, en este caso, la agresión a varias personas se va a pagar con 9 años y medio de cárcel.

"NO SUBSANA LA INJUSTICIA"

También EH Bildu ha comentado este miércoles la sentencia. Su portavoz en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha considerado que el fallo del Tribunal Supremo "no subsana en absoluto la injusticia y la desproporción que ha rodeado a este caso desde el primer momento".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ruiz ha criticado que "no se corrige en absoluto el problema de fondo, que es la injusticia de que estos jóvenes, a tres años de los hechos, sigan en prisión".

La parlamentaria de EH Bildu ha afirmado que el Tribunal Supremo "ratifica" que el hecho de que el caso Alsasua se haya juzgado en la Audiencia Nacional "lo ha dotado de una gravedad que en sí mismos los hechos no requerían". Igualmente, ha señalado que el Supremo "dice que no ha habido una agravante de discriminación", de forma que la causa "se tenía que haber juzgado de otra manera".

"La instrumentalización mediática y política que algunos sectores han hecho de este tema desde el primer momento nos ha traído a la circunstancia actual", ha reprochado. Para Ruiz, "se mantiene la injusticia porque, después de tres años, estos jóvenes siguen en prisión y no tendría que haber ningún tipo de excusa para dejarlos en libertad".

"PELIGROSO PRECEDENTE"

Desde I-E se ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo que reduce las condenas "sigue siendo absolutamente desproporcionada, más si cabe cuando algunos de los jóvenes llevan más de 1.059 días en prisión".

Para la coalición, "la deriva desproporcionada de este proceso judicial sienta un peligroso precedente para el conjunto de la sociedad, a la par que demuestra la falta de regeneración democrática que atraviesa el sistema judicial tras la continuidad de las estructuras heredadas del franquismo".

Izquierda-Ezkerra ha afirmado en un comunicado que "la instrumentalización mediática ejercida sobre este caso por los sectores más rancios y ultras de la política, del periodismo y de la judicatura, así como el traslado de este caso a la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional, ha conducido a los jóvenes encarcelados a una situación de injusticia que está abochornando al conjunto de la sociedad". Por último, la coalición formada por Izquierda Unida y Batzarre ha mostrado su solidaridad con los condenados, sus familias y amistades.

Sortu también ha considerado que el Tribunal Supremo, con la sentencia sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua conocida este miércoles, "certifica que aquí no hay justicia, ni democracia". Así lo ha sostenido en un comunicado, en el que ha opinado que el Supremo, que ha rebajado las penas, "en vez de impartir justicia, se ha dedicado a aplicar unos castigos totalmente desproporcionados para los jóvenes de Alsasua, tomando como base un burdo montaje policial".

"CAMBIOS SOCIALES"

"Hoy se ha escrito un capítulo más de esta triste historia repleta de injusticias", ha lamentado la formación abertzale, que ha apuntado que quien sale "fortalecida por esta sentencia es la Guardia Civil, en el momento en el que realiza un nuevo despliegue en Cataluña en vísperas del 12 de octubre".

Esto le ha llevado a afirmar que "queda claro, pues, que aquí no hay justicia ni para vascos ni para catalanes, ni para las personas que anhelan cambios sociales o democráticos. Y sin justicia, no hay democracia", ha aseverado, para concluir mostrando "su solidaridad a las personas castigadas, a sus familiares y a su entorno", y haciendo un llamamiento a secundar las movilizaciones de protesta.

Desde Eusko Alkartasua, se ha estimado que el Tribunal Supremo, con la sentencia conocida este miércoles, "mantiene la injusticia" hacia los jóvenes de Alsasua acusados de agredir a dos guardias civiles y a sus parejas.

En un comunicado, EA ha sostenido que "la pena no corrige la injusticia que están viviendo los jóvenes de Alsasua y sus familias. Sigue siendo una sentencia absolutamente desproporcionada con consecuencias terribles en la vida de estos jóvenes".

"ESCÁNDALO JUDICIAL"

Al respecto, la formación ha apuntado que "cada paso dado por la justicia española en este proceso pone de manifiesto el sinsentido y lo injusto del mismo", tras lo que ha traslado su apoyo y solidaridad a los jóvenes, a sus familias y amigos, a quienes han asegurado que seguirán estando a "su lado y solicitando su puesta en libertad".

Ya fuera de las filas políticas, LAB ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de reducir las condenas a los encausados por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua "no resta gravedad a la sentencia, ni pone fin al escándalo judicial". El Supremo "los ha condenado a años de cárcel, cuando solo se podía concebir la absolución", ha asegurado.

El sindicato ha expresado en una nota su apoyo a los condenados, sus familiares y al pueblo de Alsasua. "Solo en un Estado antidemocrático se puede dar la injusticia que padecen los jóvenes de Alsasua", ha criticado LAB, que ha afirmado que "mientras la justicia es flexible y benévola con los ricos, con los poderosos, es castigadora y cruel con la juventud y con los trabajadores".

En opinión de LAB, los condenados "no han tenido un juicio justo ni proporcionado" y "han sido víctimas de un montaje policial, judicial y mediático". En esta línea, ha asegurado que "las sentencias han seguido un guión preescrito".

MODIFICACIONES LEGALES

El sindicato ha afirmado que "vivimos una involución absolutamente antidemocrática en España". "El sistema es cada vez más injusto a nivel político, social y democrático, y cada vez son más los ciudadanos que cuestionan este modelo", ha aseverado.

También asociaciones de guardias civiles han lamentado la sentencia del Tribunal Supremo y han reclamado medidas para proteger a los miembros del cuerpo. El portavoz de la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su respeto a la resolución judicial, pero ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la agravante de discriminación en el caso del delito de atentado a la autoridad.

Ha pedido, en ese contexto, al Gobierno que aborde las modificaciones legales pertinentes para proteger a los guardias civiles en el desarrollo de su servicio y fuera del mismo, potenciando su papel como agentes de la autoridad y recordando que trabajan en localidades pequeñas, donde todo el mundo los conoce.

En la misma línea, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha subrayado en un comunicado su respeto a la sentencia, aunque ha recalcado que no la comparte porque, con el cambio de valoración, "se ha dejado a los guardias civiles agredidos desprotegidos, al igual que a sus parejas, quienes fueron víctimas también de la agresión solo por su relación con los dos agentes".

"INDIGNACIÓN"

Tras destacar que si no hubieran sido guardias civiles nunca les habrían atacado, la AEGC ha recordado también que las víctimas fueron culpables para muchos de los vecinos de Alsasua y ha arremetido contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía por no impedir celebraciones como el Ospa Eguna, que consideran un delito de odio.

Mientras, los familiares de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por la agresión han recibido con "indignación" la sentencia del Tribunal Supremo que rebaja sus condenas pero las mantiene entre un año y medio y 9 años y medio de cárcel.

"Esto es una barbaridad jurídica y social", ha señalado Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados, convencida de la "gran injusticia" cometida con los jóvenes, al entender que, pese a la rebaja de las penas, "esta sentencia ha querido maquillar una sentencia anterior injusta".

Así, ha lamentado que "desde los inicios había una petición totalmente desproporcionada", al vincular los hechos con terrorismo y, aunque finalmente la acusación fiscal fue por agresión, "la petición de penas era igual que si fuera de terrorismo". Unas penas que continúan siendo elevadas, a su juicio, pese a la rebaja de la sentencia, ya firme.

MÁS CAMINO EN LOS TRIBUNALES

En cualquier caso, ha advertido de que aún queda recurrir al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde, en caso de acudir, Pozueta se ha mostrado convencida de que la justicia europea "llamará la atención y sacará los colores a España, pero en nuestro caso ya no va a aportar más justicia, porque para cuando llegue eso, nuestros hijos habrán cumplido la pena íntegra". "El mal estará hecho por las consecuencias de esa pena de cárcel a nivel personal, a nivel humano, a nivel familiar. Eso no se puede luego ya compensar", ha lamentado.

Preguntada sobre cómo han recibido la noticia los jóvenes, la mayoría de ellos en prisión, ha reconocido que "muy nerviosos, intentando adivinar qué consecuencias conlleva esta rebaja de condenas, haciendo cálculos matemáticos para ver cómo queda al final su futuro, según la ley penitenciaria".

También han recibido la noticia los jóvenes "muy incrédulos, viendo cómo ha sido todo este recorrido jurídico. Hemos ido avanzando en los tribunales y no hemos visto más luz ni más justicia. Todo lo contrario, los pasos se han reafirmado en una utilización política de los tribunales", ha dicho

Sí ha agradecido Pozueta en nombre de todas las familias el "sinfín" de muestras de apoyo recibidas, lo que les ha "ayudado a llevar con mucha más dignidad y con mucha más energía este sufrimiento". "Estamos orgullosos del respaldo que tenemos. Y si no sirve para bajar las condenas porque alguien está haciendo oídos sordos a lo que la sociedad está viendo con sus ojos, por lo menos sí nos da ánimo para seguir", ha esgrimido.


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